Si algo faltaba para darle un impulso definitivo al proceso de legalizar la producción, comercialización y consumo de mariguana, las declaraciones del presidente Obama a The New Yorker han tenido ese mérito. El día en que cumplía cinco años en el gobierno y a unos meses del proceso electoral que definirá si le da o no una mayoría (aunque sea relativa) en el Congreso para los dos años finales de su mandato, Obama decidió hablar de la mariguana. Obama dijo que él mismo había fumado mariguana cuando era un menor de edad, que lo consideraba un mal hábito y un vicio, que le había dicho a sus hijas que consumirla es una mala idea, una pérdida de tiempo y que no era muy saludable, pero que no era “muy diferente de los cigarrillos que fumé desde que fui un joven hasta gran parte de mi vida adulta. No creo que sea más peligrosa que el alcohol”. Apoyó los “experimentos” de legalización en Colorado y Washington, al tiempo que explicó que era importante que la legalización de la mariguana avanzara en esos estados para evitar una situación en la que sólo unos pocos son castigados, sobre todo si son afroamericanos o latinos, mientras que una gran parte de la gente ha violado esa misma ley no son molestados. Y agregó que aquellos que consideran que la legalización de la mariguana resolverá problemas sociales están exagerando. Probablemente tiene razón Obama cuando dice que la mariguana no es mucho más dañina que el alcohol o el tabaco, aunque sus efectos en la salud pública son diferentes. También cuando señala que quienes ven beneficios sociales en la legalización exageran o cuando dice que ese proceso de legalización no debería acompañar al de otras drogas con efectos negativos mucho más marcados. ¿Qué le dice a México la posición de Obama? Sería interesante que el Presidente Peña se lo pregunte cuando se vean, junto con el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, el próximo 19 de febrero en Toluca, porque el doble discurso sigue vigente: mientras se exige que México luche contra el tráfico de drogas, del otro lado de la frontera hasta el presidente Obama aboga por una legalización aunque sea parcial. Más allá de esas contradicciones, México no debería cambiar sus líneas de acción hasta que ese proceso de legalización esté más claro y haya algo más que declaraciones presidenciales. ¿Qué quiere eso decir? Que en México se debe ser muy cuidadoso con las propuestas de legalización. Lo que conocemos, por ejemplo, del anteproyecto de despenalización que se está planteando en la Asamblea Legislativa del DF es, sencillamente, un desastre, porque más que despenalizar el consumo lo que se despenaliza es el narcomenudeo, ya que los vendedores parecen tener más beneficios que los consumidores. Despenalizar el consumo de mariguana en lugar de endurecer las penas es un buen camino que evita que un consumidor o un adicto sea tratado como un criminal, pero se deben dar pasos previos con mayor certidumbre. Ningún estado de la Unión Americana comenzó como Colorado o Washington. En la decena que han abierto espacios a ese consumo lo hicieron con márgenes estrechos y muchas precauciones sociales, midiendo incluso el impacto médico de la medida. No deja de ser significativo que todos los estados que han legalizado, parcial o totalmente la mariguana son de los más ricos de ese país (y lo mismo puede decirse de Uruguay respecto a América Latina o a Holanda en relación a Europa) y con menos problemas sociales. Nada de eso se está aplicando en los estados, por ejemplo, del Sur profundo, donde se concentra la pobreza y desigualdad en la Unión Americana. Hay que insistir en un punto: despenalizar o legalizar la mariguana no cambiará las cifras de la violencia del crimen organizado en México ni supondrá una solución a sus desafíos, como tampoco se lo considera así en Estados Unidos, por lo menos en la voz de Obama: los experimentos sociales deben realizarse pero son eso, experimentos, sobre un terreno donde no hay visiones definitivas, pruebas concluyentes. Y por sobre todas las cosas: no olvidemos que una salida a este tema debe darse en forma global o por lo menos regional. Y finalmente regresar a los verdaderos especialistas que tratan día con día desde la salud pública el tema. Como dice Carmen Fernández, la directora de los Centros de Integración Juvenil, considerar que el proceso de legalización de la mariguana “constituye una panacea con la cual desaparecerán sus problemas asociados es ilusorio, ya que legal o ilegal los efectos negativos de la mariguana sobre la salud, la sociedad y el Estado son los mismos. Por regla matema´tica: a mayor nu´mero de consumidores, mayor nu´mero de problemas asociados”. El reto es contar con programas efectivos y eficaces orientados a la reduccio´n de la demanda. Nada de eso entra en el discurso de la política y la mariguana, quizás porque es mucho más difícil de lograr y en la política suelen gustar las salidas fáciles.
