Uno de los síntomas más evidentes de que algo no funciona en una sociedad es cuando lo justo y lo legal están disociados. En una sociedad democrática con pleno Estado de derecho, la aplicación de la ley es sinónimo de justicia, y cuando un ciudadano pide justicia lo que demanda no es otra cosa que la aplicación de la ley que por principio es una e igual para todos. Los mexicanos, contrario a lo deseado, tenemos perfectamente disociado lo que es legal de lo que es justo. No sólo no pensamos que son una sola cosa, dos caras de un mismo individuo, sino que las vemos como parientes lejanas: lo legal casi nunca es considerado como justo, y lo que se pelea como justo muchas veces es francamente ilegal. Para muchos de los mexicanos, lo legal es la forma en que los poderosos justifican sus fechorías. Y no falta razón. La burocracia justifica sus acciones, fuera de todo sentido de justicia, en la legalidad de éstas; los empresarios amparan sus abusos en la legalidad. Pero igual las demandas de justicia se hacen fuera del marco legal. Que los vendedores ambulantes se apropien del espacio público es ilegal, pero se considera un acto de justicia; que unos manifestantes atenten contra el patrimonio ajeno es ilegal, pero se vuelven intocables si su causa es considerada justa. Cuando la legalidad justifica la injusticia y la justicia se ampara en la ilegalidad, algo no está bien. Tenemos que acercar la ley a la justicia y la justicia a la ley. Hay que desprendernos de la idea de que la justicia la hace el poderoso, el que otorga las becas, reparte los útiles escolares, entrega las medicinas o las escrituras de un terreno, el que resuelve de un plumazo una carencia saludando siempre con dinero ajeno, para concebirla como un derecho universal que emana de un principio básico: todos somos iguales ante la ley. Hay, también, que quitarnos de la cabeza que lo legal es sólo una serie de normas burocráticas a cumplir para no ser castigados, y concebirlo como la estructura que le da sentido y soporte a la vida social. La función de las leyes es facilitar la convivencia, dar certeza a todos de que lo que se hace respeta siempre los límites de lo ajeno, no meter al ciudadano en un laberinto burocrático. Es evidente que nuestras leyes están lejos ser un facilitador de la justicia: estamos sobrenormados y al mismo tiempo desprotegidos. Pero mientras no avancemos en la construcción de un Estado de derecho donde legalidad y justicia sean lo mismo; mientras los mexicanos consideremos a la legalidad como un asunto burocrático y la justicia como algo exógeno, que es administrada por una fuerza superior, sea una divinidad o un poderoso, nuestra democracia está condenada a no pasar del ámbito electoral.
