Amnesia

ENTRE VERAS Y BROMAS               

Las sociedades son amnésicas. La semana pasada que el Presidente Felipe Calderón planteó la conveniencia de reformar el Código Penal de la Federación, restableciendo la cadena perpetua, como respuesta al clamor generalizado a favor de una revancha de la sociedad en pleno en contra de “la delincuencia” --planteada así, con la mayor amplitud posible-- y en particular contra ciertos crímenes que en un momento determinado agreden a toda la sociedad, nadie, que se sepa, reparó en que se trataba de un “recalentado”: no tanto de la propuesta inicial, presentada unos meses al Poder Legislativo antes por el propio Calderón, cuanto de un rimbombante “Plan Nacional de Seguridad Pública”, puesto en marcha, para efectos mediáticos, y tan profusamente cacareado como se estila en esos casos... en agosto de 1998: es decir, días más, días menos, hace 10 años.

-II-

También entonces, como ahora, surgió, de manera subterránea, un clamor, si no para exigirla, sí, al menos, para que se ponderara la conveniencia de reimplantar en la legislación positiva mexicana la pena capital. Raúl Carrancá y Rivas, uno de los más eminentes juristas mexicanos, subrayaba que el Estado, más que el derecho, tiene la obligación de aplicar políticas represivas, por más que sean medicinas muy amargas, cuando la salud de la sociedad lo requiere. Planteaba, además, que “si en México nada más hubiera, por ofrecer un ejemplo, cien criminales, peligrosos o peligrosísimos, sería suficiente, objetivamente hablando, la pena de muerte para erradicar el delito”. Empero, el propio Carrancá establecía la salvedad de que “No son cien sino, por desgracia, cientos; y algo peor: proliferan en un caldo de cultivo al que casi nadie pone atención”. Un ingrediente de dicho caldo de cultivo sería la insuficiente profesionalización de las corporaciones policíacas, que mantiene a quienes la integran en perpetuo confli
cto entre el deber de conciencia y la ocasión de la riqueza fácil.

-III-

Máximo, en “El País”, de Madrid, publicó, hace siete años, un cartón en que zanjaba la eterna polémica sobre el tema, mediante una especie de silogismo: “1.- Ejecutar a un inocente es un error judicial. 2.- Ejecutar a un culpable es un error legislativo. 3.- Tanto una ejecución como la otra son asesinatos de estado”.