Procuraduría de atención a víctimas evitará la ''doble criminalización''

CIUDAD DE MÉXICO (07/SEP/2011).- El Presidente Felipe Calderón oficializó lo que anunció desde el 2 de septiembre: la Procuraduría Social para la atención a víctimas de la violencia en México.

En un mensaje televisivo que tuvo lugar cerca de las 18:00 horas en el salón Manuel Ávila Camacho de la residencia oficial de Los Pinos, el Mandatario afirmó que la intención del nuevo organismo es evitar la “doble criminalización” que sufre quienes han sido golpeados por el crimen organizado y después por insensibilidad de las autoridades.

“Es un paso importante para cerrar las heridas que los criminales ha abierto en nuestra sociedad”.

Sobre la conformación del organismo, dijo que estará encabezado por un procurador que será nombrado en los próximos 30 días, así como una junta de Gobierno con funcionarios de diversas dependencias y cuatro ciudadanos de probada honorabilidad.

La Procuraduría ofrecerá apoyo legal y vigilará los procesos penales para facilitar a las víctimas el acceso a la justicia, y ayudará a las familias en la búsqueda de las personas desaparecidas, con lo que se ofrecerá un apoyo fundamental a quienes muchas veces no saben donde acudir cuando enfrentan una situación así.  

El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se crea la Procuraduría como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado.

TELÓN DE FONDO
Constante reclamo ciudadano

La Procuraduría Social para la atención a víctimas de la violencia es la materialización de un reclamo constante por parte de la ciudadanía.

Un caso reciente es el del poeta y activista Javier Sicilia. En las reuniones que tuvo con legisladores y con el mismo Presidente, hizo énfasis en la importancia de atender a las víctimas, así como otros puntos referentes al aumento de la educación y una comisión de la verdad.

José González Morfín, coordinador de los legisladores panistas, dijo hace algunos días que estaban trabajando con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la elaboración de una ley para la atención de víctimas del delito, así como un fondo de apoyo para éstas.

Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, ambos empresarios y activistas, también han luchado por la atención a víctimas. Incluso, es un punto que destaca en la ley antisecuestro que impulsaron.

Después del anuncio de la nueva Procuraduría, que venía adjunto con el Quinto Informe de Gobierno del Presidente Calderón, la UNAM y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tomaron con ánimo la noticia.

En la Cámara de Diputados el PRD dijo que la nueva fiscalía debe analizarse y el PRI consideró que es un proyecto tardío. Armando Ríos Piter, del sol azteca, indicó que se debe analizar si se trata de una propuesta de coyuntura o si tiene respaldo legal.

Opinión de experto
No hay tiempo para modificar estrategia contra el crimen

Al Presidente Felipe Calderón le queda poco tiempo para terminar su Gobierno, por lo que difícilmente modificará la estrategia de combate al crimen organizado, opina el politólogo Arturo Villarreal Palos.

El investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) explica que “el Presidente ha dicho que acepta todas las propuestas siempre y cuando no impliquen detener la lucha contra el crimen organizado”, lo que apunta a que “seguirá con su estrategia y en el camino podrá escuchar propuestas, pero el tiempo no va a alcanzar para modificar la estrategia de combate contra el crimen”.

Villarreal Palos, doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), apunta que las propuestas de la máxima casa de estudios de México “son acciones a implementar que van mucho más allá de la utilización de la fuerza pública en el combate a la delincuencia organizada. Es una agenda pero para el futuro, porque a partir de enero estaremos inmersos en la competencia política”.

No obstante, recalca que con el actual Gobierno probablemente se puede avanzar en la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal, en lo que confiere a juicios orales.