Por movimientos bancarios irregulares, el pasado 20 de septiembre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 186 personas pertenecientes a organizaciones criminales del Estado de México y Jalisco (57 corresponden a grupos de esta Entidad).En junio de 2020, como parte de la “Operación Agave Azul”, la Unidad también congeló las cuentas de mil 939 sujetos vinculados con el narco en Jalisco.Durante los últimos cinco años, en el Estado se han triplicado los reportes de operaciones irregulares; es decir, las transacciones bancarias sospechosas o relacionadas con el lavado de dinero o para el financiamiento del terrorismo.Mientras en 2017 se analizaron 20 mil 498 cuentas, el año pasado cerró con 73 mil 302, según información actualizada por la autoridad. Y en los primeros siete meses de este año suman 13 mil 247 movimientos, de acuerdo con datos de la UIF.La Entidad se mantiene en el segundo lugar a nivel nacional con el mayor número de operaciones sospechosas, sólo por debajo de la Ciudad de México.Entre 2017 y 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó un total de un millón 509 mil transacciones bancarias sospechosas en el país, de las cuales 651 mil 322 fueron reportadas en Jalisco y Ciudad de México; es decir, concentraron cuatro de cada 10 operaciones inusuales.De acuerdo con datos de la Unidad, dependiente de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, la Ciudad de México es la que concentra el mayor número de movimientos bancarios en los que se presume alguna irregularidad relacionada con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, con un total de 479 mil 838 en ese periodo, seguida por Jalisco, con 171 mil 484.“Jalisco siempre ha sido un paraíso para los grupos criminales, donde a través de las empresas fachada o factureras se llevan a cabo todo este tipo de situaciones. También participan grupos delictivos que aquí se han detectado, no nada más por México, sino por el Gobierno de Estados Unidos”, subraya Anuar García, presidente de la organización México SOS en su Capítulo Jalisco.A su vez, resalta que en Jalisco opera el grupo delictivo más poderoso económicamente del mundo, según información de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).Recuerda la “Operación Agave Azul”, la cual se realizó en conjunto con la DEA y que derivó en el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con integrantes del Cártel Nueva Generación. “Aquí es la meca de todo ese tipo de situaciones y por eso es importante que se realicen estas operaciones con la mayor eficiencia posible”.El pasado 2 de septiembre, la UIF reportó que entre septiembre del año pasado y junio del actual, se presentaron 107 vistas a diferentes autoridades federales y locales para hacer del conocimiento sobre actos que pudieran involucrar la utilización de recursos ilícitos y que son competencia de esas instituciones realizar su seguimiento.Evaluación. De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos 2020, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las restricciones implementadas durante la pandemia por el COVID-19 para prevenir contagios, así como “otras circunstancias adicionales”, brindan nuevas oportunidades para que delincuentes y terroristas generen y laven las ganancias ilícitas.Contingencia. Los problemas, amenazas y vulnerabilidades en relación con los delitos y los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo originados por la contingencia sanitaria son: aumento de los fraudes y los delitos cibernéticos, suplantación del Gobierno, falsificación, recaudación de fondos, estafas de inversión fraudulentas, trata de personas y explotación de trabajadores, explotación infantil en línea, mala dirección de los fondos del Gobierno o la asistencia financiera internacional, así como el aumento de los riesgos de corrupción. Fondos. “A su vez, han ocasionado nuevos riesgos, entre los que destacan: un mayor uso de esquemas en línea o activos virtuales para mover y ocultar fondos ilícitos; el aprovechamiento de los problemas temporales en los controles internos para evitar las medidas de DDC (Debida Diligencia de Cliente); aumentos en los movimientos de efectivo en grandes cantidades”, se señala en el documento.Efectivo. Se añade que los delincuentes y terroristas utilizan la pandemia para ingresar a las nuevas líneas de negocios que requieren mucho efectivo, uso indebido de la ayuda financiera interna y los planes de insolvencia como un medio para lavar los ingresos ilícitos, un mayor uso del sector financiero informal, entre otros.Detección. Durante la contingencia sanitaria, la UIF detectó casos de pornografía infantil y venta de medicamentos falsos.Emergente. “Todas estas circunstancias alrededor de la emergencia sanitaria permitieron determinar que la pandemia del COVID-19 representa un riesgo emergente”, se subraya.Avisos. Por ello, la Unidad y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emitieron documentos y comunicados para auxiliar a las entidades supervisadas en la identificación de desafíos y buenas prácticas ante los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, amenazas y vulnerabilidades derivados de la contingencia sanitaria.Grupos. Se reconoce que, a pesar de los esfuerzos que el Estado realiza para combatir a las organizaciones delictivas, a través de las instituciones operativas y de inteligencia, en México se identifican 19 organizaciones delictivas de mayor impacto, mismas que subsisten aún después de que sus líderes han sido capturados o abatidos.TELÓN DE FONDOAunque en 2019 se firmó el convenio con la UIF para crear la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía de Jalisco, ésta comenzó a operar en mayo de este año para investigar casos de posible lavado de dinero.De acuerdo con el documento publicado el pasado 8 de mayo en el Periódico Oficial del Estado, la Unidad estará dentro de la estructura orgánica de la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros, trabajará en coordinación con la Dirección de Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la Dirección de Extinción de Dominio, para generar líneas de acción institucional para el combate al lavado de dinero.Entre sus facultades legales están el generar, recabar información, documentación, datos e imágenes; contar con acceso a las bases de datos o cualquier otra relación fiscal económica, patrimonial y financiera con relación a las conductas que pudieran estar vinculadas con la comisión de delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados.La Unidad podrá requerir a los órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la administración estatal que le proporcionen información y documentación necesaria para sus revisiones.Puede solicitar a las autoridades competentes la realización de auditorías en los casos sospechosos.De acuerdo con las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda, esta categoría comprende, en general, aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados en términos de dichas disposiciones, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional, en función al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable para dicho comportamiento, o bien, aquellas que, por cualquier otra causa, esas instituciones o sujetos consideren que los recursos pudiesen ubicarse en alguno de los supuestos de los Artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal (relativos al financiamiento al terrorismo nacional e internacional y al lavado de dinero) o cuando se considere que los recursos pudieran estar destinadas para favorecer la comisión de los delitos señalados.TERCER INFORMEEntre septiembre de 2020 y junio del año en curso, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó 142 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), que involucran a 911 sujetos, según se reportó en el Tercer Informe de Gobierno federal.Se bloquearon cuentas bancarias por mil 473.3 millones de pesos, 7.7 millones de dólares y 10 mil 143 euros a tres mil 411 personas directamente involucradas y terceros relacionados. “Durante el periodo que se contempla en el Tercer Informe de Gobierno, se promovieron mil 323 amparos por personas físicas y morales que se encontraban incluidas en la lista de personas bloqueadas”.La Unidad resalta que esa cantidad de amparos es menor al total de personas bloqueadas, “lo que refleja la capacidad de las autoridades para hacer frente a las impugnaciones y se demuestra la legalidad y la constitucionalidad de las medidas de prevención para la comisión o continuación de las operaciones con recursos de procedencia ilícita”.Con #ElDineroFácilSePagaCaro, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia lanzó a finales del mes pasado la Campaña Nacional de Prevención del Lavado de Dinero, en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y la Procuración de Justicia (INL), además de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).La UIF destaca que la campaña busca sensibilizar y alertar sobre los impactos negativos del lavado de dinero y su posible relación con situaciones cotidianas, evidenciar los vínculos entre este delito y la delincuencia organizada transnacional y fomentar la cultura de la denuncia ciudadana de actividades sospechosas que podrían estar relacionadas con este acto ilícito.A través de ésta se promueve la Línea de Reporte para la Prevención del Lavado de Dinero, para que la población exponga posibles actos o hechos de lavado que perciba en su entorno, según se destaca en un comunicado.Por su parte, la UNODC se encargó de capacitar al personal que opera la línea en materia de prevención de lavado de dinero, herramientas para la sistematización de información, canalización de casos, seguimiento de expedientes y protección de datos personales.La Unidad de Inteligencia Financiera recibirá los reportes previamente analizados por el Consejo Ciudadano, profundizará en las investigaciones y remitirá los casos pertinentes ante la Fiscalía General de la República.“La Campaña Nacional de Prevención del Lavado de Dinero fortalece la coordinación entre el Gobierno de México, la ciudadanía y las organizaciones internacionales en el combate de este delito. Esta iniciativa será un elemento clave en el apoyo a la investigación y la judicialización de casos de lavado de dinero, el fomento de la participación ciudadana y la sensibilización sobre el impacto de este delito”, se destaca.Sigue #DebateInformador¿Qué opina del combate al lavado de dinero?Participa en Twitter en el debate del día @informadorSi quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para ti.Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.Para iOS: https://apple.co/35jaVgb Para Android: https://bit.ly/3gwVSEVSi eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.
