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Viernes, 24 de Noviembre 2017

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Xochicuautla y el “capitalismo de compadres"

Xochicuautla y el “capitalismo de compadres

Xochicuautla y el “capitalismo de compadres"

San Francisco Xochicuautla es una comunidad otomí asentada en el municipio de Lerma, Estado de México, que ahora es noticia debido al despojo y la represión: el lunes 22 de abril más de 600 policías estatales desalojaron el campamento de resistencia que los pobladores han mantenido desde hace años. Y todo para asegurar la construcción de una autopista privada.

La comunidad de San Francisco Xochicuautla tiene nueve años defendiendo sus tierras frente al megaproyecto de la autopista Naucalpan-Toluca, obra de 39 kilómetros, cuatro carriles y un costo de 7,200 millones de pesos.

De imponerse, la autopista devastaría 3.9 millones de metros cuadrados de bosque, “del cual han sido guardianes desde hace miles de años, las mujeres y los hombres de San Francisco Xochicuautla, La Concepción, Xochicuautla, San Lorenzo Huitzizilapan, Santa María Tlalmimilolpan, Santa Cruz Ayotuxco y San Francisco Ayotuxco”. La devastación de ese bosque afectaría la producción de 250 millones de litros de agua por año, 30 por ciento del agua que se distribuye en los pueblos de la región y en las ciudades de México y Toluca, según el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra.

Pero hay un interés burdo y tenaz del Gobierno del Estado y del Gobierno federal por imponer esa autopista. ¿La razón? Se trata de un claro ejemplo de “capitalismo de compadres” que existe en el México corrupto de nuestros días (y de nuestro pasado). La obra fue asignada el 5 de diciembre de 2006 a la constructora Autopistas de Vanguardia (Autovan) en el gobierno estatal que encabezaba Enrique Peña Nieto; de hecho quien firmó la convocatoria para la asignación del contrato (“Licitación pública No. SCEM-CCA-01-06”) es Gerardo Ruiz Esparza, como secretario de Comunicaciones del gobierno estatal: hoy este personaje tiene el mismo puesto a escala federal.

Autovan es una empresa del Grupo Higa, del controvertido empresario Juan Armando Hinojosa. La obra no sólo afecta a las comunidades indígenas y tendría impactos sociales y ambientales devastadores: también tiene un tufo a corrupción que se huele a la distancia. Además de asignarse de manera directa, la obra no empezó en 2007 tal como se preveía en el contrato no sólo por la resistencia de las comunidades, sino porque el constructor no tenía dinero. ¿Cómo la arrancó? Gracias a un crédito de 2,775 millones de pesos, que Banobras le concedió en enero de 2013, justo un mes después de que Peña Nieto llegó a la presidencia.

Otro claro apoyo de Peña Nieto a esta obra es el decreto de expropiación que aprobó el 9 de julio de 2015 a favor de la empresa. El lunes llegaron 600 policías para tratar de imponer dicho decreto, violando amparos que la comunidad ha conseguido. Más allá de la defensa jurídica, Xochicuautla ha mantenido una resistencia que le ha permitido proteger su territorio y desnudar una obra que surge al amparo de las turbias relaciones entre el poder político y el poder económico. Economistas premiados con el Nobel, como Gary Becker, llaman a estas prácticas “capitalismo de compadres”, pero son tan extendidas y seculares que simplemente deberíamos llamarlo capitalismo. Tal como la comunidad de Xochicuautla lo ha desnudado.

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