Oscuras, estadísticas en los estados sobre abusos en escuelas

GUADALAJARA, JALISCO (04/AGO/2012).- El problema de los abusos sexuales cometidos por personal docente en contra de los alumnos, dentro del ámbito educativo de nivel básico, no es exclusivo de Jalisco; tiene una arista nacional cuyas dimensiones pueden avizorarse con las estadísticas disponibles, pero cuyo tamaño real no puede ser medido a cabalidad. Una de las grandes deficiencias del sistema de educación del país se oculta en registros, en el mejor de los casos, someros y desarticulados de una Entidad a otra, y en el peor, inexistentes o que las autoridades niegan.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) esgrime que ésta es una competencia de cada una de las dependencias estatales, lo cual, por tanto, le imposibilita a tener información en la materia.

En números redondos, 25 de las 32 entidades afirman que sí elaboran un registro estadístico de las denuncias que se presentan en las escuelas públicas por estos delitos que afectan a las aulas de todo el país; sus respuestas develan, al mismo tiempo, que no hay normas generalizadas para su atención, salvo una: dejar a los padres la responsabilidad por dar cauce penal a los hechos.

Así, ante las limitaciones de las bases de datos estatales, es imposible decir si el problema crece o va a la baja; la única certeza es que ahí está, que existe como parte del aparato educativo, a pesar de su esencia, y que, incluso, hay una normalización que lo lleva a estar presente, en un promedio anual, en más de 100 escuelas mexicanas.

Jalisco está entre las 25 entidades que sí elaboran un registro anual de las agresiones sexuales —es de las más desarrolladas, además—; no obstante, incluso dentro de este grupo de estados hay diferencias metodológicas sobre su abordaje.

En total, con los datos disponibles se puede hablar de mil 158 casos de agresiones sexuales cometidas por personal del sistema educativo donde los alumnos de nivel básico fueron las víctimas, en el periodo 2000-2010. Jalisco registró 116 casos.