Código Electoral

El Congreso del Estado de Jalisco ha vuelto a dar una muestra de que los tiempos, las agendas, los intereses de los grupos parlamentarios, y más particularmente de las dirigencias de los partidos políticos, son los que marcan la pauta en la aprobación de iniciativas de leyes y decretos, haciendo caso omiso a los reclamos de sectores de la sociedad que exigen ser escuchados por considerar que no se ha debatido lo suficiente la materia a legislar.

Luego de haber aprobado, hace algunos días, un Código Urbano que, por su complejidad y por la amplitud de las materias que lo componen, ha sido cuestionado por agrupaciones de colonos y representantes de instituciones, ayer los diputados dieron curso a la aprobación del Código Electoral que contiene una serie de disposiciones que también han sido puestas en entredicho por expertos en la materia, así como por organismos intermedios.

En el seno mismo del poder Legislativo, ayer se alzaron voces de diputados que hicieron eco de las voces inconformes con las prisas del procedimiento, pero sobre todo con el contenido de la normatividad, al considerar que el tema electoral no se ha agotado en su discusión.

Claramente se ha dicho que en este caso —y en otros que se han procesado o están en curso en el congreso— se han impuesto las directrices con rasgos autoritarios que han marcado los cuadros dirigentes de los partidos políticos. Se ha supeditado hasta la incondicionalidad el grado de autonomía que cada diputado debiera tener como individuo; el legislador llega a la candidatura para acceder al puesto con el impulso de su instituto político, es cierto, pero al rendir protesta del cargo se debe asumir como representante, en primerísimo lugar, de los intereses de los ciudadanos que con su voto validan los procesos democráticos.

Un legislador lo expresó con absoluta claridad: “Todos somos militantes de un partido político y todos respetamos a nuestras dirigencias, pero antes que militantes somos representantes populares y tenemos la obligación de actuar en conciencia y apegados a los principios que defienden nuestros propios partidos en su plataforma política”.

Pero no parece que sean ésos los criterios que privan en la actuación que últimamente hemos visto en los diputados locales. La desmesura con la que han aprobado la ampliación de recursos públicos para los partidos políticos es un tema harto sensible para la sociedad, que sabe que el país no se mueve en un contexto de abundancia, y que son enormes las carencias que viven amplios sectores de la población; es un insulto que, por las facultades que tiene el poder Legislativo, los partidos sometan a los diputados a aprobar medidas que en el fondo lesionan el patrimonio de todos, como es la asignación de prerrogativas.

Es lamentable que las voces que cuestionan el trabajo legislativo, con razones y argumentos, sigan quedando, una y otra vez, como un simple clamor en el desierto.