No faltará quién nos tilde de locos si pretendemos que las políticas públicas lleven un ingrediente de ternura, pero sin ponernos en los zapatos de otros, hay asuntos que no llegarán a buen fin. Solemos usar con excesiva facilidad en el arte de gobernar ciertos términos. “Las fuerzas de orden”; “la obligación del Estado de garantizar la seguridad”; “el combate a la violencia”. Poco desmenuzamos esas palabras como se desmenuza un bacalao, para que produzca un platillo sabroso. Pasó ya el puente “Guadalupe-Reyes” (12/12/13-06/01/14) y se aprobó una reforma energética (eso suena a licuado de Las Titas en Santa Tere) que deja preguntas cargadas de sospechas sobre los cómos y quiénes de su aterrizaje. En Guadalajara se aprobó, justo cuando los guajolotes vivían su transformación en pavos de Navidad, un alza al transporte público. 63% de los entrevistados en la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida del Observatorio Cómo Vamos Jalisco 2013, declararon ser usuarios de camiones. 63% de la población del Área Metropolitana de Guadalajara (cuatro millones 380 mil 600 habitantes) no es poco. En el arte de gobernar, palabras como las mencionadas, han de desmenuzarse bien para que produzcan convivencia segura en la ciudad, capacidad de aprovechamiento del conflicto (resiliencia), prevención, regeneración del tejido social. Un Gobierno con sentido de Estado, cualquiera que sea su ámbito, debe empeñarse en la construcción de puentes de paz. No lo hace cuando deja tantas preguntas abiertas en lo energético; de ahí las movilizaciones que se anuncian. Tampoco cuando impone a cientos de miles de familias un aumento en el precio del camión. Es cierto que hay decisiones públicas que deben asumirse aunque no sean populares, pero esta no parece ser una de ellas. Moverse en nuestra ciudad, irracionalmente extendida y casi toda de poca densidad, es un derecho postergado para quienes van a sus trabajos, escuelas, a abastecerse de insumos, a encontrarse con sus seres queridos, a ver palomas en las plazas. Este derecho se ha postergado por décadas, para favorecer al automóvil, y sin que se hayan cumplido añejos compromisos de los dueños de concesiones del transporte público. Estamos hablando de tensiones en la vida diaria; de familias que dejarán de alimentarse mejor para poder trasladarse. De cientos de miles de afectados en algo que duele —los bolsillos—, cuando no hay incrementos suficientes al salario y lo que se gana no rinde; exacerba diferencias sociales, y afecta a los usuarios de transporte público que señala Jalisco Cómo Vamos, pero también a algunos de los 87 mil usuarios de bicicleta que la encuesta reporta, que quizá lo hacen por serles incosteable el camión. Ojalá un día medidas como ésta puedan celebrarse: cuando haya con qué pagarlas; cuando ser camionero o concesionario merezca admiración por el cuidado con que se respeta la vida de peatones, ciclistas y otros viajeros. Si la ciudad no es el escenario para que florezca la familia humana, ¿en qué se convierte?
