Viernes, 17 de Enero 2020
México | Tren Parlamentario

La vocación por la dictadura

Por Vicente BELLO

Por: EL INFORMADOR

Desde que llegaron hasta que se fueron, Georgina Kessel y Jesús Reyes Heroles no dejaron nunca la muletilla y el gatopardismo. Pero también así les fue: priistas y perredistas los colocaron en la parte más filosa de la picota, donde unos y otros los señalaron como dos farsantes, dos hipócritas, dos violadores de la Constitución, dos encubridores de corrupción; en suma, dos cómplices de ladrones que han sido colocados en puntos estratégicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que un grupo enquistado en el régimen siga saqueando a la paraestatal.

Acción Nacional enviaba a los de siempre (el veracruzano Juan Bueno Torio y el tabasqueño Juan José Rodríguez Prats), como escuderos de los empleados de confianza del Presidente Felipe Calderón en la materia energética.

Comparecían los dos aquellos ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente. No había sido fácil para la oposición en el Congreso hacer que Kessel y Reyes estuvieran allí, para responder por qué han firmado contratos con multinacionales por más de 20 mil millones de dólares, de enero a la fecha, bajo condiciones que definitivamente no figuran en el articulado de la nueva Ley de Pemex.

Georgina Kessel, secretaria de Energía, respondió: “Hay dos razones básicas por las cuales no se instaló el Consejo de Administración el día que tenía que haberse instalado: la primera de ellas es un problema de agenda. Estuve viajando a la ciudad de Washington para reunirme con el secretario de Energía de allá; teníamos una reunión pendiente en materia de yacimientos transfronterizos, que tenemos que promover que se haga un tratado en esa materia. La segunda fue una visita que hice a Trinidad y Tobago, acompañando al señor Presidente, a la Cumbre de las Américas”.

La respuesta de Kessel heló incluso los asientos de los panistas. Y éstos, mirándose unos a otros, sintieron que se entiesaban. Pero no era todo. La titular de Energía todavía justificó: “Y posteriormente se vino la emergencia sanitaria, que todos conocemos, y ésas fueron las razones por las cuales no se hizo en el momento que estaba previsto la instalación del Consejo de Administración”.

El conjunto de siete leyes que, en materia energética, publicó el Ejecutivo federal en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, no habían sido todavía acatadas por Pemex y Secretaría de Energía. Al siguiente día, las autoridades federales tenían por ley que haber convocado a la instalación del Nuevo Consejo General de Administración, y una vez instalado emitir el nuevo reglamento.

Nada de esto hizo el Ejecutivo federal. Y en cambio, y a sabiendas de que había un vacío jurídico en Pemex hasta en tanto no estuviera instalado el nuevo Consejo de Administración (apenas creado el 14 de mayo reciente, casi seis meses después de la entrada en vigor de la nueva ley), sí comenzó a firmar con gran premura contratos con multinacionales equivalentes a la suma de 20 mil millones de pesos, de los que ayer tampoco quisieron dar cuenta.
Y, pues sí, de esto la oposición preguntaba a los dos.

Adolfo Toledo, senador priista, exigía le dijeran los dos en qué sustentaron la decisión de firmar y firmar contratos y de establecer condiciones geográficas a la nueva refinería, cuando eso correspondía al Nuevo Consejo de Administración.

Toledo les preguntó: “¿Saben que la violación o el dolo no pueden beneficiar a quien lo realiza? ¿Saben que las atribuciones que son exclusivas del Consejo de Administración sólo los puede ejercer él mismo? ¿Saben que de lo contrario constituye el delito, usurpación de funciones, y que los actos derivados de ello están afectados de nulidad? ¿Saben que a partir de la vigencia de la ley y el nuevo Consejo es porque se pidió a los consejeros independientes no instalarlo hasta después de que se pasara el tiempo en que se definiera la ubicación de la refinería? ¿Saben que se violó la ley al no instalar en fechas y plazos legales el Consejo de Administración? ¿Saben que por tanto las decisiones que en los consejos que se llevaron a cabo en el periodo de enero a mayo de 2009 son inválidas?”

Apenas venía ahí Juan Guerra Ochoa, diputado del PRD. Fue él quien a Reyes y a Kessel les preguntó qué sabían del Caso Mexú, y de Juan Carlos Cepeda Molina, y de Eduardo Guzmán Baldizán, este último un personaje ligado a los Bribiesca, que por estas fechas toma decisiones en Pemex en materia de celebración de firmas de contratos.

Era el turno de Antonio Soto —el diputado perredista que a mediados de semana había sido ligado con narcos en Michoacán—; preguntaba, sí, pero algo desflemado. No cargaba la voz con las municiones de otros discursos. Pero los enfrentaba sin duda. A poco, ya la palabra estaba en Juan Bueno Torio, y entonces Kessel y Reyes de vuelta.

Vendría después Juan José Rodríguez Prats, con su discurso corrosivo, descalificador. Lo malo no es haber sido priista, sino quedarse allí, cacheteaba a los tricolores.

Murat había hablado de 18 mil millones de dólares, la suma de los contratos firmados de enero a mayo. Mario López, senador priista, remachaba luego la condición violatoria de todo lo que se haya firmado en Pemex de enero a mayo. Y el regreso de la palabra a la voz de Juan Guerra Ochoa: “No había escuchado una peor justificación para decir que están al margen de la ley”, aludía lo dicho por Kessel, a quien le restregaba que para ella fue más importante reunirse con un funcionario de Estados Unidos que cumplir la ley que mandató el Congreso mexicano.

Yeidcol Polevsky, senadora del PRD, mostraba entonces copia de un boletín de prensa de Pemex, donde, dijo, se habla de que “se emitieron, de enero a mayo, 29 fallos relevantes y están en proceso otras licitaciones”. Y ella aclaraba: “Todo esto fuera de la ley”. Aludía a los contratos de marras, de los cuales nada supo el nuevo Consejo de Administración porque apenas el 14 de mayo fue instalado.

Al final de la comparecencia, Fernando Castro Trenti, senador priista, y Guerra Ochoa, diputado perredista, advertían que de la reunión sólo había quedado claro que el Gobierno ha pretendido hacer lo que hace al margen de las leyes, para beneficio de algunos. Y avisaban a aquellos dos que el tema en realidad apenas ha comenzado a ser airado.

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