La noticia sobre la desaparición de tres italianos en Tecalitlán rápidamente escaló a nivel internacional. Y justo cuando las autoridades europeas solicitaban audiencia con las del Gobierno de Jalisco, el comisario de seguridad en aquel municipio, Hugo Martínez Muñiz, escapó.

Ni su jefe, el alcalde Víctor Díaz, sabe dónde está. El mando dejó de presentarse a trabajar desde el 20 de febrero. Hoy, se confirma que no tenía acreditadas sus pruebas de control y confianza.

A nivel nacional se han practicado estos exámenes a 11 mil 563 mandos (97% del total). De éstos, mil 323 reprobaron y no deben desempeñar ese puesto, pero autoridades federales, estatales y municipales se reservan la información de las corporaciones que representan.

Sobre el caso de Tecalitlán, la Fiscalía abrió una investigación por las pistas de colusión entre policías y el crimen organizado.

Ignoran si policías reprobados continúan en las corporaciones

Para el encargado de la Dirección del Centro Estatal de Evaluación y Confianza, Víctor Hugo Gutiérrez, la evaluación de los policías es una “fotografía del momento”. Y con base en eso, la dependencia que aplica las pruebas de control y confianza determina si los oficiales son aptos o no para desempeñar sus tareas. Al final, son los municipios quienes deben acatar la recomendación, aunque si no lo hacen tampoco están obligados.

Hoy, por ejemplo, el Centro sabe que el 13.9% de las evaluaciones aplicadas a los oficiales en el Estado (menos de tres mil) concluyeron con resultados no aprobatorios. Y de esa cifra, el Centro desconoce cuántos han sido despedidos o separados de las corporaciones.

“Ya no es una obligación; no lo tenemos previsto en la ley”, reconoce el director jurídico del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Luis Ignacio Bobadilla Ramírez. “No hay vinculación o acto-condición porque no trabajamos para ellos y porque no trabajan para nosotros”.

Según el funcionario, el Centro únicamente emite opiniones técnicas y la decisión de acatarlas recae en sus jefes: los alcaldes o el gobernador. “No podemos invadir esferas de competencia. Las personas acuden a nosotros, se les aplica un proceso y se emite una opinión técnica. Ya es facultad de los municipios, de los Cabildos, de los comisarios, del tesorero, finiquitarle y respetarle su garantía de audiencia y defensa a los elementos que resultaron no aptos para sus funciones”.

El problema es que las corporaciones no informan al Centro si despidieron al personal que, según las pruebas, no es apto para ese trabajo. Se le preguntó al funcionario si no es un riesgo dejar a criterio de la corporación esa tarea. Su respuesta: “Puede ser riesgoso, pero sí se está trabajando en la depuración (desde los municipios)”.

Hugo Martínez Muñiz es el director de la Policía de Tecalitlán, pero abandonó el puesto desde que ese municipio suena a escala internacional por la desaparición de tres ciudadanos italianos que, según las investigaciones, fueron entregados al narco por parte de sus agentes municipales. Está “ilocalizable”. De acuerdo con los encargados del Centro, el mando estaba en proceso de evaluación, pero ésta quedó inconclusa.

“El resultado lo tenemos a reserva dentro del Centro. Ya no se pudo hacer la notificación correspondiente, en virtud de los sucesos que ya se conocen”.

No obstante, afirma, tampoco es posible generalizar y relacionar en situaciones de este tipo a todos los oficiales que son considerados no aptos, porque hay muchísimas causas más por las que éstos reprueban. “Muchas veces faltó, tenía sus evaluaciones y lo comisionaron para otro tema; a lo mejor no llegó con la documentación completa o con los formatos escritos. Algunas veces están pasando por un tipo de duelo y las mismas pruebas no le son favorables en ese momento”.

Bajo esos supuestos, los oficiales pueden ser reevaluados, en tanto la dependencia para la cual trabaja así lo solicite.

"Misión"

El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza fue creado para “certificar, profesionalizar a los integrantes de seguridad pública y procuración de justicia y, como una consecuencia, también el depurar a los que no son los adecuados para estar dentro de esas funciones”.

Esa premisa se cumple a medias, pues el Centro no es el que depura; sólo el que sugiere hacerlo.

Proponen un centro nacional de reclutamiento

Porque la responsabilidad en el comportamiento de los mandos y los oficiales de la Policía debería ser asumida por los alcaldes o el gobernador, y eso no sucede, la asociación Causa en Común impulsará la creación de un organismo nacional que se responsabilice del reclutamiento y profesionalización de los agentes, así como de las bajas de los perfiles no aptos.

Actualmente, los Centros de Evaluación definen, con criterios técnicos, los perfiles aptos y los no aptos para desempeñar la labor policial, pero dejan en manos de los Ayuntamientos o del Gobierno del Estado la decisión de retirarlos. Y estos últimos no necesariamente reportan la depuración.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, expone que actualmente sucede lo mismo que ocurría con los maestros antes de la reforma educativa: no se sabía cuántos había ni cómo trabajaban.

Así, el organismo cuya creación ya ha sido propuesta al candidato José Antonio Meade y al equipo de Andrés Manuel López Obrador (eventualmente se hará lo propio con Ricardo Anaya y los aspirantes a una gubernatura), debería estar a cargo de la parte administrativa en el proceso de formación policial, y la operativa quedaría a cargo del Estado y los municipios.

“No hay control. La ley marca que son, precisamente, los Estados y los municipios los responsables, y no lo están haciendo. Llevamos ocho años desde la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública y no avanzamos. Queremos ver si a través de un ente nacional por lo menos podemos tener más control de quiénes son los policías”.

Agrega que los Centros estatales sólo tienen una jurisdicción técnica: practican los exámenes de control y confianza, e informan los resultados a sus jefes.

En la teoría, los Centros informan si los oficiales aprobaron, si pasaron con alguna restricción (una enfermedad crónica, problemas de la vista o manejo de estrés, por ejemplo) o si reprobaron. Las corporaciones, también en la teoría, deben dar seguimiento a cada caso y procurarles, según el caso, apoyo médico, físico o psicológico.

“El problema es que eso no está sucediendo. Y no sólo en Jalisco sino en todo el país. No hay un control de quiénes salen con restricción”.

De acuerdo con la especialista en estos temas de seguridad, María Elena Morera, en el caso de los policías de Tecalitlán (donde los oficiales dejaron inconclusa su evaluación), es el alcalde quien debe asumir la responsabilidad por los actos de sus elementos.

“El procedimiento sería que el alcalde vea el último expediente de los policías y vea, primero, si estuvieron o no aprobados, revisar su hoja de vida, cómo se comportaron. Los municipios regularmente exigen sus recursos para seguridad a través del programa federal Fortaseg; sin embargo, cuando es tema de asumir la responsabilidad, entonces cambia”.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Evaden su responsabilidad”

Guillermo Garduño (investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana)

Son muchos los rastros que demuestran poca efectividad tras la aplicación de las pruebas de control y confianza. Y uno de los más graves es que los alcaldes: jefes de los oficiales evaluados, simplemente no son llamados a cuentas para responder por las omisiones en las que éstos incurren.

El caso de Tecalitlán es la prueba más reciente de eso. De acuerdo con el experto, mientras cuatro oficiales han sido detenidos por la desaparición de tres personas de origen italiano en aquella localidad, el titular de la corporación, Hugo Martínez Muñiz, escapó y el alcalde desconoce por qué.

No sólo eso. Pese a las evidencias y a la despistolización de su corporación, el presidente municipal, Víctor Díaz Contreras, ha declarado que el municipio que gobierna es seguro y que lo ocurrido es, acaso, un “hecho aislado”. Y, cubierta esa aparición pública, nada ha ocurrido.

“Invariablemente, el mando huye y encuentra un punto de protección. Ni siquiera es buscado y la responsabilidad queda en los mandos inferiores. Parece que ellos se mandaran solos. Si esos policías entregaron a los italianos, no es únicamente porque aceptaron dólares; la condición más importante es que alguien se los ordenó”.

Las pruebas de control y confianza, dice, deberían anticipar esas conductas al evaluar los procesos internos de cada corporación, pero éstos, afirma, son discrecionales. “El alcalde debe asumir una responsabilidad; el órgano mismo de evaluación tiene una responsabilidad enorme (…) Sencillamente no actuó con tiempo y con diligencia. Los responsables allí son todos, pero a quienes van a sancionar es a los policías. Y los que, de alguna manera, son las cabezas intelectuales, esos están ignorados y se da la impresión de que cada policía actuó solo, cuando no es así”.

Según el académico, las policías operan como “sociedades secretas” en donde los mandos son reclutados únicamente bajo el criterio del alcalde. Allí es donde cobra aún más importancia la responsabilidad que no se le atribuye al presidente municipal. “Los mandos no están regulados. Dicho en otros términos: muchas veces no se consigna dónde han estado y por qué razones han dejado de estar”. Concluye que un verdadero ejercicio de depuración policial tendría que involucrar a organismos ciudadanos.

Desechado, el mando único estatal

La propuesta de llevar al Ejército a las calles, ante la debilidad de la fuerza pública, fue aprobada en diciembre del año pasado con la Ley de Seguridad Interior; sin embargo, la reforma para transformar a las más de dos mil Policías municipales en 32 mandos únicos estatales no fue posible, ya que fue desechada por la actual Legislatura federal.

Macedonio Tamez Guajardo, coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, recuerda que la propuesta fue desechada por los legisladores del PRI, Verde, Encuentro Social y Nueva Alianza, tras la votación llevada a cabo en las Comisiones de Seguridad en noviembre de 2017, al considerarla como una iniciativa en contra de las prácticas modernas que sigue el modelo de proximidad y contacto.

La propuesta fue presentada en 2010 por el entonces presidente Felipe Calderón y retomada durante la actual administración de Enrique Peña Nieto, quien urgió retomar la iniciativa, con la finalidad de que las 32 Policías estatales se convirtieran en corporaciones confiables, “capaces de enfrentar a la delincuencia”.

Tamez Guajardo explica que la fracción parlamentaria del PAN presentó al Senado una propuesta de mando mixto. Este permite establecer un mando policial según las capacidades de las corporaciones locales y un mando único o presencia del Gobierno de los Estados donde sus municipios no fueran capaces de garantizar la seguridad, modelo que actualmente es llevado en algunas partes del país.

“Lo más adecuado es tener un mando mixto en donde prevalezca la autoridad municipal teniendo a su cargo la planeación del municipio y, en su caso, que entre la Policía estatal cuando sea necesario y  con las reglas establecidas”.

Agrega que actualmente no existe alguna iniciativa a discutir en torno al tema de la operación de las Policías en el país, por lo que así culminará la presente Legislatura.

TESTIMONIO

“¿Alguna vez te quedaste con el cambio de las tortillas?”

Hace un año que Iván Chávez salió de la Policía del Estado de México, “por bienestar propio”. Durante 15 años que permaneció en la corporación pasó por el polígrafo nueve veces, como parte de las pruebas de control y confianza realizadas a los elementos y funcionarios de seguridad pública. Durante este tiempo aprendió que los resultados dependerán de cómo respondas a las preguntas hechas por los aplicadores. Explica que siempre se debe prestar atención a sus cuestionamientos, porque en la mayoría de las ocasiones éstos inducen a las respuestas.

“Muchas veces los aplicadores te inducen o te coaccionan. Te preguntan cosas como: ‘¿Alguna vez de niño te quedaste con el cambio de las tortillas?’. Y si contestas que sí, ellos ya pueden decir que el policía presentó síntomas de deshonestidad desde la infancia. Ellos están programados para buscar cosas negativas, no le van a echar la mano al evaluado. Ese es su trabajo”.

Indica que el polígrafo es una de las evaluaciones más reprobadas por los elementos porque la mayoría desconoce cómo se realiza y cuál es su finalidad, así como que tienen derecho a solicitar que no se les pregunten algunos temas específicos.

Refiere que las preguntas comprenden aspectos de la personalidad en torno a cómo son los agentes con sus familias, con sus compañeros de trabajo, con sus jefes y con las personas en general, o si en alguna ocasión consumió alguna droga.

Para Chávez, los exámenes llevan consigo una serie de cuestiones que considera absurdas, como establecer una relación con el crimen organizado sólo porque el policía tiene un vecino adicto a las drogas o si en su casa tiene objetos de valor que superen su condición económica, ya que no pueden comprobar que sus familias también pueden apoyar a los gastos del hogar.

Por este tipo de situaciones, recomienda a todos los elementos de seguridad pública que se asesoren respecto a este tipo de pruebas para que conozcan cuáles son sus derechos y cómo pueden hacerlos valer. Para ello invita a que se acerquen a las asociaciones dedicadas a su promoción y defensa, como la asociación nacional que ahora preside: “Ciudadanos Uniformados”.

“Como asociación civil protegemos a los buenos policías, pero no se trata de estar tolerando o solapando a los malos, necesitamos sacar de las filas a los delincuentes disfrazados de policías, que dañan la imagen de los compañeros y de las instituciones, que de por sí ya están muy dañadas”.

Faltan mejoras

Las pruebas de control y confianza son un instrumento necesario para generar un parámetro de confiabilidad y garantizar el servicio profesional de los funcionarios y de los elementos encargados de la seguridad pública, explica Jesúas Ibarra, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO.

Sin embargo, manifiesta que éstos no deben ser vistos como algo infalible para garantizar la veracidad u honestidad de los mismos, ya que debe tenerse claro que este tipo de exámenes sólo muestran la realidad inmediata de los sujetos en el momento en el que son aplicables, razón por la cual deben hacerse con la periodicidad sostenida en la Ley de Control y Confianza, según el lugar en el que se realiza, que de acuerdo con el estatuto jalisciense, debe ser cuando menos cada dos años.

Apunta que aún falta profesionalizar la manera en la que se realizan este tipo de pruebas para que sean realizadas con el rigor necesario, así como mejorar la capacidad de verificar y sustentar ciertos hechos, como las garantías de situación patrimonial y los resultados de los controles médicos.

“Estos instrumentos cada vez ayudarán a que haya una mejor ética pública y profesionalismo, que mucha falta le hace a nuestros Gobiernos”.

Argumenta que, para lo anterior, sería necesario que también fueran sometidos a los exámenes los jueces y magistrados, por ser parte la búsqueda de la justicia en el Estado. Sin embargo, la Suprema Corte ya emitió un fallo en el que rechazó lo anterior por no estar estipulado en ley general.

Por su parte, Ricardo Barba, investigador de la Universidad de Guadalajara, indica que si bien los exámenes han sido constantemente cuestionados, brindan un panorama de la realidad del sistema de seguridad.

Pero es necesario que éstos se concentren en analizar los perfiles médicos y socioeconómicos de los policías, además de agregar un rubro sobre la educación y la profesionalización de estos elementos, pues esto permitiría determinar si una persona es apta o no para el servicio policial: “Una simple coma puede alterar el dicho del hecho, condenar a un inocente o absolver a un delincuente”.

Para el investigador, el tema de la educación también podría fungir como una herramienta que les permitiera tener un servicio civil de carrera.

Añade que “hacen falta incentivos para que los policías se sigan preparando. Debería haber un protocolo en el que se establezca qué es lo que se necesita hoy”.

Aseguran que ya mejoró el salario de la mayoría de agentes

Aunque la homologación de salarios de los policías del Área Metropolitana de Guadalajara aún no se ha concretado en todos los municipios, el administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad, Marco Valerio,  afirma que ya se ha mejorado el salario del 75% de estos elementos, entre los que se incluyen Guadalajara, Tlajomulco y Tlaquepaque. Sin embargo, la promesa de que nadie gane menos de 17 mil pesos mensuales quedó incumplida.

“Vamos a seguir trabajando, no es un tema menor. Este 75% de los policías ya tienen un aumento importantísimo, prácticamente estaríamos hablando de un porcentaje menor respecto al tema de la homologación”.

Hasta el momento, sólo Guadalajara ya homologó el salario de sus policías a los 17 mil pesos.

Remarca que en el caso de Ixtlahuacán de los Membrillos el aumento en el salario de los policías fue incrementado en 33%.

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¿Los policías que reprueban los cinco exámenes de control y confianza deben ser separados de las corporaciones?

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