El escenario era el salón de Ayuntamiento de Tlajomulco, en el viejo edificio del centro. La escena era una sesión de ayuntamiento donde, para variar, se autorizaba la construcción de fraccionamientos, uno de ellas en la zona del Valle. Era octubre de 2003 y un regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llamaba desesperado a sus compañeros a no autorizar ese fraccionamiento, dado que en periodo de temporal servía como pequeña presa o vaso regulador. “Si autorizamos ahí, se va a inundar”, les advirtió. De nada valieron las advertencias de este regidor. La construcción de ese fraccionamiento se aprobó. Trece años después ese asentamiento se ha inundado en varias ocasiones.Las advertencias fueron ignoradas porque, con seguridad, algunos o varios de los regidores ya habían recibido dinero de parte de las constructoras a cambio de aprobar la construcción de los mega fraccionamientos de viviendas de interés social que en los pasados quince años han “inundado” la zona del Valle en Tlajomulco.La entrega de dinero de los constructores a los regidores (y funcionarios), no fue mera sospecha o denuncia sin fundamento, sino una realidad como admitió el regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Guadalupe García Castillo. “¿Los desarrolladores ofrecen dinero para aprobar los fraccionamientos”, se le preguntó. “Bueno, la verdad de las cosas pues a mí casi por lo regular nunca me han ofrecido dinero. Yo por ahí he agarrado 10 o 15 mil pesos máximo”. Esta plena confesión de lo que ocurría en Tlajomulco hace 13 años apareció en una serie de reportajes en el diario Público en octubre de 2003 (escritos por Sonia Serrano y el autor de esta columna) donde se daba cuenta del desmedido crecimiento inmobiliario que autorizaban los gobiernos de Tlajomulco, en muchos casos mediante la entrega de dinero a los regidores por parte de las constructoras, como admitió en ese arranque de sinceridad el edil del PRD. En esa serie de reportajes quedó asentado cómo el crecimiento desmedido iba a acarrear diversos conflictos, como las inundaciones. Además de las inundaciones, los pobladores, los expertos y el trabajo de campo indicaba que se crearían problemas de falta de servicios: agua, drenaje, educación, transporte, vialidades. Se estaba creando un inmenso conflicto social que ahora ha estallado.Con frecuencia al reseñar las inundaciones en los medios nos referimos a ellos como desastres naturales. Ningún desastre es “natural”, todos son sociales y más en el caso de Tlajomulco. Las inundaciones que afectan a miles de habitantes, especialmente a los más pobres, no son obra de un Dios que manda llover copiosamente, o efecto del cambio climático. Las inundaciones que se padecen en Tlajomulco son responsabilidad de los servidores públicos que aprobaron la construcción de casas en zonas donde no debían aprobarse. No fue una mera omisión, sino una decisión criminal puesto que sabían lo que hacían, se los advirtieron y aún así decidieron hacerlo. Pero qué importa. Ellos no viven ahí. La mayoría disfruta del dinero corrupto que las empresas corruptas repartieron para autorizar el crecimiento de la ciudad hacia Tlajomulco, una de las decisiones más lucrativa y más corruptas del capital inmobiliario de México.
