Aclaración necesaria

Los ecos por el donativo de 90 millones de pesos hecho, a nombre del Gobierno de Jalisco, por el mandatario Emilio González Márquez para la construcción del Santuario de los Mártires, lejos de irse desvaneciendo, ha cobrado fuerza a más de un mes de haberse producido el anuncio en Casa Jalisco, el lunes 24 de marzo.

El gobernador entregó, la mañana de aquel lunes, un primer cheque de recursos públicos por un monto de 30 millones de pesos al Patronato Pro Construcción del Santuario, y anticipó, en presencia del arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que se asignarían otros 60 millones del presupuesto estatal, porque con ello se estaría contribuyendo al fomento del turismo religioso y a la generación de empleos.

De inmediato se produjeron reacciones que, básicamente, se concentraron en cuestionar por qué un gobernante dispone del dinero del erario con aparente actitud discrecional, y si está dentro del marco jurídico el que se asignen recursos públicos a una asociación que promueve una obra religiosa. Del cuestionamiento, diversos grupos sociales y ciudadanos en lo individual, pasaron a las quejas, miles de ellas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), y las manifestaciones en las calles, en protesta por las acciones del mandatario.

A las expresiones de repudio, la respuesta oficial comenzó por señalar que se respetaban pero no tenían razón, hasta llegar al insulto soez para los inconformes. El tono de la confrontación no ha llevado prácticamente a nada: muchos ciudadanos se siguen manifestando contra el donativo (así como hay otros que lo respaldan), y el gobernador ha insistido en que nada hay de ilegal en sus actos.

Con ese panorama, ayer se llegó a un punto que puede marcar otro derrotero, cuando el pleno de la Cámara de Diputados solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Secretaría de Gobernación (Segob) investigar la donación del gobernador de Jalisco, con recursos públicos, para la construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos. En la última sesión ordinaria del periodo ordinario de sesiones, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se aprobó sin discusión el punto de acuerdo previamente avalado por la Junta de Coordinación Política, donde se pide auditar esos recursos y su origen.

El punto dice que se solicita a la ASF “una revisión de situación excepcional, a efecto de determinar si los recursos públicos donados por el Estado de Jalisco para la construcción de dicho santuario, son de carácter federal total o parcialmente y, de ser el caso, proceda en los términos del Artículo 79 de la Constitución”.

El gobernador Emilio González ya dijo, ayer mismo, que será positiva la intervención de dependencias federales porque augura que ellas demostrarán que nada hubo de incorrecto en la donación. Habrá que ver lo que la ASF y la Segob determinen, ahora debemos esperar que den a los ciudadanos la aclaración necesaria.