Policía portuguesa investiga el piso supuestamente abandonado por ETA

LISBOA, PORTUGAL.- La policía portuguesa investiga aún la vivienda con explosivos supuestamente usada y abandonada por la organización terrorista ETA cerca de la ciudad de Obidos, a 125 kilómetros al norte de Lisboa.

Aunque oficialmente las autoridades lusas guardan silencio sobre los detalles del hallazgo, medios estatales y fuentes consultadas confirmaron que la Policía tiene todavía en curso la investigación sobre el piso supuestamente utilizado por miembros de ETA.

Extraoficialmente su emplazamiento se sitúa entre las ciudades de Obidos y Caldas da Rainha, en el pequeño municipio de Santa María de Obidos, a pocos kilómetros también de una zona turística de la costa.

Los portavoces de la Policía Judicial (PJ) portuguesa, responsables de la investigación, rechazaron adelantar hasta el momento ninguna información, pero anunciaron la celebración hoy de una conferencia de prensa.

La noticia de que ETA tenía infraestructura en territorio portugués, como sospechaban las autoridades españolas y nunca se había confirmado en Portugal, fue ampliamente recogida por los noticiarios de radio y televisión de Lisboa.

El descubrimiento del apartamento se produce mientras la Justicia portuguesa se decide sobre la entrega, solicitada por España, de dos presuntos miembros de ETA detenidos en Portugal  el pasado 9 de enero, cuando huían de un control policial español cerca de la frontera.

Los detenidos, Garikoitz García Arrieta y Iratxe Yáñez Ortiz de Barrón, que permanecen en prisión preventiva, participaban presuntamente en el traslado de una furgoneta con explosivos y materiales para fabricarlos que se dirigía hacía Portugal cuando fue interceptada por la policía española.

El Gobierno español expuso desde entonces las sospechas de que ETA podía haber organizado una infraestructura en el vecino país, hipótesis no confirmada por ahora por los investigadores portugueses.

Según las informaciones difundidas en Madrid por fuentes de la lucha antiterrorista, el hallazgo de la vivienda lusa utilizada por ETA fue posible por una denuncia de los propietarios tras la desaparición de los inquilinos del inmueble.

Desde la captura de García Arrieta y Yáñez Ortiz de Barrón, la policía portuguesa, en colaboración con la española, ha investigado posibles actividades de ETA en Portugal, donde según el Gobierno de Madrid, la banda terrorista podría estar organizando una base de operaciones dada la creciente presión que sufre en España y Francia.

Madrid y Lisboa, que han estrechado la colaboración policial en el marco de la Unión Europea en los últimos años, han mantenido varias reuniones de alto nivel en las que se habló sobre ETA desde que, en 2007, se detectó que la organización terrorista utilizaba automóviles portugueses.

En agosto de ese año, tras cometer un atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Durango (Vizcaya), miembros de ETA huyeron en un coche de matrícula lusa que después hicieron explotar.

Dos meses antes otro vehículo alquilado también en Portugal fue abandonado, con 130 kilos de sustancias explosivas, cerca de la localidad de Ayamonte (Huelva), a pocos kilómetros de la frontera portuguesa, de la que procedía.

La entrega de los dos presuntos etarras detenidos en Portugal sigue entretanto pendiente de dos tribunales portugueses.

El Tribunal Central de Instrucción Criminal (TCIC) de Lisboa estudia una petición del Ministerio Público (Fiscalía lusa), para delegar sus competencias a las autoridades españolas y que ellas prosigan el juicio por los delitos que se les imputan en Portugal.

Este proceso se desarrolla de forma paralela a la causa abierta en el Tribunal de Relación de Lisboa sobre la entrega a España de ambos sospechosos en cumplimiento de una orden de detención europea cursada por la Audiencia Nacional en enero.

Este segundo procedimiento es más simple que la extradición pero su resolución podría demorar meses, dado que es apelable ante las más altas instancias judiciales lusas.

Contra García Arrieta y Yáñez Ortiz pesan en Portugal las acusaciones de resistencia a la autoridad, uso de documentación falsa y robo de vehículos, pero permanecen en prisión preventiva por la primera aplicación de una ley lusa de 2003 que contempla el delito de relación con organización terrorista que se les imputa en España.