Breves del mundo

Cuba libera a disidente que rechaza el exilio en España

LA HABANA, CUBA (05/FEB/2011).- Cuba liberó a Guido Sigler, uno de los 11 presos políticos que rechazan el exilio en España, destrabando un lento proceso de liberación de 52 opositores que el presidente Raúl Castro pactó con la Iglesia el pasado mayo.

La Iglesia Católica había anunciado la inminente liberación de Sigler, quien desea viajar a Estados Unidos, pero también de Ángel Moya, obrero de 46 años y esposo de Berta Soler —una líder de las Damas de Blanco—, que se quedará en Cuba y aún está sin excarcelar.

Guido Sigler, un técnico en economía de 57 años, fue dejado por agentes de seguridad del Estado en su casa en un pueblo de la provincia de Matanzas, al oeste de La Habana, según la oposición.

Ex candidato haitiano denuncia “robo” de la victoria

PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ.- El candidato oficialista Jude Celestin, excluido de la segunda vuelta presidencial en Haití por el Consejo Electoral Provisorio (CEP), estimó que le “robaron” el triunfo, aunque felicitó a los dos aspirantes habilitados para la siguiente ronda.

“Nos robaron la victoria”, afirmó Celestin, cuya candidatura era respaldada por el presidente René Preval y que fue dejado fuera de la segunda vuelta por un fallo del CEP que invirtió los resultados preliminares cuestionados por fraude.

Los haitianos deberán elegir mandatario el 20 de marzo entre la ex primera dama Mirlande Manigat y el popular cantante Michel Martelly. El partido en el poder en Haití, Inite, aceptó los resultados que excluyeron a Celestine.

Arizona impugnará a la autoridad federal sobre el Estado

PHOENIX, ARIZONA.- La gobernadora de Arizona Jan Brewer y miembros de la legislatura se disponían anoche a impugnar la autoridad del Gobierno federal sobre el Estado.

El diario “Arizona Republic” informó que el impulso federalista intenta restar poder a un Gobierno federal que algunos creen se ha extralimitado en materia de inmigración y salud.

Otros dicen que el movimiento es una pérdida de tiempo y dinero.

La senadora estatal Kyrsten Sinema dijo al “Arizona Republic” que entablar juicio al Gobierno federal costará dinero en una época de dificultades financieras.

Brewer dijo que está dispuesta a luchar en las cortes, con un fondo de defensa legal constituido por donaciones privadas que, de acuerdo con la gobernación, suman 3.7 millones de dólares.

Atacante de Tucson pasará primero por juicio federal, según un acuerdo

PHOENIX, ESTADOS UNIDOS.- Los fiscales estatales y federales concordaron en que el sospechoso de haber baleado a la congresista demócrata Gabrielle Giffords y otras 18 personas será juzgado primero en una corte federal antes de encarar cargos ante un tribunal estatal.

El acuerdo pactado en el caso de sospechoso Jared Loughner fue anunciado por la fiscal del Condado de Pima Barbara LaWall y Dennis Burke, fiscal federal en Arizona.

En una declaración escrita, los fiscales dijeron que la ley federal requiere la suspensión de todos los procedimientos judiciales estatales mientras prosigue el caso federal.

Obligan a ranchero supremacista indemnizar a ilegales

PHOENIX, ESTADOS UNIDOS.- La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco ratificó la sentencia contra un ranchero de Arizona, que le ordena pagar unos 87 mil dólares a un grupo de inmigrantes a los que detuvo amenazándolos con una pistola.

Fuentes judiciales señalaron que la Corte Federal de Apelaciones dictaminó que Roger Barnett no tenía derecho a argumentar “defensa propia” en el incidente registrado en 2004, porque él mismo admitió que el grupo de 16 indocumentados nunca lo amenazó ni atacó.

En febrero de 2009, un jurado federal en Tucson, sentenció a Barnett, aunque lo exentó de los cargos de golpes, detención ilegal y violación de los derechos civiles.

Chocan legisladores de EU por “Patriot Act”, ley de espionaje

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Legisladores estadounidenses se enfrentaron en el Congreso a propósito de la extensión de las disposiciones clave de una controvertida ley pensada para ayudar a las autoridades a prevenir atentados terroristas y que permite espiar a los ciudadanos.

Esas disposiciones, incluidas en la “Patriot Act”, expiran a fin de mes.

Lo que está en discusión son tres disposiciones centrales de la “Patriot Act”, aprobada tras los atentados del 11 de setiembre de 2001 para llenar lo que el Gobierno de entonces consideraba vacíos legales para reprimir y detener a  extremistas.

Esas disposiciones legales permiten a las autoridades realizar escuchas telefónicas, detener a ciudadanos extranjeros sospechosos de ser terroristas solitarios no vinculados a grupos extremistas e incautar documentos personales o empresariales considerados decisivos para una investigación.