Argentina: paro agrario por tiempo indeterminado

BUENOS AIRES.- Los productores agropecuarios, en abierto desafío al gobierno, ratificaron el martes la continuación por tiempo indeterminado del paro que realizan desde hace 13 días, contra gravámenes a la exportación de soja y girasol.
``Quieren dejar sin alimento a los argentinos'' advirtió durante la jornada el jefe de gabinete de la presidenta Cristina Fernández.
El anuncio fue hecho en rueda de prensa por dirigentes del paro. Uno de ellos, Eduardo Buzzi, dijo que las cuatro organizaciones del campo acordaron continuar el paro indeterminado ``ante la falta de respuesta por parte del gobierno nacional''.
Buzzi añadió que el paro ``es exclusivamente comercial'', por lo que continúan las cosechas y tareas relativas al campo. Seguirán, por lo tanto, sin actividad los mercados de granos, carne y leche.
Horas antes, el gobierno había calificado de ``extorsivo'' el paro de los productores rurales, que están cortando rutas en todo el país, y advirtió que dará a conocer a la población ``las utilidades infinitas'' que están percibiendo los sectores en conflicto.
En declaraciones a la prensa, el jefe de gabinete Alberto Fernández, aludió al paro iniciado por cuatro organizaciones del campo, que rechazan el aumento de las ``retenciones'' (gravámenes) que el gobierno aplica a las exportaciones de soja y girasol.
Fernández añadió que la medida de fuerza, que está comenzando a dejar sin abastecimiento de alimentos básicos a la población, ``es una desmesura. Lo que quieren es dejar sin alimento a los argentinos''.
Agregó que el gobierno contempla crear una subsecretaría que se ocupe de los problemas de los pequeños productores rurales, cuya situación es una de las razones invocadas por los organizadores del paro rural. Reiteró que cualquier negociación con los huelguistas está condicionada a que éstos levanten previamente el paro.
La presidenta Fernández, instalada el 10 de diciembre, enfrenta con este paro el más serio desafío político a sus programas económicos y sociales.
En el trasfondo del conflicto parece estar la impugnación de las organizaciones de productores a la intervención del Estado en los mercados.
El gobierno, como el de su antecesor Néstor Kirchner, defiende las ``retenciones'' como un legítimo instrumento de política económica, destinado a evitar que se trasladen al mercado interno los elevados precios que perciben los exportadores en el mercado internacional por la soja y otros productos.
El ministro de Economía Martín Lousteau, al anunciar las controversiales medidas el 11 de marzo, dijo que los gravámenes son también una medida de redistribución social, ante los beneficios sin antecedentes que han estado obteniendo los ruralistas en los últimos cinco años.
Hubo en la víspera un clima de tensión en distintos puntos del país ante la decisión de los organismos del campo de bloquear las rutas, para impedir la comercialización de productos del campo, lo cual amenaza con crear el desabastecimiento de algunos alimentos básicos.
Esa medida fue resistida por el poderoso sindicato de camioneros, aliado político del gobierno, cuyos adherentes se enfrentaron con los ``ruralistas''. La intervención policial evitó episodios de violencia, pero la situación de enfrentamiento proseguía el martes.
AP 25-03-08 IJALH