Buenas razones

El gobernador del Estado, Emilio González Márquez, anunció ayer una de las decisiones más difíciles a las que se enfrenta un mandatario en el ejercicio del poder. Ha decidido interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional para combatir las reformas aprobadas por el Congreso del Estado en materia electoral, por considerar que se están vulnerando los intereses generales al conceder a los partidos políticos recursos públicos excesivos, con lo que se desequilibran las finanzas estatales.

Dice el jefe del Ejecutivo que ha actuado mirando por el bien de la sociedad, y reitera que los partidos políticos y los procesos electorales no deben ser tan costosos para el Estado, cuando se tienen reclamos apremiantes para atender necesidades básicas en numerosas comunidades que viven en situación de alta vulnerabilidad.

El acto soberano del mandatario ha sido bien recibido por representantes de algunos sectores. Dirigentes empresariales que desde la discusión legislativa de la reforma electoral estuvieron atentos y expresaron sus opiniones cuestionando la multiplicación de recursos para los partidos, han levantado la voz nuevamente, ahora para respaldar al gobernador en su decisión.

Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, vicepresidente nacional de la Coparmex, ha tocado uno de los puntos más sensibles que se despertaron ante la decisión de los diputados de elevar los montos del financiamiento público a los partidos: “Esta situación es altamente benéfica para los jaliscienses. Me parece que el gobernador está haciendo lo adecuado. No es posible que en Jalisco paguemos tres veces y medio más por una supuesta democracia de lo que pagan en Nuevo León”.

A su vez, el constitucionalista José Barragán (quien fue consejero del Instituto Federal Electoral) ha establecido que, si bien la presentación de la controversia por parte del gobernador “es tardía”, el Poder Ejecutivo no sólo tiene las facultades que le otorga la fracción primera del Artículo 105 de la Constitución para solicitar a la SCJN que ponga dicha reforma en controversia, “sino la obligación legalmente otorgada en su mandato, de impedir un atropello amparado en el uso fáctico de las instituciones para fines particulares”. Es decir, hay “un abuso” del Poder Legislativo en las reformas ejecutadas al andamiaje jurídico del Instituto Electoral del Estado de Jalisco (IEEJ).

Los legisladores locales y los dirigentes de los partidos políticos deben tomar nota de que hay plena conciencia en amplios sectores de la sociedad, de que se han apropiado de las decisiones que les benefician, sin mirar las ingentes necesidades que tienen amplios segmentos de la población jalisciense.

El recurso que ha interpuesto el gobernador contra la reforma electoral es una respuesta a un reclamo extendido, pero a la vez debería ser una excitativa para que los ciudadanos en general, en uso de sus derechos amparados en la Constitución, exijan a los políticos que dejen de anteponer sus intereses para servirse de los recursos públicos. Todas las voces deben expresarse.