Veracruz y las culpas

Cuando ocurrió la matanza de 17 jóvenes en Ciudad Juárez, en Villas de Salvárcar, en enero de 2010, el Gobierno federal asumió la responsabilidad de intentar explicaciones, pero sucumbió ante la tentación de calificar de manera apresurada como delincuentes a las víctimas. Nueve meses después tomó la decisión de crear una vocería para asuntos de seguridad que ocupó Alejandro Poiré, quien tuvo como misión hacer la narrativa y explicar los no pocos hechos de violencia que ocurrieron en diferentes estados desde agosto de 2010 hasta el 9 de septiembre de este año, cuando dejó el cargo y fue designado director del Cisen. En ese periodo, el discurso del Gobierno federal acerca de la responsabilidad compartida con las administraciones estatales en la inseguridad fue madurando y ganando en buena medida aceptación en diferentes círculos de opinión. En lo de Salvárcar, el Presidente se encontraba fuera del país pero fue él quien hizo declaraciones públicas, dejando ver que su Gobierno consideraba su entera responsabilidad enfrentar un hecho de esa naturaleza en el marco de su combate contra el crimen organizado. Ahora, con lo de Veracruz, el Presidente también estaba de gira por el extranjero. Pero ahora no se apresuró a hablar sobre el tema. La decisión fue dejar que la administración estatal de Veracruz se hiciera cargo. También se compartió con las instancias de Nuevo León la explicación central del asunto del Casino Royale (la conferencia aclaratoria fue en Monterrey con el gobernador priista al lado). En el caso de Veracruz, el procurador local, Reynaldo Escobar Pérez, salió la tarde del mismo martes, horas después de ocurrido el hecho, a informar en una rueda de prensa. No mencionó cuántos cadáveres había, pero afirmó que “todos” tenían antecedentes penales (incluso antes de que su equipo de peritos pudiera identificar a cada uno de ellos). A la mañana siguiente, cuando ya se había aclarado que eran 35 las personas muertas, fue el mismo procurador quien atendió las solicitudes de entrevista en los medios nacionales y locales, y sostuvo su dicho de que se trató de personas con antecedentes criminales, lo cual, dijo, se corroboró por medio del sistema Plataforma México que coordina el Gobierno federal. La precisión de lo dicho por el procurador aún está por comprobarse a plenitud, pero, en todo caso, la presión mediática y social estará sobre el funcionario veracruzano. El discurso sobre la responsabilidad de los estados en la violencia produjo ya una diferencia cualitativa en el comportamiento de los gobiernos. Está marcada la tónica para el último año del sexenio, el año electoral, en donde todos quieran repartir costos políticos. Saciamorbos Y hace semanas corrió fuerte que el ex mandatario sería el siguiente expediente en explotar.