Leyes 'al vapor', en inoperancia por 'cerrazón'

GUADALAJARA, JALISCO (03/AGO/2015).- Para Alberto Bayardo Pérez del Observatorio Legislativo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), los principales problemas que llevan a la inoperatividad de las leyes se deben a la “cerrazón” de los diputados a escuchar propuestas de la sociedad civil durante los foros públicos donde se debaten las ideas y a la falta de diagnósticos bien fundamentados que justifiquen la creación de las leyes.

De hecho, el último análisis del observatorio reprobó la calidad de las iniciativas del Congreso con una calificación de 54% en aspectos como la claridad y coherencia.

EL INFORMADOR  presentó que hay problemas en la implementación de una de cada cinco leyes porque la Secretaría General de Gobierno no presiona a las dependencias para crear los reglamentos que permitan su aplicación.

Pedro Kumamoto, diputado local electo por el distrito 10,  afirmó que se debe acabar con las leyes “demagógicas” que se proyectan sin contemplar políticas públicas o el costo que implica su aplicación. “Las búsquedas políticas sobre las búsquedas técnicas son las que arrojan estas situaciones”, consideró.

Ejemplos de las normas que no alcanzan su aplicación es la Ley de Austeridad, aprobada en octubre del 2014. Todavía no se cuenta con una cifra exacta del monto que se deberá ahorrar y hay alcaldías que ni siquiera conocen su existencia.

Un ejemplo más es la Ley de Atención a Víctimas, aprobada a finales de febrero de 2014; la legislación arrancó con un presupuesto de apenas un millón de pesos para el concepto de reparación del daño cuando la población estatal rebasa los siete millones de habitantes.

LEY ANTIDISCRIMINACIÓN

Ya tiene problemas

Hay leyes que aún no han sido aprobadas por el pleno y ya presentan problemas. La Ley Antidiscriminación es un ejemplo, ya que no contempla presupuesto o estructura para su aplicación.

La iniciativa presentada en julio de 2014 y que se aprobó en comisiones en mayo pasado, fue calificada como ambigua por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ( Conapred) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).