El rey de Marruecos nombra a comisión encargada de reformar la Constitución

RABAT, MARRUECOS (10/MAR/2011).- El rey Mohamed VI presidió hoy en el Palacio Real de Rabat la ceremonia de creación de la comisión consultiva que se encargará de la reforma constitucional marroquí, formada por diecinueve personas y cuyo presidente es Abdelatif Menuni.

La mayoría de los miembros de la comisión han pertenecido a instancias oficiales de derechos humanos, como por ejemplo Driss El Yazami, presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CCDH) y antiguo miembro de la Instancia Equidad y Reconciliación (que investigó los llamados "años de plomo" durante las monarquías de Mohamed V y Hasán II).

Además, también forman parte de la comisión Ahmed Herzeni, ex presidente del CCDH, y Albert Sason, que fue miembro del mismo consejo, así como el antiguo embajador de Marruecos en Madrid, Omar Azziman, que ha presidido la Comisión Consultiva de la Regionalización (CCR) en Marruecos.

Importantes figuras académicas también han sido elegidas para integrar el equipo de expertos, como los politólogos Abdelah Saaf y Mohamed Tozy y el sociólogo Mohamed Berduzi.

El monarca alauí pronunció un discurso con este motivo, en el que pidió a la comisión que "escuche y consulte con el conjunto de las instancias y actores cualificados, sin excepción alguna, y que lleve a cabo un esfuerzo creativo con el fin de proponer un paradigma institucional preciso".

Según la agencia MAP, durante su alocución el monarca subrayó la importancia que otorga a "la participación de los partidos políticos en la óptima configuración y aplicación de una buena gobernanza constitucional".

"El pueblo marroquí seguirá teniendo la primera y última palabra con respecto a este proyecto de Constitución, que expresará directamente a través de un referéndum libre e imparcial", indicó Mohamed VI.

Además, aseguró que "nuestro objetivo común no es otro que conducir a Marruecos a una nueva era constitucional y democrática, en cuyo seno se consolide el Estado de derecho y de las instituciones, la ciudadanía, la dignidad, la unidad y la soberanía".

Los cambios previstos en la ley fundamental incluyen, entre otros, reforzar la figura del primer ministro como "presidente de un poder ejecutivo efectivo", ampliar las atribuciones del Parlamento o hacer de la justicia un poder independiente.