Son insuficientes las medidas de austeridad anunciadas por el gobernador Aristóteles Sandoval, ante los impactos del gasolinazo y el incremento en todos los productos y servicios. Debe ampliar los recortes, despidos y combatir los excesos en la administración central y sus organismos públicos descentralizados, pero las acciones deben ampliarse a los organismos autónomos, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y la Universidad de Guadalajara (UdeG).Derechos HumanosEl Gobierno de Jalisco debe refundar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es imperdonable que este organismo, que debería defender a los sectores más vulnerables de los errores de la administración pública, se convirtiera en una “obesa” oficina y cómplice del poder central.En 1999, la Comisión tenía 120 empleados y un presupuesto de 28.3 millones de pesos. Hoy, la plantilla casi se triplicó a 300 y cuenta con 141.7 millones de pesos para 2017, pero está invadida en los mandos principales por panistas, compadres o amigos de Emilio González Márquez y Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.Si Aristóteles tolera los excesos es a cambio de que no le arruinen el desayuno con una de las recomendaciones emitidas por el ombudsman. Así lo argumento: de las 50 recomendaciones emitidas en 2016 ninguna se dirigió al gobernador como cabeza del Poder Ejecutivo.Hay dos casos emblemáticos de la Comisión: la inservible macro-recomendación por la contaminación del Río Santiago (tras la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha) y, por otra parte, una indemnización por más de 20 millones de pesos a favor de una mujer que recibió un balazo de un policía de Guadalajara. Sobre este caso, a la víctima se le resarció el daño económicamente, pero no fue por una recomendación del ombudsman sino por una resolución del polémico Tribunal de lo Administrativo del Estado. ¿Entonces para qué sirve la Comisión?La cereza del pastel son los salarios en el organismo: coordinadores, secretarios, directores y visitadores ganan entre los 50 mil y 94 mil pesos; es decir, igual o más que los alcaldes de Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque, Zapopan o Guadalajara (con las respectivas reducciones anunciadas de los primeros ediles). Y Felipe de Jesús Álvarez Cibrián le cuesta al erario 148 mil 720 pesos mensuales, además de vales de despensa por dos mil 191 pesos.Salarios excesivos para un organismo defensor de los derechos humanos de los jaliscienses.Instituto ElectoralEn el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) se indignan cuando se publica en los medios de comunicación, por ejemplo, que este año costará 403.9 millones de pesos al Estado. Su defensa es que los partidos políticos se devoran 269.8 millones de esa bolsa. Es correcta la precisión, pero en 2007, el presupuesto para el Instituto y los partidos solamente era de 97.4 millones de pesos. Ya se cuadruplicó en una década.El año pasado, sin periodo electoral, en el Instituto se gastaron 139.3 millones de pesos en salarios de funcionarios y en su operación. El organismo transparenta: ¿Qué es el IEPC? Su Respuesta: Es el organismo público autónomo depositario de la autoridad electoral, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar los procesos electorales locales y los de plebiscito y referéndum”. Sin embargo, la conclusión es contundente: si no se registraron elecciones en 2016, esos 139.3 millones de pesos erogados el año pasado son el ejemplo del derroche que Aristóteles Sandoval consiente en complicidad con el Congreso del Estado (el IEPC y los partidos se despacharon con 391.7 millones en total en 2016).El Instituto abunda que sirve para “promover una cultura política sustentada en la tolerancia, la democracia, la identidad nacional y el pluralismo mediante actividades y programas de educación cívica y electoral”. Pésimo chiste.El Instituto cuenta con seis consejeros y un presidente, pero es absurdo que, cada año, 18 servidores públicos en el área de los Consejeros cuesten 7.4 millones de pesos (en personal permanente). Más absurdo que la oficina de Presidencia tenga ocho trabajadores, con un costo anual de 3.1 millones de pesos en salarios (en personal permanente). Y no estoy contabilizando los 139 mil pesos que perciben mensualmente cada uno de los seis consejeros electorales, o los 163 mil pesos del presidente Guillermo Alcaraz Cross.Asesores, secretarios, directores, jefes de departamento, coordinadores y contralor perciben entre 70 mil y 98 mil pesos. Otro ejemplo del abuso del erario.Y del Tribunal Electoral de Jalisco otro día abundamos, pero este año se despacha con 46.9 millones de pesos para mantener la buena vida de los magistrados y sus directivos.UdeGNadie duda del exitoso modelo de regionalización alcanzado por la Universidad de Guadalajara (UdeG). Por un lado, los subsidios de los Gobiernos federal y estatal todavía se quedan cortos para la demanda estudiantil porque todos los años se repite la historia: miles de aspirantes se quedan con la ilusión de ingresar a los niveles medio superior y superior. Por otra parte, falta más presupuesto para mejorar el nivel estudiantil-académico, la infraestructura y seguridad de la casa de estudios. Eso es incuestionable.Sin embargo, hay muchas aristas que merecen un análisis por separado.Primero: Si en 2007 la UdeG tenía un presupuesto inicial de cinco mil 140.7 millones de pesos, este año ya lo duplicó a 10 mil 530.6 millones provenientes de los subsidios federal y estatal. Las presiones universitarias forman parte del incremento, pero se añaden casi dos mil millones de pesos de ingresos autogenerados y fondos externos (en total, tendrá este año 12 mil 504.8 millones de pesos).Si bien el presupuesto se duplicó en los últimos 10 años, la matrícula no tuvo la misma efectividad: en 2007 había 195 mil estudiantes en toda la Red Universitaria, mientras la última información documenta que apenas aumentó a 265 mil alumnos.Segundo: En ese contexto es preciso recordar el nivel de los principales sectores poblacionales que deberían recibir los beneficios de la educación pública en Jalisco. Los resultados dicen todo:En Jalisco hay 434 mil 574 jóvenes de entre 15 y 17 años, en edad de cursar el nivel medio superior, pero la UdeG solamente capta a 146 mil 502 (33.71% del total). Si añadimos a los jóvenes que estudian en otros sistemas (como el privado o particular), un total de 126 mil 192 jaliscienses no estudian este nivel educativo. Gravísimo el rezago.En el nivel superior empeoran los indicadores: de 853 mil 516 jaliscienses de entre los 18 y 23 años de edad, la UdeG sólo atiende a 118 mil 665 (apenas el 13.90%). Si descontamos a los que estudian en otros sistemas (principalmente el privado), 734 mil 851 en edad de estudiar licenciatura no tienen el privilegio de estar en las aulas de la Universidad pública.Tercero: Ante ese escenario demoledor para el bono demográfico, vale la pena recordar que, en 2007, la UdeG tenía 13 mil 657 trabajadores académicos, mientras este año la cifra ascendió a 18 mil 619. Sobre el personal administrativo, en 2007 había 10 mil 116 y la cifra bajó en el presente a ocho mil 173. Una arista que merece una explicación.Una pregunta clave: ¿Cuánto cuesta la nómina de la Universidad, entre académicos y administrativos? En 2007, la plantilla costaba tres mil 514 millones en sueldos y prestaciones (sin contar otros 166.7 millones en estímulos para académicos, pero tampoco las becas o los programas), pero este año la cantidad se duplicó a siete mil 878.3 millones de pesos (sin contar 519 millones para estímulos al desempeño docente). El doble.Ante esa realidad del rezago educativo y el gasto en la nómina, lo que debe revisar el gobernador de Jalisco son los privilegios de la burocracia dorada de la UdeG.Una primera observación es por qué los servicios personales y el gasto de operación se incrementó a 96.2 millones de pesos en la Oficina de Rectoría. Por su parte, la Vicerrectoría Ejecutiva se gastará este año 46.6 millones; la Secretaría General, 42.6 millones, y la Contraloría, 41.6 millones de pesos. Otra pregunta: ¿Por qué estas cuatro dependencias gastan cada una entre ocho y 16 veces más que el Despacho del Gobernador de Jalisco (6.7 millones de pesos)? Una más: ¿Y las medidas de austeridad de la UdeG?Dentro de ese gasto se incluyen los salarios jugosos de los principales mandos de la UdeG. El rector Tonatiuh Bravo Padilla tiene una percepción bruta mensual de 174 mil pesos; es decir, cuesta al erario más que el gobernador (166 mil pesos), pero gana más que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México (105 mil pesos).Miguel Ángel Navarro, vicerrector, percibe 165 mil 362 pesos; el secretario general, Alfredo Peña Ramos, 152 mil 471; Ruth Padilla Muñoz, rectora de centro universitario, 134 mil 953, entre otros.La bolsa de percepciones se dispara porque se incluyen los sueldos y la antigüedad de los involucrados. Esta última gratificación es un privilegio que ni siquiera disfruta el gobernador por sus años de servicio público.La última reforma para que nadie gane más que el gobernador y el Comité Técnico Salarial son una vacilada. No hay congruencia entre los salarios de los gobernantes y los gobernados. El gasto en los organismos autónomos es una ofensa para los jaliscienses.Las medidas de austeridad del Gobierno del Estado se opacan ante los excesos exhibidos.
