Inservibles, una de cada cinco leyes

GUADALAJARA, JALISCO (08/OCT/2014).- María Fernanda Vázquez murió tras ser embestida por un camión de la Ruta 368 afuera de la Prepa 10. Era marzo de 2014 cuando autoridades, como el entonces secretario de Gobierno, Arturo Zamora, y el ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, afirmaron que el caso sería emblemático para aplicar la recién aprobada Ley de Víctimas; sin embargo, siete meses después del accidente que movilizó a la comunidad universitaria provocando que la tarifa del transporte bajara a seis pesos, esa legislación sigue en letra muerta porque no tiene reglamento.

El Poder Legislativo de Jalisco tiene publicadas 154 leyes en su biblioteca virtual y, de todas, 27 no tienen reglamentos para hacer efectivos los beneficios a la población. La Ley de Víctimas es el ejemplo.

Cuenta Belén, hermana de María Fernanda, que la Fiscalía sólo pagó los gastos funerarios y no se resarció el daño. La ayuda psicológica y legal corrió a cargo de la UdeG y de la Federación de Estudiantes Universitarios, cuando la Ley de Víctimas ordena que, mientras entra en operaciones toda su reglamentación, es la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) la que debe brindar atención a las familias de las víctimas. Es más, aunque la familia se reunió con Aristóteles Sandoval dos meses después del accidente, el gobernador prometió apoyos que todavía no llegan. Y, por si fuera poco, la Alianza de Camioneros no tiene la intención de asumir la responsabilidad del chofer y pretende deslindarse como concesionaria de la Ruta 368.

Las leyes se crean en el Congreso o Legislativo, luego se publican y las autoridades estatales correspondientes se encargan de la creación de organismos y reglamentos para la entrada en operación. Clemente Castañeda, presidente del Congreso de Jalisco, se deslinda: “Nosotros promulgamos leyes. En la mayoría de las ocasiones, le corresponde al Ejecutivo publicarlas (las normas reglamentarias)… Es un veto silencioso del Ejecutivo. Es un juego político del gobernador”.

Alberto Bayardo Pérez Arce, del Observatorio Legislativo del ITESO, afirma que “los diputados deben dar seguimiento a las leyes… falta coordinación entre ambos Poderes”.

Aunque se buscó una entrevista con el secretario de Gobierno, Roberto López Lara, no fue posible por su agenda saturada.

En el caso de María Fernanda, si la familia pretende ser indemnizada debe hacer las gestiones en la Ciudad de México y seguir el procedimiento, pero de la Ley General de Víctimas (legislación federal), por la ausencia del reglamento local. Mientras tanto, Álvarez Cibrián acentúa que sólo atienden a víctimas, y para que la familia sea declarada “víctima secundaria”, es necesario que se resuelva su conflicto legal (con la empresa transportista).