La inevitable ciudadanización

Ante la inconmensurable debilitación del Estado mexicano en diferentes frentes y la progresiva fortaleza de poderes informales e ilegales en la escena, la participación de la ciudadanía en la urgente solución de los graves problemas que enfrenta el país es inevitable. Desde hace muchos años y por razones diversas, el propio Estado ha creado poderes autónomos para vigilar desde dentro su propia actividad. Un ejemplo claro de ello son las comisiones de derechos humanos que existen actualmente en México.

Con la creación de organismos de esta naturaleza, el Estado ha variado de manera sustancial e irreversible la división tradicional del poder, y desde hace mucho tiempo los típicos tres departamentos de Gobierno —como los llamara James Madison en clara alusión a la teoría que heredara a la Humanidad Montesquieu— comparten espacio con nuevos actores que asumen un poder estatal autónomo.

La liberalización de funciones por parte del Estado a entes con una naturaleza formal eminentemente ciudadana, ha dado lugar a una evolución sustancial en áreas como los derechos humanos, el fortalecimiento de los derechos políticos-electorales, y una creciente cultura de rendición de cuentas por medio de la transparencia, salvo algunas lamentables excepciones. En cada uno de estos supuestos, la sociedad ha desempeñado un papel único. La fortaleza de organismos abocados a tareas de esta naturaleza reside en gran medida en la legitimación que la propia sociedad les brinda a través de su confianza y apoyo.

La creciente inseguridad que de manera horizontal amaga a la sociedad mexicana es un reto para el que el Estado mexicano no tiene políticas claras. La gravedad del problema ha desvanecido la línea que divide los problemas de seguridad pública de los asuntos de seguridad nacional, y hoy día el propio Ejército Mexicano tiene una línea para recibir denuncias sobre delitos que atañen estrictamente al fuero civil. El propio Estado mexicano reconoce de esta manera que la confianza en sus instituciones civiles que tienen que ver con esta materia se ha pulverizado.

La ciudadanización del combate a la inseguridad pública con efectos sobre la propia seguridad nacional es una apelación desesperada por parte del Estado mexicano. La denuncia ciudadana es uno de los asideros esenciales de las autoridades mexicanas ante un problema que coopta sus capacidades.
Conforme ha pasado el tiempo, la sociedad misma no ha tenido otra alternativa que tomar parte en una tarea que en estricto sentido corresponde al Estado. La ciudadanización de la seguridad pública es inevitable tanto para denunciar hechos delictivos que cada día le afectan más, como para vigilar a través de los medios institucionales que las políticas en la materia se conviertan en políticas de Estado y no sigan siendo ocurrencias de Gobierno.

NAUHCATZIN T. BRAVO AGUILAR / Doctor en Derecho y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara.
Correo electrónico: nauhcatzin@gmail.com