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Sábado, 19 de Octubre 2019
Ideas |

Rodolfo Torre, un año de impunidad

Por: Salvador García Soto

Cuando mataron al candidato del PRI al Gobierno de Tamaulipas muchos se sorprendieron por la forma artera y precisa como ejecutaron a quien ya se veía como próximo gobernador de aquel Estado. Condenas enérgicas, promesas de justicia, lamentos de la clase política, revelaciones de los medios; hasta fotografías sangrientas del crimen se conocieron entonces. Y un año después nada se sabe de quién y por qué asesinaron de ese modo al médico Rodolfo Torre Cantú.
Ayer, el gobernador Egidio Torre Cantú, hermano de la víctima, reveló un encuentro con la procuradora Marisela Morales en el que ésta reconoció que las indagatorias estuvieron abandonadas. En un año el ex procurador Arturo Chávez Chávez no avanzó nada en el esclarecimiento ¿Por qué el desinterés y la abulia federal para llegar al fondo del asesinato?, ¿pura incapacidad o algo encubren? El viernes pasado por la noche, en su encuentro con el gobernador tamaulipeco, la procuradora Morales se comprometió a reactivar la investigación y le mostró al mandatario nuevas líneas de investigación y nuevas pesquisas a partir de que ella llegó al cargo, en abril pasado. “Le dije (a la procuradora) yo te doy mi voto de confianza pero es el último que tengo”, comentó ayer el gobernador. Ante el vacío de avances oficiales del caso, prevalecen las versiones, la más socorrida es la que atribuye a “Los Zetas” la ejecución del candidato, en venganza porque la administración estatal anterior se cargó del lado del cártel del Golfo en la lucha a muerte por el control de Tamaulipas y otros territorios que libran desde hace dos años ambos cárteles. En el círculo cercano al gobernador se oyen versiones sobre un “crimen de Estado”, pero oficialmente esperan a que la PGR avance en sus indagatorias. Aquella mañana del 28 de junio de 2010, en la carretera Cd. Victoria-Soto La Marina, con Torre Cantú asesinaron a Enrique Blackmore, secretario particular, a su jefe de seguridad y a tres guardias. Los únicos sobrevivientes fueron Alejandro Martínez, secretario privado, y Enrique de la Garza, su cuñado. De los testimonios de sobrevivientes hay una reconstrucción según la cual, detenido el convoy por el comando armado que los interceptó, comenzó el intercambio de tiros pero los guardias del candidato apenas pudieron reaccionar; cuando ya habían caído varios, un sujeto se acercó hasta donde estaba el candidato y lo bajó por la fuerza de la camioneta, tirándolo al piso. Torre Cantú se incorporó y preguntó qué pasaba. “¿Por qué si yo no me he metido con ustedes?”, preguntaba. El sujeto armado le ordenó arrodillarse. “¡Híncate ca...!”. “No”, respondió el candidato, y una bala de alto calibre le perforó la rodilla. Ya arrodillado volvió a preguntar: “¿Por qué?”. La respuesta fueron unas bofetadas del asesino que le respondió con sangre fría: “Porque eres un bueno para nada”. Luego vinieron disparos en el pecho y ya tirado lo remataron por la espalda. Hace un año, en horas recientes al crimen, el gobernador Eugenio Hernández decía que el asesinato “cimbra a México y amenaza las instituciones del país y por eso debemos trabajar unidos”. Casi a la misma hora, el Presidente Calderón ofrecía: “Trabajaremos sin descanso con las autoridades estatales de Tamaulipas para encontrar a los culpables y llevarlos a la justicia” ¿Dónde está ahora el ex gobernador, dónde la justicia ofrecida por el Presidente? NOTAS INDISCRETAS… Gladis López Blanco, ex subprocuradora de Profeco, envió esta carta: “Estimado Salvador García. Leí con atención la columna Serpientes y escaleras publicada por usted el pasado 22 de junio del presente. En relación a los hechos que refiere, quiero expresarle categóricamente que es falso que exista una averiguación previa abierta por la Procuraduría General de la República en mi contra, hecho que también ya ha sido aclarado por las autoridades de la PGR en otros momentos. En el ánimo de proporcionar información confiable y precisa a los lectores del prestigiado diario en el que usted colabora, aclaro que me desempeñé como subprocuradora de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 15 de marzo de 2008, y que ninguno de los ahora detenidos en relación con el caso que menciona, fue contratado durante mi gestión. Es absolutamente falso cualquier nexo de mi persona con los involucrados en hechos ilícitos al interior de la Profeco. Reitero que desde marzo de 2008 concluí por completo mi relación laboral con la Profeco. Al respecto, es importante señalar que la normatividad interna de la Procuraduría no concede facultades a ningún funcionario para nombrar a quien lo reemplazará en el cargo, de modo que en mi papel de subprocuradora de Verificación no podía determinar a mi sucesor o algún otro directivo. Es mi convicción personal y profesional conducirme en todo momento con total rectitud y apego a la ley, y así lo he hecho, por lo cual lamento la información a la que hizo referencia, afectando la imagen pública y privada de mi persona. Por lo anterior, y de acuerdo con el derecho de réplica establecido en el Artículo 27 de la Ley Sobre Delitos de Imprenta, le solicito publique íntegra la presente, en el mismo espacio de la columna antes mencionada. Atentamente Gladis López Blanco”. Hasta ahí la carta de la ex funcionaria. Todos los datos contenidos en la columna que refiere fueron debidamente verificados. En todo caso, habrá que esperar a que la PGR determine si su nombre está o no contenido en la averiguación referida, pero en las denuncias de extorsión hechas por un grupo de gasolineros se refieren “a los inicios de la actual administración”, es decir, según los denunciantes las extorsiones ya existían en el lapso en el que ella estuvo al frente de la subprocuraduría y siguieron hasta 2010 cuando se detuvo a los primeros funcionarios involucrados… Se detienen los dados. Escalera.

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