Convenios de seguridad

Hace algunas semanas, un convoy de varios vehículos que transportaban hombres provistos de armas de grueso calibre circuló por el municipio alteño de San Diego de Alejandría, y al ser detectado por cuerpos de seguridad fue perseguido hasta adentrarse al Estado de Guanajuato, en donde elementos policiacos jaliscienses y guanajuatenses se enfrentaron con los delincuentes.

Distintos episodios violentos, similares o peores que el relatado han ocurrido en municipios fronterizos entre dos entidades federativas, y si bien es cierto que hasta ahora no se ha impedido que los agentes de seguridad actúen para hacer frente a las bandas delictivas que cruzan los estados sin dificultad, se hacía necesario que las autoridades de las entidades vecinas formalizaran acuerdos para evitar conflictos posteriores.

Ayer, el Gobierno de Jalisco firmó el primero de estos convenios, en este caso con las autoridades de Guanajuato. Se busca con estos documentos, darles certeza a los responsables de combate a la delincuencia, para que los efectivos bajo su mando puedan interactuar con sus similares del otro lado de la frontera interestatal y establecer mecanismos y estrategias comunes que faciliten los operativos.

Las autoridades de ambos estados, según refirieron a sus gobernadores, se comprometen al intercambio de información que haga más eficiente la labor de justicia y seguridad; compartirán registros de policías, de ex policías, de agentes ministeriales, de reclusos, “entre otros datos de información”, según dijo ayer el mandatario guanajuatense, en la ciudad de León.

Existe también, mediante el convenio firmado, la obligación de compartir información sobre investigaciones que se refieran a casos de detención de delincuentes, para que las corporaciones de ambas partes puedan ejecutar acciones de manera oportuna y realizar operativos permanentes.

Los cárteles de la droga, las bandas de secuestradores, los traficantes de personas o bienes, buscan “rutas” para establecerse en “corredores” en donde despliegan sus negocios ilícitos, y cuando esos “corredores” comprenden varios estados, las cosas se pueden complicar para el mejor combate a esas actividades. De ahí la importancia de que las autoridades estatales rompan con los criterios de cerrazón para que, mediante estrategias comunes, se pueda hacer frente a los maleantes.