Un paso adelante; dos atrás

El Congreso de la Unión abrió ayer la tribuna al debate sobre la incursión de agentes de la CIA, DEA y personal del Ejército de los Estados Unidos en territorio mexicano; pero —a pesar de lo atronador de los posicionamientos de los partidos políticos— ha sostenido una evidente actitud miedosa y lenta para que se aclare cuanto antes lo que el domingo denunció el diario estadounidense The New York Times. A contrapelo de la urgencia con que el Pleno de la Comisión Permanente votó y aprobó un Punto de Acuerdo, mediante el cual plantea “reuniones de trabajo” con los secretarios de G obernación, de Relaciones Exteriores y con Alejandro Poiré, éstos, sin embargo, no lo harán hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni tampoco la semana próxima, sino allá por el 30 o 31 del mes en curso, cuando víspera sea del inicio del periodo ordinario de sesiones que comenzará el 1 de septiembre. “No parece ser tan urgente, que se le da 20 días a la Comisión de Seguridad Bicameral para realizar la actividad que se le pide”, bramó ayer Pablo Gómez Álvarez, el irrebatible senador perredista. Hacía un instante, un diputado secretario de la Comisión Permanente había leído el Punto de Acuerdo que, a la asamblea, llegaba con el sello de haber sido acordado por unanimidad. Y en el dictamen de marras —tendría que ser votado y aprobado “por la vía de la urgente y obvia resolución—  se lee: “Se solicita “a los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Poder Legislativo, la realización de una reunión de trabajo con los secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores y el secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, a fin de que se informe respecto de las actividades de elementos pertenecientes a diversas agencias gubernamentales estadounidenses en territorio nacional, su número y equipo, así como los resultados de estas acciones de cooperación”. Unánimes, en la tribuna todos criticaron la hipocresía de los Estados Unidos y la abyección del gobierno de Felipe Calderón, que a todo parece decirle que sí a los norteamericanos. Pero los legisladores también fueron pasados por el escalpelo; y éste no fue otro que el de Pablo Gómez, quien en la tribuna dijo: “A mí no me gusta este punto de acuerdo, por una razón: primero, porque ante todo es un asunto de relaciones internacionales, antes de ser de seguridad pública. Segundo: porque un órgano que está en funciones (se refería a la Comisión Permanente) no debe pedirle a otro (órgano) del Congreso que por favor haga tal cosa, pudiéndolo él hacer”. Y apostillaba: “La Comisión Permanente puede hacer lo que le está pidiendo a la Comisión Bicameral”. Gómez Álvarez remachó: “Tercero: porque tampoco me gustan las cosas sin fechas, como ya tantas veces se ha hecho aquí, que le damos 20 días de plazo a la Comisión Bilateral para conversar en reunión de trabajo, ni siquiera en comparecencia, en reunión de trabajo con dos secretarios, el de Gobernación y el de Relaciones Exteriores; y por último: creo que las cosas van a quedar, todas, pendientes”. Tan pendientes de información y de explicaciones, insistía el perredista,  como han quedado, recientemente, los casos del operativo “Rápido y Furioso”; el de los sobrevuelos de aviones norteamericanos en territorio nacional y ahora sobre la operación de los agentes norteamericanos en México. Quienes pergeñaron el Punto de Acuerdo –la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, que preside el senador priista Manlio Fabio Beltrones— se aseguraron evidentemente que en el Punto de Acuerdo quedara establecido que el encuentro de los legisladores ocurra bajo la condición de “reunión de trabajo” y no el de una comparecencia. ¿Cuál es la diferencia? En la reunión de trabajo, los secretarios del gabinete presidencial no tienen sobre sus cabezas la exigencia constitucional de responder con apego a la verdad, y las conversaciones con los legisladores se dan, más bien, en los terrenos de la informalidad. En una comparecencia, en cambio, los comparecientes deben jurar que responderán con la verdad. Y el debate en una comparecencia es, por definición, más rudo, más exigente, más visto, porque las reuniones de trabajo no necesariamente el Congreso asume la obligación de hacerlas públicas o transmitirlas por el canal del Congreso. El otro factor del Punto de Acuerdo que Pablo Gómez criticó fue el de la fecha en que la tríada aquella de funcionarios deberá apersonarse ante la Comisión Bicameral de marras: “deberá desahogarse previo al inicio del periodo ordinario de sesiones”, se leía en un segundo párrafo del Punto. Y de ahí ha discernido Gómez —el único legislador que ha criticado, y votado en contra, del Punto de Acuerdo— que ocurrirá allá por el día 30 de agosto. Más allá de estas chicanerías legislativas, el PRI lució un debate atronador: “Cómo es posible aceptar estas descaradas intervenciones del Gobierno de Estados Unidos”, fustigaba el Revolucionario Institucional en voz de Carlos Jiménez Macías, uno de los senadores más avezados en la materia de relaciones exteriores. Y añadía: “Eso ellos lo hacen, pero no podemos permitir que México lo acepte. Me parece un agravio y creo que por eso la voz de todas las bancadas, está en la exigencia de información, insisto, ayer lo decía el presidente de la Cámara de Diputados (aludía a Jorge Carlos Ramírez Marín): con mucho acierto: ‘No es posible que Estados Unidos cuente con información, con la cual no cuenta México y en la cual hay una enorme opacidad”.