Venados, loros, lagartos y hasta leones y tigrillos son algunos de los mil 014 animales que ha incautado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Jalisco de 2010 a la fecha. Las especies iban a ser comercializadas, a pesar de que eso es una práctica ilegal. Por su parte, la Fiscalía del Estado (y las extintas Procuraduría de Justicia y Secretaría de Seguridad antes de 2013) han incautado 12 especies más en el mismo periodo. La suma pone a Jalisco en el décimo sitio de la tabla nacional.De acuerdo con la información proporcionada por ambas dependencias, 37% de esos animales fue asegurado en puestos de tianguis de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), mientras que el resto se encontraba en domicilios particulares, inmuebles, mercados, cruceros, talleres, paqueterías, el aeropuerto, la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) y otros establecimientos.Los ejemplares más recientes detectados en la Entidad —el 10 de abril un lagarto y el 15 de abril 30 camaleones— han sido asegurados en paqueterías y puestos bajo resguardo de médicos veterinarios.Según el informe más reciente de la organización Fondo Mundial Para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), se estima que el tráfico de vida silvestre se encuentra en el cuarto lugar de importancia como comercio ilegal, después del tráfico de drogas, el de personas y los productos falsificados.El documento también explica que “gran parte del comercio de productos ilegales de vida silvestre es llevado a cabo por grupos criminales con alcances internacionales, y las ganancias pueden ser utilizadas para financiar conflictos civiles y actividades relacionadas al terrorismo. El tráfico ilícito de vida silvestre también está vinculado a otras formas de tráfico ilegal y lavado de dinero”.Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) añade que el mercado negro en el mundo podría tener ganancias de hasta 100 mil millones de dólares cada año.En Jalisco, expone el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Luis Eugenio Rivera, no hay certeza de que este tipo de comercio es una extensión más del crimen organizado porque hay gente que lo hace por su cuenta, pero sí podría estar relacionado porque en algunas zonas de donde se extraen “siempre hay un encargado a quien darle dinero”.Desde hace tres administraciones, el Gobierno de Guadalajara ha emprendido operativos aleatorios en el Tianguis de El Baratillo, y pese a ello las ventas continúan en la zona.De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en Jalisco nueve de cada 10 animales exóticos que fueron asegurados de 2010 a la fecha pertenecen a alguna familia de aves. Y según la misma dependencia, en lo general, cinco de las 11 especies animales más comercializadas en México son de esa clase.De acuerdo con el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Luis Eugenio Rivera, el que esos sean los animales más traficados no es sólo un indicador estadístico. El verdadero problema surge después, por las “graves” implicaciones para el medio ambiente.“Cuando se capturan o queman o tumban el árbol. Y por otro lado, los animales (traficados) viajan en malas condiciones; la mayoría no sobrevive. Así, cuando los sobrevivientes son vendidos, también tienen dos fines: o no se van a acostumbrar al cautiverio y pueden morir por eso o porque, al ser exóticos, hay desconocimiento sobre los que deben comer, el tipo de enfermedades que pueden contraer y los parásitos de los que son portadores. Y si llegan a sobrevivir, están aislados reproductivamente y, al no poder tener descendencia, se contribuye a la amenaza de la especie”.La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) destaca que 14% de las especies de aves en el mundo se encuentra en peligro de extinción.Por otra parte, la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 es la encargada de establecer los animales que se encuentran en peligro de extinción, así como su protección. En el país hay leyes que regulan y sancionan este tipo de comercio, pero de acuerdo con el académico Luis Ignacio Íñiguez Dávalos, también de la UdeG, mientras siga existiendo la demanda continuará el mercado negro, y no sólo de aves sino de todas las especies.La Profepa informa que algunas de las especies más comercializadas ilegalmente son el perico cabeza amarilla, las guacamayas, los tucanes y los halcones. Los monos son los siguientes en la tabla.Íñiguez estima que al menos la mitad de las especies muere durante su traslado, debido a las condiciones en las que son capturadas y transportadas.Baja California: 16 mil 580 Yucatán: 3 mil 478 Guanajuato: 3 mil 190 Ciudad de México: 3 mil 137 San Luis Potosí: Mil 557 Sinaloa: Mil 435 Estado de México: 1 mil 264 Oaxaca: Mil 264 Campeche: Mil 26 Jalisco: Mil 14 Michoacán: 983 2010: Mil 925 2011: 10 mil 672 2012: 3 mil 178 2013: 2 mil 455 2014: 536 2015: Mil 145 2016: 3, mil 9 2017: 16,663 2018: Mil 236 2019: 83Fuente: Profepa.El pasado 15 de abril, la Profepa informó que fueron asegurados 30 camaleones de velo, un cráneo de venado cola blanca, dos cornamentas y una piel de venado bura durante una inspección que los inspectores de la dependencia hicieron en dos paqueterías de Guadalajara.Los funcionarios constataron que los animales (que se hallaban adentro de tres bolsas de manta) se encontraban en mal estado de salud, deshidratados y con baja condición corporal, por lo que requirieron atención médica inmediata y fueron canalizaron a dos predios que manejan vida silvestre para su atención y resguardo.Además, la guía de envío no estaba debidamente llenada y tampoco contaba con la documentación que acreditara la legal procedencia de los ejemplares, por lo que la Profepa determinó que el contenedor donde pretendían ser transportados atentaba contra el trato digno y respetuoso de las especies. No se informó si hubo detenidos.LA VOZ DEL EXPERTOLuis Ignacio Íñiguez Dávalos (investigador de la UdeG)De acuerdo con el investigador, la educación y concientización en la gente, además de campañas más agresivas, ayudarían a reducir e incluso eliminar el comercio ilegal de vida silvestre en el país. Pero a la par, las autoridades deben buscar proyectos productivos de aprovechamiento directo, como tours de observación de especies y de cacería fotográfica.Y aunque es una obligación, se debe hacer cumplir la ley, sumar inspectores a la plantilla de las procuradurías ambientales y habilitar un sistema de justicia que funcione, pues de ello depende la conservación de las especies.Explicó que una causa elemental por la que el delito prolifera es que “la gente quiere sacar dinero de alguna parte”. Y eso significa que aún hay una amplia demanda. “Si no hubiera gente que la compre ya no habría mercancía ilegal”.La actividad, resaltó, genera una crisis ambiental porque contribuye a la desaparición de especies, y eso significa una afectación grave a la biodiversidad, ya que se pierde información genética y se afecta la dinámica del ecosistema en su conjunto.Y por si fuera poco, los traficantes ponen bajo situaciones de riesgo a las especies cuando tratan de ocultarlas de la vista de la autoridad. “Capturan a un montón de individuos para llevarlos a otro lado, pero con ese tipo de estrategias que se siguen, se estima que al menos 50% muere en el proceso de la captura y hasta llegar al destino”. Los desechos que generan las granjas porcícolas en la Entidad son un gran foco de contaminación de cuerpos de agua y terrenos, reconoció la titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), Diana Padilla Martínez, quien informó que han tenido acercamientos con los productores para tratar de corregir la situación y darles un manejo correcto a sus residuos.La procuradora detalló que en la Región de Los Altos es donde se registra la mayor problemática y que el principal obstáculo que han encontrado es que, por “costumbres”, los productores trabajan con desconocimiento de la contaminación que generan y sin aceptar que deben invertir para corregir la situación.“Es un tema preocupante porque cada animalito, cada puerquito, te genera la misma contaminación que seis personas. Entonces, sobre todo en la zona de Los Altos, tenemos presencia de granjas que no dan un buen manejo de los residuos que generan. Al no existir un buen manejo los residuos se van por escurrimientos y contaminan ríos y arroyos”, explicó.Refirió que trabajan con dependencias como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para plantear apoyos que incentiven a los productores a adoptar mejores prácticas en el manejo de residuos de sus granjas.La Proepa también colabora con autoridades municipales respecto al manejo de rellenos sanitarios y disposición de desechos. Sin precisar montos, la funcionaria estatal dijo que la mayoría de los ayuntamientos acumula multas sin posibilidad de solventarlas ni corregir las irregularidades.
