Secretario general deberá detectar bases irregulares

GUADALAJARA, JALISCO (22/NOV/2012).- El titular de la Secretaría General del Congreso local, Marco Antonio Daza Mercado deberá revisar e informar al pleno del Congreso del Estado la presunta ilegalidad de los nombramientos que se otorgadon durante la pasada Legislatura.

La iniciativa fue presentada por la Junta de Coordinación Política y se advierte en el texto que los diputados pretenden emprender una batalla jurídica "para anular los nombramientos definitivos ilegales que realizaron en el Poder Legisaltivo y que son violatorios de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco".

Advierten la necesidad de iniciar un proceso para la presentación de denuncias penales en contra de quienes pudieron haber cometido delitos como peculados, desvío de funciones y atribuciones, falsificación y extracción ilegal de documentos, abuso de autoridad, entre otros.

"Estas medidas tienen que aplicarse de inmediato porque estamos frente a irregularidades, actos de corrupción y delitos evidentes que no pueden quedar impunes. Es conocida la lamentable situación financiera y administrativa que nos heredó la pasada legislatura, y ahora toca reparar los daños, corregir al rumbo y castigar a los culpables.
No podemos permitir que se burocratice el proceso, que se pongan obstáculos y que, de una u otra forma, se deje en la impunidad a los responsables del asalto al Congreso de Jalisco", se advierte en el texto avalado por unanimidad en el pleno del Congreso.

Los legisladores instruyen al Secretario General del Congreso, Marco Antonio Daza para que, a través de las direcciones correspondientes, realice una revisión individual de la legalidad de los nombramientos definitivos vigentes, indistintamente de la Legislatura en que se otorgaron y presente a la brevedad un informe a la Comisión de Administración, en el que se incluya en su caso, las vías jurídicas para su anulación y factibilidad de su procedencia, aunque no se especifica fechas.

Daza Mercado deberá "notificar de manera personal y por escrito a todos y cada uno de los servidores públicos del Poder Legislativo, que quedan canceladas todas las comisiones autorizadas con anterioridad al 1 de noviembre del año en curso, por lo que deberá presentarse a la brevedad al lugar de su adscripción", aunque no se advierte que se suspenderán los pagos de los trabajadores cuyos nombramientos fueron presuntamente ilegales como lo propuso la vocal de la Comisión de Administración, Fabiola Loya y hace unos días el priista, Miguel Castro Reynoso.

EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ