Dicen los políticos, acostumbrados siempre a trabajar con dinero ajeno, que lo que se resuelve con dinero sale barato. Efectivamente, si el problema del Poder Judicial fuera dinero estaríamos muy cerca de tener justicia, pero no es así. Sin negar que hacen falta recursos materiales para dar salida al enorme rezago que tienen los juzgados en el Estado, está muy lejos de ser el problema. La justicia en México y en Jalisco tiene un rezago histórico. En nuestro país, el Poder Judicial, elemento fundamental de toda democracia funcional pues es lo que nos permite vivir en paz pues ponemos en manos de otro la resolución de los conflictos y la aplicación de las leyes, ha estado históricamente supeditado al Poder Ejecutivo o su equivalente (la monarquía, el dictador o el presidente imperial). La reforma del gobernador Guillermo Cosío a finales de los ochenta buscaba romper con la subordinación del poder judicial al gobernador en turno y para ello se decretó la inamovilidad de los magistrados. Con Alberto Cárdenas en el poder se hizo otra reforma para crear el Consejo de la Judicatura, a imagen y semejanza al que había hecho Zedillo en el ámbito federal, para administrar y vigilar el trabajo de los jueces. Con el tiempo, el Poder Legislativo, nuestros queridos diputados, encontraron la manera se pervertir el espíritu de las reformas y hoy son ellos quienes nombran, en un singular reparto de cuotas, a los magistrados y consejeros del poder judicial creando nuevos lazos de dependencia. El resultado es que en Jalisco los juicios tienen precio. El problema de fondo es que la justicia no es ni expedita, ni gratuita ni mucho menos equitativa. Esto que se dice tan fácil tiene un costo económico y social enorme. En todos los estudios de competitividad el rubro que más afecta a Jalisco es el acceso a la justicia. No tener certeza jurídica encarece cualquier proceso económico, pero sobre todo se convierte en una gran generador de desigualdades sociales. Los jueces y magistrados merecen un lugar digno para trabajar y tenemos que hacer de la carrera judicial un verdadero privilegio social: ser juez o magistrado debería representar la más alta aspiración de cualquier abogado, y hoy por hoy eso no es así. Para ello se requieren recursos, pero el dinero no es la solución, es el medio para aplicar políticas públicas que nos permitan aspirar en el mediano plazo a un poder judicial confiable e independiente. Mientras no exista una especie de plan de desarrollo institucional y compromisos claros de todos los órganos y niveles de Gobierno y de la sociedad para cambiar la justicia en Jalisco, el dinero puede solucionar situaciones pero no el problema.
