Incompleta, armonización en materia de derechos humanos

GUADALAJARA, JALISCO (19/DIC/2011).-  Armonizar la legislación estatal con la reciente reforma constitucional de derechos humanos no implica hacer una copia de los artículos, como lo hizo el viernes pasado el Congreso del Estado, sino que es necesario revisar toda la legislación y las prácticas del poder público que son incompatibles con el resguardo de los derechos humanos.

Francisco Macías Medina, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, comenta que los diputados lo que hicieron fue copiar y pegar la reforma constitucional, "y no es que sea malo, sino que era la oportunidad de ampliar el margen de derechos en Jalisco. Para ello es necesario revisar todas las leyes que son contrarias al espíritu de la Constitución federal y que, en este contexto de violencia, es urgente".

El abogado comenta que es necesario considerar una serie de herramientas legales que permitan a la ciudadanía alegar y proteger sus derechos. "El amparo local, por ejemplo, es un tema discutido desde los años noventa y sigue sin haber mucho interés al respecto".

El dictamen que aprobó el Congreso del Estado incluye, entre otras cosas, la obligatoriedad para que todo funcionario público responda a las recomendaciones hechas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, además de que esta dependencia tendrá la facultad de ejercitar la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el Congreso estatal, en un periodo de 30 días naturales siguiente a la fecha de publicación.

Macías Medina considera que la reforma se quedó en dar facultades a un organismo con pocos recursos económicos y el recurso de inconstitucionalidad ya existía en Jalisco.

"Con la reforma federal y ahora con la estatal, de la noche a la mañana aprobaron que la procuraduría sea la dependencia garante de los derechos humanos. La que es hoy la policía investigadora de Jalisco, será la que resguarde nuestros derechos. Para que esto se logre, se requiere toda una transformación profunda de la institución".

La legislación que debe armonizarse, de acuerdo al defensor de derechos humanos, es la penal en lo que se refiere a delincuencia organizada, "porque es totalmente contraria a los instrumentos internacionales"; debe crearse la legislación para erradicar la discriminación y otra sobre la tortura; y además debe aplicarse la Ley de Centro de Víctimas del Delito, que se aprobó hace 12 años y "fue de vanguardia en el país, pero resulta que no le han dotado de personalidad propia, a pesar de que es urgente que exista ante la situación de violencia que vivimos".

EL INFORMADOR / ALEJANDRA GUILLÉN