Armas para todos

La lectura del episodio del atentado contra el gobernador de Chihuahua, en el que murió uno de sus guardias personales y dos resultaron heridos, es inevitable: si las corporaciones criminales fueron capaces de asesinar a un general del Ejército Mexicano, o de armar un atentado homicida contra un gobernador estatal —por no mencionar a los numerosos comandantes y directores estatales y municipales de Seguridad Pública asesinados en los dos últimos años, ni de los centenares de efectivos policiales y castrenses caídos—, los ciudadanos de a pie no pueden guardar la menor aspiración a que el Estado sea garante de su integridad física.

La escalada de violencia en el país ha subido de tono en los dos últimos años y parece imparable, y en vez de buscar soluciones las autoridades hacen gestos equívocos que han fortalecido la sensación de desamparo, la creencia de que el poder público deja de lado su responsabilidad más básica y traslada a los ciudadanos la responsabilidad de su seguridad, los hace recurrir a la autodefensa, como lo indica el anuncio de la Secretaría de la Defensa Nacional que ve posible abrir armerías en distintas ciudades del territorio nacional, además de la existente en el Distrito Federal, para que sectores de la población puedan adquirir armamento para su protección.

Y eso es realmente multiplicar la violencia y va en camino contrario a su erradicación. Las autoridades deberían dejarse de discursos cursis y mostrar en los hechos la disposición de observar las leyes en beneficio de la seguridad pública, y no incrementar el número de personas —ya son dos millones con licencia de portación de armas, según las cifras oficiales— que salen a las calles armadas para incrementar el círculo de violencia que se vislumbra en algunas regiones del país, en que hay grupos armados que no son policiacos ni militarizados, destinados a combatir algunos hechos delictivos.

Además, el anuncio de la apertura de nuevos expendios de armas implícitamente acepta que las autoridades no pueden proteger a los ciudadanos. Por ello resulta pertinente rectificar. El Gobierno debiera mirar hacia el vecino país, en donde los millones de armas que poseen los particulares no han reducido la delincuencia y sí han sido causa de incontables tragedias domésticas y masacres escolares que continuamente estremecen a la opinión pública.

En suma, si las instancias gubernamentales no despejan con hechos esta percepción de desamparo que es, en gran medida, un desamparo real, y si no presentan a la sociedad una estrategia plausible de lucha contra la delincuencia organizada, el país corre el riesgo de situarse en los terrenos peligrosísimos de la protección por propia mano y de la justicia por propia mano, y entonces arribamos a la ley de la jungla y no nos queda más que el: “Sálvese quien pueda”.

MARTHA GONZÁLEZ ESCOBAR / Divulgadora científica. UdeG.
Correo electrónico: marthaggonzalez@yahoo.com.mx