Cuentas claras

ENTRE VERAS Y BROMAS               

La debía... En los últimos, tempestuosos minutos de su gestión como rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres ofreció sacarse un as de la manga: los documentos de las auditorías externas que evidenciarían “graves irregularidades” en los manejos financieros de la institución. Su inopinada destitución, primero, y su posterior batalla jurídica, orientada primordialmente a buscar una improbable restitución en el cargo, parecieron abortar aquel anuncio... Finalmente, sin embargo, Briseño pagó la deuda.

—II—

Se trataba, ante todo, de un acto de congruencia. Si en los últimos días de su ejercicio el rector defenestrado se lanzó en barrena, como piloto suicida, en una especie de “operación kamikaze” orientada hacia la línea de flotación del “acorazado Raúl Padilla”, más allá de la sorpresiva andanada de denuestos —sorpresiva, sí, porque Briseño fue, por muchos años, uno de los hombres de confianza de Padilla, hasta el punto de que su arribo a la rectoría hubiera sido imposible sin la anuencia de éste—, era imperativo sustentar sus acusaciones.

Las pruebas —a reserva de que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco las recoja, las corrobore, las convalide o las desestime— son resultado de una auditoría realizada por un despacho externo (Salles, Sainz & Grant Thornton SC), para el consumo del rector general y de su círculo más cercano. Tan cercano, que ni siquiera llega al Consejo General Universitario: mucho menos a la sociedad en pleno.

En el estudio correspondiente al ejercicio del año 2007, aparecen “irregularidades” por más de mil 400 millones de pesos. En su respuesta, la rectoría de la Universidad reconoce que hay “gastos por comprobar”, pero minimiza la cifra a 100 millones de pesos.

—III—

En uno u otro caso, queda claro que la transparencia que Briseño manejó como bandera de su gestión, se quedó en el discurso. Y queda claro, también, que ahora la pelota queda del lado del Congreso del Estado, que debería recoger ese asunto. Lo mismo si son más de mil millones que si “sólo” son 100 han manejado de manera desaseada, se trata de dinero del pueblo. Si aclara esas cuentas, el Congreso justificaría —al menos en parte— lo escandalosamente oneroso que le resulta al pueblo de Jalisco.