Denunciar delitos en la red es el gran pendiente: Policía Cibernética

GUADALAJARA, JALISCO (28/OCT/2013).- El jefe del área de ciberpolicías de la Fiscalía General de Jalisco opta por la prudencia, pero accede a explicar un caso en que la Ciberpolicía de Jalisco logró detener un abuso contra menores de edad en la red. La intención es no ventilar datos que identifiquen a los involucrados, pero aprovecha para subrayar un dato útil: la denuncia funciona.

“Una menor de edad era presionada por un sujeto que había robado identidades, porque había obtenido fotografías de ella en situaciones comprometedoras”, cuenta el funcionario, que prefiere omitir su propio nombre por el tipo de trabajo que hace el área a su cargo. Narra que el hombre trató de violentar a su víctima, pero la familia de la menor se involucró y denunció.

Y ésa fue la clave: la investigación posterior permitió localizar al acosador, que fue ubicado, aprehendido y consignado antes de que dañara a la menor.

“Son situaciones que se piensa que sólo están en las películas y que son muy lejanas, pero lo que vemos es que ese tema está al alcance de todos (…) El riesgo existe y hemos visto que todo se inicia con publicaciones en redes sociales, e inocentemente revelamos información muy sensible que puede ser mal utilizada por alguien que nos quiere hacer daño”.

Poco se habla de lo que ocurre en la base de investigación de la Policía Cibernética, y menos se ventila si para dar con ciberdelincuentes las autoridades deben actuar como un pirata informático; eso equivaldría a colocar un paso adelante de la autoridad a quienes usan la red global para fines ilícitos, expone el jefe de área.

Lo que es un hecho es que en las diversas investigaciones se ha establecido un nexo con grandes firmas de la www, como Facebook, Twitter y Microsoft.

La Policía Cibernética nació en 2002; hasta marzo de 2013 fue un área de investigación dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, pero hoy opera en coordinación con la Fiscalía Central y en apoyo directo a los agentes del Ministerio Público.

Además, las capacitaciones del personal que integra esta área especializada de Policía han permitido al cuerpo de investigación jalisciense obtener experiencia directamente del grupo de combate al crimen cibernético del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

Además, la colaboración se ha dado con la Guardia Civil Española y el área de cibercrimen de la Oficina Europea de Policía (Europol), y grupos similares de países como Rumania y Nueva Zelanda.

De acuerdo con el líder de investigación policial, Jalisco tiene el privilegio de haber conformado y preparado un área de combate a ciberdelitos que hoy le distingue a escala nacional. “Nos ha tocado ser iniciadores de investigaciones de bandas de pornografía infantil (…) somos punta de lanza con el resto de unidades”.

En 2012 las autoridades de Jalisco desactivaron 338 sitios inseguros en internet, sobre todo los que prometen negocios o beneficios fraudulentos

EL DATO
México a la cabeza

Apenas en septiembre pasado, la Comisión Unidos contra la Trata ventiló que México está a la cabeza a escala internacional en cuanto la difusión de pornografía infantil, e indicó que ocupa el segundo lugar en producción de estos materiales.

La presidenta de esa organización, Rosi Orozco, indicó durante un foro celebrado en la Ciudad de México que son alrededor de 85 mil los niños explotados en territorio nacional, y que la explotación sexual infantil en México genera dos mil millones de dólares a escala mundial, “ganancias que superan al tráfico de drogas y de armas”.

En mayo de 2009, la entonces diputada Silvia Luna (del Partido Nueva Alianza) informaba que México ya era el país con mayor producción y distribución de pornografía infantil a través de la web, razón por la que pediría a los titulares en turno de la PGR y Secretaría de Seguridad Pública que “fortalecieran las acciones de prevención, detección, investigación y castigo en los casos de explotación sexual comercial infantil”.

También sugirió un exhorto a los congresos locales para que elaboren “marcos jurídicos acordes a las leyes federales y a instrumentos internacionales que permitan combatir la explotación sexual comercial infantil, mediante la armonización de procedimientos y definiciones legales”.

Ese mismo año, la red internacional End child prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes (Ecpat) corroboraba a México como el segundo país en el mundo con mayor producción de pornografía infantil; en ese entonces la tenencia o posesión de este material no estaba sancionada por las leyes.

El artículo 26 de la misma ley habla de penas de entre 20 y 40 años de prisión y de dos mil a 20 mil días de salario mínimo de multa “al padre, madre, tutor o persona que tiene autoridad sobre quien se ejerce la conducta que entregue o reciba de forma ilegal, ilícita, irregular o incluso mediante adopción, a una persona menor de dieciocho años con el fin de abusar o explotar de ella sexualmente o cualquiera de las formas de explotación”.

ES NECESARIO QUE SOCIEDAD Y AUTORIDADES ALCEN LA VOZ, OPINA ESPECIALISTA
La medición de delitos sexuales contra menores no existe

Antes de preocuparse por las pesquisas y desactivación de páginas de pornografía infantil, o el combate de delitos sexuales contra menores de edad, primero es necesario que se cuantifique el delito, pues la cantidad de registros en manos de la autoridad es mínima.

Así lo advierte María Antonia Chávez, especialista de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien lanza una crítica no sólo a las autoridades, sino a la sociedad en general, que debería mantener una postura proactiva y denunciar la incidencia de delitos de este tipo.

El primer paso, expone, es que los jaliscienses “noten” el gran problema que representa para la sociedad mexicana (que, asegura, aún sin una base de datos sólida destaca a escala internacional por la incidencia de estos crímenes contra infantes) y después exijan resultados a las instituciones.

“El tema es urgente y prioritario”, expone, mientras lamenta que no exista una estadística de delitos resueltos por la Policía Cibernética (desde que se unificó el modelo de seguridad pública en la Fiscalía General). Desde su óptica es necesario que se ventilen los resultados de este año, pues es la única manera de “identificar si el cambio es positivo”.

Pero, en lo que concierne a la explotación sexual infantil, refiere que la administración estatal en curso “no ha definido las reglas y lineamientos para atenderla”, situación que se agrava por el “libre albedrío” en el que funcionan los portales de la red global.

A manera de sugerencia, invita a las autoridades a emprender estrategias firmes encaminadas a la resolución de delitos de este tipo e identificar a los consumidores de pornografía infantil, de tal manera que las labores de investigación rindan fruto y ubiquen a quienes la financian.

Ellos, opina, deberán ser sancionados conforme la ley lo marca, pero también deberán ser tratados mentalmente para identificar los patrones de conducta y que esto devenga en verdaderas políticas públicas de atención y combate al delito.

“Valdría la pena también revisar los instrumentos jurídicos que hoy funcionan para supuestamente facilitar las denuncias y acciones contra este delito, porque hay situaciones que no están lo suficientemente claras”.

QUÉ DICE LA LEY
Las nuevas armas legales

Apenas el 14 de junio de 2012 se publicó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, que sanciona los delitos cometidos contra menores, y finalmente permite vigilancia en internet para las autoridades.

En su artículo 16, establece penas de entre 15 y 30 años de prisión, y de dos mil a 60 mil días de salario mínimo de multa, para quien incurra en delitos sexuales contra menores de edad.

Específicamente, se refiere a quien procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a menores de 18 años a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal (…) con el objeto de producir material a través de videograbarlas, audiograbarlas, fotografiarlas, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, y se beneficie económicamente de la explotación de la persona.

Pero quien almacene material de este tipo también será castigado: “Se impondrán penas de cinco a 15 años de prisión y de mil a 20 mil días multa al que almacene para sí, o para un tercero, el material sin fines de comercialización o distribución”.

SABER MÁS
¿Cómo solicitar la asistencia de la Policía Cibernética?

El proceso es sencillo. Si usted es víctima de intentos de extorsión, amenazas, bullying laboral o escolar, o tiene pistas que aportar en contra de ciberdelincuentes, debe conservar esa información (por ejemplo, los correos electrónicos con amenazas) y llevarla a la Fiscalía Central.

Ahí, un agente del Ministerio Público escuchará y levantará la denuncia de hechos. El representante social solicitará el apoyo de la Policía Cibernética y ésta comenzará a rastrear la fuente