CIDH ordena a Venezuela aceptar candidatura de opositor

CARACAS, VENEZUELA (16/SEP/2011) La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) falló a favor de un opositor venezolano que demandó al estado de Venezuela por supuesta violación a sus derechos políticos y ordenó a las autoridades venezolanas levantar las sanciones que le impiden postularse a un cargo de elección, indicó el propio demandante, el ex alcalde Leopoldo López.

"Lo logramos, se hizo justicia. Estoy habilitado. Un triunfo de todos los que hemos luchado por los derechos y la justicia. Ganó Venezuela!", dijo López a través de su cuenta en la red social de Twitter.

"Con la decisión de la CorteIDH. A seguir trabajando para construir LaMejorVzla", expresó en otro mensaje a través de Twitter.

López, de 40 años y quien aspira a ser candidato presidencial en los comicios de 2012, en marzo del 2008, presentó la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la instancia que inicialmente es la que somete a consideración un pleito y decide si lo entrega o no a la Corte para que falle.

La Comisión pasó el caso a la Corte en diciembre del 2009 y le solicitó ese tribunal que declarara que el Estado venezolano violó los derechos políticos de López.

La Corte publicó el viernes en su página en la internet el dictamen en el que estableció que "el Estado (venezolano) es responsable por la violación del deber de motivación y el derecho a la defensa en los procedimientos administrativos que derivaron en la imposición de las sanciones de inhabilitación".

Agregó el escrito que el estado venezolano, por medio de sus órganos competentes, "debe asegurar que las sanciones de inhabilitación no constituyan impedimento para la postulación del señor López Mendoza en el evento de que desee inscribirse como candidato en procesos electorales a celebrarse con posterioridad".

Uno de los abogados de López, Enrique Sánchez, comentó que la sentencia "expresa que las inhabilitaciones políticas por vía administrativa son absolutamente incompatibles con la Convención Interamericana de Derechos Humanos".
La cancillería reaccionó en un comunicado en el cual el gobierno del presidente Hugo Chávez "no duda en calificar de políticamente parcializado" el fallo.

"Este pronunciamiento, que presume la existencia de una jurisdicción extraterritorial al pretender imponerle a Venezuela decisiones que son de estricto orden interno, constitucional y legal, y solo dependen de los órganos del poder público nacional", indicó la cancillería.

El gobierno rechazó "las maniobras nacionales e internacionales que pretenden victimizar a dirigentes políticos señalados por hechos irregulares en la administración pública, con el propósito de presentarlos como perseguidos políticos".
Añadió que la sentencia "será referida... a los órganos del poder judicial, para que analicen su pertinencia constitucional, una vez que sea notificado oficialmente".

El canciller venezolano Nicolás Maduro en declaraciones previas a periodistas afirmó que "en Venezuela existe un orden jurídico establecido, instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia y el poder ciudadano, esta es una decisión más, será estudiada y en su momento las instituciones se pronunciarán".

El dirigente venezolano alegó en su demanda que el Estado violó sus derechos políticos al imponerle una inhabilitación de tres y seis años para el ejercicio de funciones públicas prohibiendo su participación en las elecciones regionales del 2008.
López argumentó que su sanción fue una medida administrativa y no una condena penal firme dictada por un juez competente, lo que iba contramano a los estándares convencionales.

López fue inhabilitado a mediados del 2005 por la Contraloría General, entidad encargada de controlar la gestión fiscal, porque ese organismo determinó que el político recibió entre 1998 a 2001 donaciones para su movimiento por parte de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) cuando la madre de López, Antonieta Mendoza de López, trabajaba en esa petrolera.

López sostiene que los datos de la Contraloría fueron "manipulados" porque lo que hubo fue en 1998 la aprobación de un proyecto por parte de la junta directiva de PDVSA para "Primero Justicia" que en ese momento era un grupo no gubernamental encabezado por López.

Primero Justicia posteriormente se convirtió en partido político y López fue elegido alcalde de Chacao, en el estado venezolano de Miranda, en agosto del 2000, reelegido en octubre del 2004 y permaneció en el cargo hasta noviembre del 2008, cuando aspiraba a presentarse como candidato a la Alcaldía de Caracas, localidad vecina a Chacao.

Las sanciones de la contraloría comienzan a regir a partir de que un funcionario deja su cargo, los seis años de inhabilidad comenzaron a correr en 2008.

Debido a la sanción impuesta y ante el rechazo de diferentes apelaciones ante la justicia venezolana, López no pudo presentar su candidatura a comicios regionales del 2008.