— Desplante

Ya realizó su primera “acción de Gobierno”: dispuso que se reintegrara a los peatones el trecho de banqueta, frente a la puerta principal de la Presidencia Municipal, que su antecesor en el cargo, Juan Sánchez Aldana, a la voz de “hay castas...”, les había secuestrado al efecto de tener la mínima comodidad que un “servidor público” de primer nivel requiere: un espacio reservado para estacionar su camioneta a la menor distancia posible de su despacho.
Sin embargo, el gesto más llamativo del flamante alcalde de Zapopan, Héctor Vielma Ordóñez, fue la reiteración, a nivel de declaración periodística, del anuncio que había hecho durante su campaña: que cobraría un peso mensual como salario.
—II—
Si se considera que el salario mensual de un alcalde, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, frisa los cien mil pesos al mes, cualquiera capta que renunciar, a priori, a esa percepción, equivale a dejar de percibir, en números redondos, más de tres millones de pesos durante su gestión.
Obviamente, si el señor Vielma puede darse el lujo de protagonizar ese desplante, es porque coinciden varias circunstancias: la primera, que las actividades profesionales o empresariales que desarrolla en el sector privado, al margen del importante cargo público que ahora desempeña, le generan ingresos que vuelven insignificante su sueldo como munícipe; la segunda, que el gesto pretende sumarse al consenso generalizado de los ciudadanos, en el sentido de que la alta burocracia cuesta mucho más de lo que vale, y devenga percepciones desmesuradas, francamente ofensivas; la tercera, que los recursos públicos a los que voluntariamente renuncia, deben aplicarse a tratar de resolver las necesidades más ingentes de los ciudadanos que con sus impuestos los aportan, y con sus votos lo llevaron al puesto de primer edil del municipio.
—III—
Hay, empero, lugar para otras consideraciones sobre el mismo hecho. Una, que la principal fuente de ingresos de los funcionarios públicos —en este país en que la corrupción, por desgracia, es la norma suprema—, no son los salarios que por ley les corresponden, sino las percepciones —sobornos, comisiones, etc.— que perciben por debajo de la mesa, por propiciar irregularidades e incluso solapar delitos. Otra, que incluso la honestidad absoluta de un gobernante —en la deseable hipótesis de que el del flamante alcalde de Zapopan fuera el caso—, no constituye ninguna garantía de que tales vayan a ser las pautas de su administración: los funcionarios públicos incorruptibles no se dan en maceta. Y tercero, que para conseguir la nota aprobatoria en el desempeño de un cargo público, se requieren, además de honradez, altos niveles de aptitud y eficiencia para realizar las tareas que el cargo en cuestión implica; en el caso de la autoridad municipal, proveer los servicios básicos —aseo, seguridad, etc.— que requiere la ciudadanía.

—IV—
En síntesis: lo que interesa de un alcalde —y, por extensión, de cualquier funcionario público— no es tanto que cobre un salario moderado ni, mucho menos, que regale su trabajo, sino que justifique, con eficacia de todo su equipo, el sueldo que se le paga.
Para decirlo más claramente: un buen alcalde de a cien mil pesos mensuales, es una ganga para los ciudadanos; un mal alcalde de a peso, estará robando a sus vecinos.
Así que...

ENTRE VERAS Y BROMAS

JAIME GARCÍA ELÍAS