Jueves, 25 de Abril 2024

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Por: EL INFORMADOR

ENTRE VERAS Y BROMAS             

Una cantaleta de los panistas, cuando integraban las filas de la oposición, con un concepto de la dignidad no pocas veces rayano en el heroísmo, era la exigencia de “adelgazar el aparato burocrático”. El ciudadano de a pie, aun sin estar muy interiorizado en el funcionamiento de dicho aparato, intuía —por decir lo menos— que la insistencia en ese punto era razonable. Con cinco centavos de sensibilidad y un mínimo de experiencia personal en materia de contacto con cualquier oficina de Gobierno, cualquiera captaba  fácilmente que el personal resultaba excesivo, y que los procedimientos eran deliberadamente enmarañados: el célebre tortuguismo burocrático se explicaba no tanto por la necesidad de cumplir determinados requisitos razonables, sino por la necesidad de dar acomodo a los recomendados en la generosa plantilla del Gobierno: la única empresa del mundo en que la palabra “productividad” está borrada del diccionario.

—II—

Cuando César Coll Carabias asumió su cargo como primer alcalde panista de Guadalajara, un grupo de ciudadanos reunidos a las puertas de la Presidencia Municipal, le hizo un obsequio simbólico: una escoba. Se ignora si es la misma que utilizó, para efectos mediáticos, barriendo la plaza, Francisco Ramírez Acuña cuando pasó por ese cargo público. Tampoco queda claro si es la misma que se utilizó para despedir, “por pérdida de confianza”, a la directora municipal de Cultura, Lucía Solano Muñoz. De hecho, se ofreció que las denuncias de que la funcionaria exigía cuotas de mil a cuatro mil pesos mensuales a “trabajadores” cuyo empleo consistía en hacer proselitismo a favor del Partido Acción Nacional, presentadas por el regidor priista Salvador Caro Cabrera, correrán el curso que la ley señala, para deslindar responsabilidades... y eventualmente aplicar las sanciones que correspondan.

—III—

Si es fama que 70 centavos de cada peso fiscal se destinan a “gasto corriente” —es decir, a salarios de “funcionarios públicos”—, cualquiera (“ya encarrerado el ratón...”) pensaría que quienes actualmente desempeñan cargos públicos como representantes de la oposición, deberían tener, en conciencia, la obligación de denunciar esos actos de corrupción.

(Claro: a no ser que, por aquello de “hoy por ti, mañana por mí”, advierta la conveniencia de que esas prácticas, lejos de eliminarse, se institucionalicen).

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