Sanciones penales a empresas corruptas

Por: Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra*

 

La corrupción es un mal social que en México representa la perdida de aproximadamente el 10% del PIB. Es un problema transversal que afecta todos los ámbitos del ciudadano como la seguridad, la economía, los precios de los productos, la infraestructura, la educación, la salud y el desarrollo social. Este problema, que no es nuevo ni exclusivo de nuestro país, debe ser abordado de mediante medidas vanguardistas de combate y prevención de la corrupción que permita a México crecer y poder ayudar a los más desfavorecidos.

 

Es claro que la corrupción más dañina es aquella donde las empresas sobornan a las autoridades sin menospreciar la “pequeña” corrupción en forma de “modestos” sobornos y dádivas otorgadas por particulares. Es esta corrupción a cargo de las empresas la que permite y tolera una tala indiscriminada de árboles, la contaminación en lagos y lagunas, los monopolios empresariales, los sobreprecios en obra pública, el desabasto de medicinas en las instituciones de salud, la subida de precios en los servicios, la energía y la gasolina, la construcción desmedida de viviendas, la contaminación visual mediante espectaculares sin regulación, entre muchos otros cosas. Estos graves daños sociales que afectan a cientos, miles o millones ocurren en favor de un negocio de dos: la empresa y el funcionario corrupto.

 

La corrupción es un negocio de dos partes. Por ello, las medidas de prevención y sanción tienen que ir destinadas tanto para el funcionario que recibe el soborno como para la empresa que lo otorga. A pesar de que otros países y los organismos internacionales como ONU, OCDE, OEA o el Banco Mundial han puesto énfasis en prevenir que las empresas incurran en estas prácticas y sancionen a aquellas que así lo hacen, México apenas esta dando sus primeros pasos sólidos en este sentido. Por ejemplo, en el 2012 salieron a la luz los sobornos que Wal-Mart pagaba para obtener licencias y cambios de uso de suelo para abrir sus tiendas en México. En Estados Unidos se abrió un procedimiento penal en contra de la empresa (que antes de la sentencia le ha costado más de 200 millones de dólares solo en pago de abogados), mientras que en nuestro país esta empresa quedó libre de toda sanción por la misma conducta.

 

A raíz de este tipo de casos de impunidad y de las sanciones tan bajas que estaban previstas para las empresas involucradas en actos de corrupción el legislador ha visto la necesidad de incrementar las sanciones para las empresas – en gran parte por la presión internacional liderada principalmente por la OCDE – y se han dado avances mediante reformas de ley que fortalecen el sistema de sanciones para las empresas involucradas en delitos de corrupción. Además del aumento de las sanciones penales, existen nuevos instrumentos legales del

 

sistema administrativo sancionador como la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (2012) y algunas iniciativas de ley, que están por aprobarse, que buscan endurecer las sanciones a las empresas que no implementen programas efectivos de prevención de delitos, especialmente la corrupción.

 

El aumento de las sanciones administrativas a empresas por los delitos de corrupción sigue la tendencia internacional al igual que la próxima inclusión de sanciones penales contra las empresas que no hayan implementado un sistema efectivo de prevención de delitos - de corrupción en este caso - mediante la inminente reforma al Código penal para incluir una responsabilidad penal para las personas morales. La experiencia internacional demuestra que los Estados persiguen cada vez más a las empresas por delitos de corrupción. La Foreign Corrupt Practices Act de los EE.UU, el Bribery Act del Reino Unido, y las sanciones penales que han afectado gravemente a multinacionales como Siemens (ha pagado 3,000 millones de dólares por casos de corrupciónn), ENI (más de 1000 millones de dólares) o Wal-Mart son solo el comienzo de una política global anticorrupción que busca regular la actividad empresarial.

 

Este año las empresas mexicanas tendrán que estar atentas de las leyes secundarias que acompañarán la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, además de las leyes especiales que comprenden sanciones administrativas, y sobre todo a la próxima reforma del Código penal que establece una responsabilidad penal a empresas y un catálogo de sanciones severas que prevén multas, la intervención de la empresa, la publicación de la sentencia, la exclusión de licitaciones públicas, reparación del daño y la disolución.

 

Pronto, la legislación mexicana estará a la par de los estándares nacionales en materia de combate a la corrupción por parte de las empresas y estas enfrentarán procedimientos y sanciones mucho más severas. Para ellas también vale el “más vale prevenir que lamentar”.