La negación a ultranza del Estado fallido

Un día después, en los territorios del Congreso mexicano, el debate consistía en discernir si había sido o no una desaparición de poderes de facto en Michoacán. Otra vez el Poder Legislativo se bifurcaba en dos caminos: uno era el que seguían los opositores de la izquierda, que decían eso, precisamente, que había sido una toma de la Entidad michoacana sin haber considerado los más mínimos modos legales y políticos. Y otro era aquel en que legisladores oficialistas y oficiosos (priistas, y panistas, pvemistas y de Nueva Alianza) se ponían a defender a ultranza la posición del Gobierno, jurando que no era desaparición de poderes, sino pura coadyuvancia de la Federación.

 

En el decreto presidencial mediante el cual Enrique Peña Nieto creó la figura del comisionado especial para el Estado de Michoacán, escocía en los linderos del Congreso porque rezumaba autoritarismo y sospechas.

 

Autoritarismo porque el Presidente de la República no esperó que el Congreso michoacano interviniese en lo más mínimo, en la solicitud que echó a los cuatro vientos el gobernador Fausto Vallejo, de que interviniera el Gobierno federal. Y rezumaba sospechas, desconfianza, porque hicieron de facto a un lado a los grupos de autodefensa, que habían demostrado en los últimos días de una contundencia jamás vista en el Ejército, en la Marina, y en ninguna de las policías acantonadas en el Estado, en el combate institucional contra el crimen organizado.

 

La tierra de Michoacán está tan caliente que los sucesos ocurren con una gran vertiginosidad. Y lo que dicen unos en el Estado, con gran rapidez acá, en el Congreso, se los contestan, posicionándose. El comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán, Alfredo Castillo, reaccionaba a propósito de quienes dentro y fuera del Congreso de la Unión juran que fue una desaparición de poderes, en la que virtualmente fue “borrado” el gobernador Fausto Vallejo.

 

“El mandatario”, afirmó Alfredo Castillo al noticiario de Carmen Aristegui, “juega un papel fundamental al aceptar la coordinación con el Gobierno federal y ceder algunas funciones, entre ellas la designación de quien tome las riendas de la Procuraduría y Secretaría de Seguridad Pública estatales”. Y rechazaba la versión de que en la realidad desaparecieron los poderes en Michoacán.

 

Una fuerte contestación a tales declaraciones, recibió Castillo en voz de Lizbeth Rosas Montero, diputada federal del PRD, quien dijo: “Es la concentración de un Gobierno mafioso. Es un absurdo y un total despropósito que en la crisis de Michoacán, el Ejército, PGR y SSP federal ataquen y causen bajas en la población civil y en contra de las autodefensas, diciendo que quieren retomar las poblaciones de Nueva Italia, Apatzingán y varias zonas más de la Tierra Caliente”.

 

El apostille uno de Lizbeth: “Esto es el mundo al revés. El Gobierno ya no tenía control ni dominio sobre ninguna de esas zonas. El Gobierno estatal, inexistente desde un inicio con un alfeñique desmadejado encabezándolo, y el federal totalmente indiferente, dejando hacer a placer al crimen organizado, que en esa zona encabezan delincuentes denominados como ‘Caballeros Templarios”.

 

El apostille dos: “¿Cómo es que ahora, cuando los delincuentes se encuentran escondidos y las autodefensas están dando la cara a la ciudadanía brindándoles seguridad, llega la Policía Federal y el Ejército a querer detener a estas autodefensas y a disparar en contra de civiles?”

Y el apostille tres de la diputada federal: “¿Realmente llegó a tanto el cinismo de Enrique Peña Nieto? ¿Realmente le va a hacer el trabajo a los templarios? Es un hecho: el Gobierno de Peña Nieto no sabe o no quiere enfrentar a sus ex patrocinadores. Es decir, (el dilema de) ¿cómo enfrentar al crimen organizado, al que le debe su Presidencia?”.

 

Un hecho jurídico en el currículo de Castillo, el comisionado de marras, puso a sudar a los diputados y senadores oficialistas y oficiosos, cuando reporteros en distintas conferencias preguntaban opiniones sobre el que fuera procurador de justicia en el Estado de México (Alfredo Castillo), el mismo que colaboró en la investigación de la muerte de la niña Paulette, cuyo desenlace, luego de dos semanas de búsqueda, consistió en dejar como verdad jurídica que la niña no desapareció sino que estuvo siempre en su recámara, ahogada por las sábanas entre el colchón de su cama y la pared.

 

Ninguno lo cuestionó y afirmaron que Michoacán está ante una excepcionalidad de la que, sin embargo, tampoco da para la desaparición de poderes, porque todavía hay coordinación entre los poderes estatales.

 

Esto decían en el Congreso federal priistas, panistas, pvemistas y aliancistas; pero otra cosa, muy distinta, los diputados locales michoacanos, que al mediodía se quejaban de que nadie les consultó nada y que el decreto presidencial llegó rezumando autoritarismo.