¿Para qué sirve el Congreso de la Unión?, es una pregunta recurrente que mucha gente suele hacerse en México. Y una de las respuestas que por ahí barbotan es aquella que dice que diputados y senadores son los representantes de la nación. Casi siempre se queda la gente en las mismas, con la interrogante a flor de piel. Tratemos de buscar un camino que nos conduzca a la respuesta aquella de para qué existe el Poder Legislativo. El Congreso, integrado por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, tiene dos funciones esenciales, básicas, fundamentales: construir leyes (función legislativa) y servir de contrapeso al ejercicio del poder público (función de control político). Saber cuál de las dos es la número uno, ha sido motivo de debates añosos. Hay quienes aseguran que la más importante función del Congreso mexicano es la de construir leyes, y es a ésta función la que deberían diputados y senadores estar dedicados de tiempo completo. Y nada más. Hay, sin embargo, quienes aseguran que la primera es la segunda; es decir, la función de control político, porque todo Congreso y Parlamento en el mundo no tiene otro papel más fundamental que la de servir de contrapeso a quienes ejercen el poder desde el Ejecutivo. Y es por una razón: el poder fue fraccionado para que éste se controlara a sí mismo, guardando el equilibrio de que hablaba el francés Charles Louis de Secondat, barón de Monstequieu, en el ensayo El Espíritu de las Leyes, inspirador del sistema de gobierno presidencialista, que inauguró en el mundo Estados Unidos de América. Aunque, por supuesto, esto del contrapeso viene de mucho atrás, en 1261, cuando la corona inglesa —buscando legitimar su absolutismo denostado por la gente a causa de tantos abusos— tuvo la necesidad de aceptar la creación de un grupo de súbditos que le estuvieran revisando gastos sobre los movimientos de tropas. De hecho, aquella vez fue el prólogo de ese gran libro que el mundo ha escrito con el título de Parlamento. Después de que Estados Unidos, a fines del siglo XVIII, se conformó en una república, dividiendo el poder en tres (Ejecutivo, Judicial y Legislativo), como lo había planteado casi medio siglo atrás el barón de Monstequieu (1748), México fue una de los primeros países liberados de España que entonces acogieron el sistema de gobierno presidencialista. Desde entonces, en México el jaloneo entre poderes ha sido intenso. En el siglo XIX disputaba el Poder Legislativo con tanto rigor al Ejecutivo que, en la reforma de 1857, hubo cambios drásticos: desaparecieron el Senado, para que quedara el Congreso solamente representado por la Cámara de Diputados (1858-1874). Los diputados —casi siempre pertenecientes a facciones que solían ser respaldadas por militares con tropa bajo su mando— se constituyeron en poderosos señores que tenían gran ascendencia sobre el trabajo del Presidente de la República, como fue el caso de Benito Juárez. En 1874, dos años después de la muerte del Benemérito, ocurrió otra reforma con la que regresó el Senado, con el propósito de desflemar al Congreso y así pudiera el Ejecutivo tener sus márgenes de ejercicio más amplios. El Congreso se fue al otro extremo: de gran regulador y no pocas veces obstaculizador —como sucedió en detrimento de la gestión de Juárez—, pasó a un estado de subordinación que, muchos años después, todavía lo carga. Porfirio Díaz, en sus 30 años (historiadores de toda cepa coinciden en que siempre estuvo detrás de su compadre, Manuel “El Manco” González) de dictador, hizo del Congreso un club bastante parecido a lo que el PRI logró hacer en sus primeros 70 años de gobierno. Un congreso con diputados y senadores dóciles, disciplinados y muy dados a la abyección, a cambio de garantizarse algunos años de carrera política que les facilitara, a la vez, posibilidades de enriquecimiento con recursos del erario público. Actualmente, el Congreso tiene aspiraciones más elevadas, más allá de la servidumbre que la clase política ha profesado al sistema de partidos. Pero no la tiene todas consigo. Y menos ahora en que el PRI ha regresado virtualmente a la Presidencia de la República. Diputados y senadores del PRI y PVEM, que siempre han sido proclives a la disciplina partidista, ahora lo serán más. Y, por tanto, las dirigencias se fortalecerán, para desventaja del Congreso de la Unión. Muchas, sino es que todas, de las decisiones que allí tomen en la incipiente legislatura serán motivadas por los intereses de quienes controlan a los partidos políticos, y la Presidencia de la República por supuesto. Y tales intereses no necesariamente coincidirán con los de la mayoría de la población mexicana. La oposición en el Congreso deberá asumir una posición acorde con los momentos históricos que se viven, si quiere hacer valer la función de control político como la número uno. Veremos.
