A 100 días

Recientemente se cumplieron los 100 días del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia. Desgraciadamente los resultados son pobres, y los asesinatos y las ejecuciones han aumentado.

El Gobierno federal ha destituido y arraigado a personas pertenecientes a los cuerpos encargados de combatir al crimen organizado, pero a pesar de ello, también han existido acusaciones directas hacia la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad sobre actos de corrupción y negligencia en el caso de la hija del señor Nelson Vargas.
El Gobierno de Felipe Calderón ha sido incapaz de cumplir con la obligación fundamental del Estado de proporcionar seguridad a los habitantes del mismo. Ya han pasado varios meses desde que el señor Martí dijera por primera vez “si no pueden, renuncien”. Y no han podido y no han renunciado. ¿Por qué la estrategia de la Presidencia de la República se ha limitado al patrullaje del Ejército por todo el territorio nacional? ¿Por qué no se ha investigado a fondo el involucramiento de gobernadores y políticos con el crimen organizado? ¿Por qué tampoco se ha querido combatir el lavado de dinero dentro del sector empresarial?

Hace unos días, un grupo de ciudadanos presentó una denuncia por corrupción, lavado de dinero y peculado contra el ex gobernador del Estado de Jalisco y precandidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Ramírez Acuña. Si el Gobierno de Calderón está realmente dispuesto a combatir al narcotráfico, tendrá que poner especial interés y atención a estas denuncias y a estos casos de corrupción de funcionarios y políticos de alto nivel. No basta simplemente con los juicios a policías de mandos medios. La moneda está en el aire, falta ver la voluntad, la capacidad, e inclusive la independencia del propio Ejecutivo federal.

SOFÍA LIMÓN TORRES / Académica e investigadora, UdeG.
Correo electrónico: sofialimon2004@yahoo.com.mx