México es el séptimo país a nivel mundial con más armas de fuego en manos de civiles, con 16 millones 809 mil piezas largas y cortas. Sin embargo, alrededor de 13.7 millones de armas (ocho de cada 10) no están registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional.

Así lo señalan datos de Small Arms Survey, una organización internacional especializada en estudios de armas y violencia armada, cuyos datos muestran que México es el segundo país de América con más armas ilegales, sólo por detrás de los Estados Unidos, que cuenta con 392 millones 273 mil armas de fuego no registradas.

“Es algo que ha venido proliferando en los últimos tiempos. El crimen organizado está atrayendo una gran cantidad de armas, están pagando al crimen organizado parte del precio de las drogas con armas, y esto está provocando tantas armas en el país”, consideró Fernando Espinoza de los Monteros, investigador en derecho de la Universidad de Guadalajara.

Con ello, México ocupa el quinto lugar a nivel mundial con mayor número de armas no registradas ante las autoridades del mundo, sólo por detrás de Estados Unidos, India, China y Pakistán.

Aunque México tiene menos armas en poder de civiles que Rusia (17.6 millones) y Brasil (17.5 millones), estas dos naciones tienen menor número de armas sin registro que nuestra nación.

“Hay un descontrol de las armas, tenemos que ingresan a México dos mil armas diarias de la frontera de Estados Unidos, pero también de Centroamérica”, criticó Anuar García, profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Guadalajara. “Todo mundo está armado porque saben que no hay sanción por el nivel de impunidad, además, la legislación es muy permisiva”.

En promedio, México cuenta con 12.81 armas de fuego por cada 100 personas, un promedio que no se ubica entre los 25 países con más armas por personas.

Las estadísticas de Small Arms Survey también arrojan que las fuerzas policiales de México cuentan con 591 mil armas, siendo la novena a nivel mundial con mayor munición. Al tener un total de 455 mil policías en el país, cada oficial cuenta en promedio con 1.3 armas.

Por su parte, las fuerzas militares mexicanas cuentan con un total de 895 mil 285 armas, siendo las terceras más armadas de América, sólo por detrás del ejército estadounidense (4.53 millones de armas) y el brasileño (1.31 millones de armas).

Registro local

• De acuerdo con el Registro Federal de Armas de Fuego, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hasta 2016 se contabilizaron dos millones 850 mil 102 armas que los civiles usan para fines deportivos, de caza y para proteger sus domicilios.
• En Jalisco, que ocupa el segundo lugar después de la Ciudad de México, hay 94 mil 868 armas cortas y 166 mil 269 armas largas que fueron registradas legalmente.
• Frenar el tráfico ilegal de armas en México depende principalmente de la colaboración del Gobierno de Enrique Peña Nieto con el de Donald Trump (y próximamente con la administración de Andrés Manuel López Obrador), asegura José María Ramos García, investigador del Colegio de la Frontera Norte.
• Arturo Villarreal Palos, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), resalta que además del uso de tecnologías, es necesario que ambas administraciones compartan información y refuercen la vigilancia.

EL DATO

El Artículo 10 de la Constitución establece que los mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Los homicidios están incontrolables

La disposición y facilidad para adquirir armas de fuego en México, así como su ingreso y uso por canales ilegales, ha sido un factor para que se incrementen los homicidios por arma de fuego tanto en México como en Jalisco.

Así lo reflejan las estadísticas de mortalidad actualizadas al 2017 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), presentadas a su vez el pasado 31 de octubre, así como el recuento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdos con los datos del Inegi, los muertos en Jalisco se han incrementado un 37.25% entre 2015 y 2017, al pasar de 706 muertos por una agresión realizadas por cualquier tipo de arma de fuego (rifle o pistola) a los 969 muertos del recuento de 2017.

Por su parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta 893 homicidios por arma de fuego en Jalisco de enero a octubre de este año, lo que representa un 73.39% de aumento respecto al 2015, en el cual se reportaron 515 muertes por homicidio doloso mediante este tipo de instrumento.

El académico Anuar García, del Tec de Monterrey Campus Guadalajara, considera que la mayor cantidad de armas disponibles en México y Jalisco, junto a una legislación poco rigurosa que no castiga con prisión la portación de armas de fuego de cualquier clase, está originando un récord en los homicidios.

“Con las modificaciones a la ley que hubo en 2016, la portación de armas ya te permite salir con una fianza, no es prisión oficiosa… y tampoco le dan seguimiento a estas personas que salen de manera cautelar”.

Añade que “las personas puedan salir de la prisión con medidas cautelares, por eso los delincuentes saben que saldrán libres al siguiente día”, complementó el también presidente de México SOS capítulo Jalisco.

A nivel nacional, los homicidios intencionales con arma de fuego se han incrementado al doble en el último lustro, al pasar de los ocho mil 592 en 2014 a los 16 mil 898 tres años después.

“La cantidad de armas ilegales existentes entre la población mexicana ha sido un elemento que ha disparado los índices de robos, homicidios y actos delictivos, además de dar poder a las mafias en detrimento de la paz cívica”, reconoce un estudio sobre Controles de Armas en México publicado por el Senado de la República.

Por su parte, el estudio “Graves violaciones de derechos humanos: El tráfico legal e ilegal de armas a México”, realizado por la asociación civil Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y el proyecto Stop US Arms to Mexico, coincide en que el aumento de homicidios surge en coincidencia con la mayor cantidad de armas de fuego en México.

“Desde 1997, año en que México comenzó a registrar de manera formal el número de homicidios cometidos con armas de fuego, la tasa de homicidios fue a la baja… para después emprender una dramática escalada. En un lapso de 20 años, la tasa de homicidios perpetrados con armas de fuego en todo el país, aumentó en razón de 570 por ciento”.

Faltan controles

Que México ocupe el quinto lugar a nivel mundial con mayor número de armas ilegales o no registradas, es producto de la falta de controles oficiales en el registro de armamento, además del auge de las actividades del crimen organizado, el cual suele recurrir al tráfico de armas como un negocio. Así lo consideran académicos especialistas en temas de seguridad.

“Se entregan armas, morteros, y no hay siquiera un seguimiento de dónde proceden esas armas o qué delitos se cometen con las mismas, sólo se procede a destruirlas o a formar parte del armamento de la Sedena. No hay un control oficial real”, aseguró Anuar García, académico del Tec de Monterrey Campus Guadalajara.

Gracias al tráfico ilegal, los criminales tienen acceso a las armas largas y potentes que sólo utilizan ellos, lo que contribuye al deterioro de la seguridad en México.

“El crimen organizado ha cambiado su forma de operar, la gran cantidad de dinero que manejan es difícil manejarla, para ellos es más fácil pasarlo con armas, cartuchos y todo lo relativo a armamento, y es parte del pago”, explicó Fernando Espinoza de los Monteros, profesor de Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

El experto añade que debe haber un cambio de estrategia para un mayor control de armas en México y Jalisco. “Debe hacerse de manera individualizada hacia las zonas que tienen mayor incidencia de homicidios con armas de fuego”.

Un ejemplo de que, al menos en este tema, el crimen organizado está dos pasos por adelante de la autoridad, es el caso del Cártel Nueva Generación, cuyos integrantes han adquirido impresoras 3D para fabricar un laboratorio de fabricación de armas caseras tipo R-15 y AK-47.

La implementación

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la importación de armas, cartuchos y explosivos en México se encuentra regulada por el “Acuerdo que establece la clasificación y codificación de las mercancías cuya importación o exportación están sujetas a regulación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

El SAT destaca que introducir a México armas, municiones, cartuchos, explosivos y sustancias químicas relacionadas con éstos es una actividad delictiva sancionada por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Aumenta adquisición de armamento

La venta de armamento legal de Estados Unidos a México equivale a 122 millones de dólares en el trienio 2015-2017, una cantidad 12 veces mayor a la registrada en el periodo 2002-2004, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Así lo consignó el estudio “Graves violaciones de derechos humanos: El tráfico legal e ilegal de armas a México”, realizado por la asociación civil Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

“Desafortunadamente, el crecimiento desmesurado de la cantidad de armas que entran a México no ha sido acompañado de controles que, de manera efectiva y con transparencia, registren, vigilen y den seguimiento al uso final de dichas armas. Esto, con la finalidad de que dichas armas no caigan en manos de unidades policiales o militares a las que se les vincula con haber cometido graves violaciones de los derechos humanos”, afirma la investigación.

A partir del comienzo de la “guerra” contra el narcotráfico en 2006, se ha presentado un incremento considerable en el presupuesto para la compra de armas de fuego por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. De 2010 a 2016, el organismo informó adquirir armamento por valores de 16 millones de dólares y 29.7 millones de euros, incluyendo 10 mil 148 armas para uso exclusivo del Ejército.

No obstante, datos oficiales procedentes de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos aseguran que las fuerzas del orden mexicanas invirtieron cuatro mil 188 millones de dólares en 2016, principalmente para hacerse de siete mil 754 ametralladoras y nueve mil 741 fusiles.

De acuerdo con el estudio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, fundamentado en documentos oficiales de la Sedena, la Secretaría también ha incrementado la producción propia de armamento, destinando un presupuesto aproximado de mil 400 millones de dólares en el decenio 2007-2017.

Mientras que en el bienio 2012-2013, la Sedena produjo apenas cuatro mil armas, en los años 2016 y 2017 se incrementó la fabricación hasta 23 mil 600 armas de fuego.

Sin embargo, la adquisición legal de armamento por parte de la Policía y el Ejército mexicanos no ha impedido el robo del mismo en sus filas. Desde 2006, se ha reportado el extravío o robo de más de 20 mil armas adquiridas por la Policía Federal y estatal.

Según Small Arms Survey, México cuenta con la novena Policía más armada del mundo, con un total de 591 mil armas de fuego.

Baja participación en desarme voluntario 

Según datos del programa de desarme voluntario impulsado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en 2017 se recuperaron seis mil 895 armas de fuego, mil 219 granadas y 336 mil 104 cartuchos.

Sin embargo, de acuerdo con estimaciones de diversos organismos como el Center for American Progress, en su estudio “Beyound our Borders”, se estiman que 213 mil armas de fuego entran ilegalmente cada año al país, por lo que la cantidad de armamento recuperado representa apenas el 3.4% del total que ingresa a México de la frontera con Estados Unidos.

“Hoy, cualquier persona trae armas; antes había más control y no eran tan frecuentes los hechos de sangre con armas, pero ahora que están desatados los crímenes, hay muchas armas que no están registradas”, criticó Fernando Espinoza de los Monteros, académico de la Universidad de Guadalajara.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal denuncia que, según sus estimaciones, las autoridades de Estados Unidos y México sólo logran confiscar 14% de todas las armas de fuego que cruzan ilegalmente la frontera. “Dicha afirmación muestra el escaso seguimiento que existe en ambas naciones acerca de estos artefactos, a diferencia de los controles existentes por parte de la Sedena para la adquisición de armas legales”, destaca el estudio “Controles de Armas en México”, elaborado por el Senado de la República.

Los principales Estados de la Unión Americana donde procede el tráfico de armas son tres: Texas, California y Arizona.

“Hay un descontrol de las armas, tenemos que ingresan a México dos mil armas diarias de la frontera de Estados Unidos, pero también de Centroamérica”, denunció Anuar García.

De acuerdo con datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, en el periodo 2011-2016 se recuperaron 106 mil armas en México; es decir, unas 17 mil 600 por año. Esto apenas representa 8.85% de todo el armamento que ingresa a nuestro país.

TELÓN DE FONDO

Crecen asesinatos; cae decomiso

Aunque aún no concluye el año, en 2018, las muertes por arma de fuego ya superaron las de todo 2017. Suman mil 374 decesos por esta causa hasta el viernes pasado, en comparación con los mil 074 fallecimientos que se registraron durante 2017 (y que este año fueron superados el 10 de septiembre), según cifras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

Y mientras eso ocurre, los decomisos de armas de fuego por parte de autoridades federales y estatales en todo el sexenio van a la baja.

Durante 2013, el primer año de la administración de Aristóteles Sandoval, se decomisaron mil 632 piezas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía del Estado, pero para 2017 ambas dependencias sólo retiraron 745: la mitad.

Lo peor: entre enero y agosto de este año sólo se han decomisado 521.

Para el académico de la facultad de Derecho de la Universidad Panamericana (UP), Javier Soto Morales, ésta baja en aseguramientos no sólo se relaciona con el alza en muertes por arma de fuego, sino con el incremento de delitos en general que se han cometido en la Entidad y en los que se utilizan estas herramientas para ejercer violencia, lo que representa una “falla” en la estrategia implementada por las autoridades para la prevención del delito.

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