Diputados aspiran a heredar una nómina ''sin compromisos''

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2012).- El Congreso del Estado ha presentado dificultades económicas desde 2010 porque el presupuesto aprobado “nunca guardó correspondencia con los compromisos reales, por lo que estuvieron subestimadas en 45% las cifras reales de erogaciones”, afirmó ayer el presidente de la Comisión de Administración del Legislativo, Raúl Vargas López, al rendir un informe sobre la situación financiera en el que reconoció los problemas de “obesidad” y desorden en la nómina.

Afirmó que un gran número de las plazas laborales de la actual Legislatura fue heredado por la gestión anterior, lo que significaba una erogación de 200 millones 449 mil pesos anuales adicionales, cantidad que, dijo, no estuvo considerada en el presupuesto.

De acuerdo con el perredista, esto implicó que el presupuesto 2010, cuando comenzó la actual Legislatura, significó un déficit de 92% del dinero disponible: “Esta Legislatura inició con sólo 8% de su presupuesto aprobado; es decir, una reducción de 92 por ciento”.

Respecto al capítulo 1000, sobre personal, se observó un aumento de 50%, que representa más de 230 millones de pesos. Vargas subrayó que de 2009 a 2010 la pasada Legislatura dejó un aumento de personal no presupuestado que representó 200 millones 449 mil pesos. Por ello, dijo, a los actuales diputados les corresponde una responsabilidad de un 7% real.

Indicó que esta Legislatura aspira a no dejar cargos, como lo hizo la anterior, en cuanto a personal, por lo que no habrá más personal basificado.

Este medio de comunicación reportó desde marzo de 2011 que, en aquel momento, el listado de personal que laboraba en el Congreso del Estado llegaba a mil 470 empleados. Esos datos nunca fueron confirmados sino hasta las declaraciones de ayer de Vargas. EL INFORMADOR documentó desde entonces tres nóminas diferentes.

No obstante, Vargas expuso que no hubo incrementos en salarios a diputados, mandos superiores, ministraciones de fracciones o viajes al extranjero.

Respecto a las plazas, señaló que existen 654 y que se irán sin dejar ningún compromiso de contratos con supernumerarios ni por honorarios.

La pasada Legislatura heredó 521 plazas, 205 contratos de supernumerarios y un contrato por honorarios. La actual llegó a tener en momentos críticos hasta mil 300 plazas: 610 de base y 650 de supernumerarios, así como 40 por honorarios. Eso indica que hubo una separación de poco más de 670 trabajadores, lo que equivale a 200 millones de pesos anuales.

Vargas admitió que el Congreso requiere de 40 millones de pesos, que le han solicitado al Ejecutivo, para pagar finiquitos y adelgazar la nómina, pero también reconoció que difícilmente el Gobierno Estatal aportará ese dinero. A pesar de todo, dijo, han estado pagando deudas por medio de convenios con el Instituto de Pensiones (Ipejal) y Hacienda.

Vargas López dijo, como lo adelantó este medio, que con el Ipejal se fijó en 2011 una deuda de 91 millones 73 mil 109 pesos que se remonta a 2008. El pago de este compromiso concluirá en octubre.

Un panorama difícil

A pesar de la buena voluntad que mostró el diputado Vargas —según la calificó el panista Héctor Álvarez, quien solicitó este informe desde 2010—, el panorama que deja el reconocimiento de estos datos —muchos de ellos publicados por este medio de comunicación— es la confirmación de las deudas que le heredarán a la Legislatura que comienza el 1 de noviembre. Además de los pasivos por más de 100 millones de pesos y el dinero comprometido para el pago de Pensiones y de Hacienda, existe un reconocimiento de la abultada nómina con la que tendrán que lidiar no sólo los próximos diputados, sino los legisladores suplentes que ya llegaron al Congreso local.

TELÓN DE FONDO

En año y medio, tres listas de personal

EL INFORMADOR ha dado seguimiento a los problemas sobre falta de información del personal en el Congreso. La primera nómina, de febrero de 2011, señalaba que en el Congreso cobraban mil 470 personas. Durante meses, diputados y funcionarios del área administrativa desmintieron tal dato.

Después hubo una segunda copia, con una lista de 800 trabajadores, y luego apareció una tercera con mil 300 nombres. En la última, que aparece en internet y que, aseguran, es la única y oficial, hay registrados mil 200 empleados.

En las tres primeras nóminas, la mayoría de los funcionarios que aparecen en las tres están registrados con diferentes salarios y hasta cargos.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE
Gana el Ejecutivo: no comprará formas valoradas

En febrero de 2011, el Gobierno de Jalisco interpuso una controversia constitucional por la demanda que presentó el Congreso del Estado, que se quejó porque el Poder Ejecutivo y sus dependencias ya no le compraban al Legislativo las denominadas formas valoradas, que son los documentos oficiales con los que pueden comprobar ingresos y egresos.

En diciembre de 2011 quedó admitida la controversia constitucional bajo el número 123/2011. Después de agotar todas las instancias, en la sesión del miércoles pasado los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron darle la razón al Gobierno del Estado, lo que significa que deja a salvo la obligación de las dependencias estatales para comprarle al Congreso.

Ayer, el diputado Raúl Vargas, presidente de  la Comisión de Administración, recordó que el Congreso dejó de percibir recursos por formas valoradas por casi 50 millones de pesos, lo “que mermó en forma directa los ingresos” de la actual Legislatura.