El que la reforma en materia político-electoral aún no haya sido publicada, no obstante que desde el 31 de enero pasado fue promulgada, contrasta radicalmente con el proceso seguido con la reforma energética y la de transparencia, que el mismo día en que fueron promulgadas se publicaron en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), como ocurrió ayer con esta última. Lo anterior, además de interrogantes, muestra un vacío constitucional consistente en no establecerse un plazo límite entre la promulgación y la publicación de un Decreto; o bien, si transcurrido determinado tiempo de su promulgación y no se ha publicado automáticamente cobre vigencia. En las constituciones de diversos países este plazo se encuentra regulado. La discrecionalidad existente en nuestro país para que el Ejecutivo publique un decreto ya promulgado se convierte en una especie de nuevo “veto de bolsillo” que altera las adecuadas relaciones Ejecutivo-Congreso en el proceso legislativo. Pero eso no es todo, en la ceremonia misma de promulgación de la reforma político-electoral el Presidente de la República dijo en su discurso que enviaría en lo inmediato una reforma a la reforma aún no publicada para cambiar la palabra “compra” por “adquisición” (de cobertura informativa o tiempos en la radio y la televisión fuera de los supuestos previstos en la ley) como causal para la nulidad de los comicios. Y si a esto le agregamos que a la ceremonia de nacimiento de las nuevas disposiciones constitucionales no asistió uno de los tres padres de la reforma (Jesús Zambrano, del PRD), podríamos decir que la reforma nació muerta, o que es un hijo indeseado producto de una violación que ya no se pudo abortar. Mucho se ha escrito de los retrocesos y supuestos avances de dicha reforma. Propongo mejor referirnos a los olvidos y riesgos. Si algo se le pasó al órgano reformador de la Constitución fue modificar los criterios para asignar financiamiento a los partidos políticos y reducir su monto. El pasado martes se publicó en el DOF el financiamiento para los partidos para 2014, que asciende a un total de cuatro mil 001 millones, 325 mil 399 pesos, en un año no electoral. Pero, el problema no es sólo ese, sino que el financiamiento se determine a partir de multiplicar 0.65% de un salario mínimo por el número total de inscritos en el padrón electoral; y que la diferencia entre este y la lista nominal sea, (al 30 de enero del presente) de 12 millones 477 mil 107 personas, cuando en noviembre pasado era de tan sólo cinco millones 619 mil 146 electores, configurando lo que puede llamarse fraude. ¿Será que el IFE, para cobrarse que los van a desaparecer exhibe estas abrumadoras diferencias para perjudicar a los partidos? En el fondo de todo esto subyace un problema sumamente grave: que —como bien lo dice el Dr. José Barragán Barragán— todos los actos y decisiones que está tomando el IFE son nulos de pleno derecho por hacerlo con tan sólo cuatro de sus integrantes, cuando el quórum válido requerido para sesionar es contar con al menos cinco de los nueve integrantes de su Consejo General. ¡Cuidado!
