Si el camino para alcanzar un sistema político auténticamente democrático pasara por las reformas electorales, hace tiempo que en México no echaríamos de menos la democracia. En 80 años, México ha tenido al menos quince reformas político-electorales, la mayoría en las pasadas dos décadas, y sin embargo lo que tenemos en el país es la insatisfacción de la mayoría de la población con su sistema político, insatisfacción que se manifiesta con el desencanto hacia un sistema que no se califica de democrático, con un rechazo abierto y marcado hacia los actores (representantes electos, políticos profesionales), instituciones (organismos electorales, partidos) y las formas (elecciones, sistema representativo) que asume el modelo de organización política vigente. En un ensayo de hace un par de años, el entonces presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdez presentó un resumen de las reformas políticas que han existido en México desde 1933. Según el presidente del IFE, las reformas políticas en México se pueden dividir en dos periodos: 1) 1933-1972 cuyo característica dominante fue la centralización política y la consolidación del PRI; y 2), 1977-2013, definidas como de “liberalización y cambio político”. Los cambios se llevaron a cabo en los años 1933 (ampliación del periodo de diputados y senadores), 1946 (centralización autoridad electoral), 1951, 1953 (voto a la mujer), 1963 (diputados de partido), 1972, 1977 (representación proporcional), 1986, 1989, 1993 (creación del IFE y del Cofipe), 1994, 1996 (financiamiento público a partidos), 2007-2008 (aumento de facultades fiscalizadoras al IFE), 2010 y 2013. Si miramos los años de las reformas, podemos constatar que coinciden casi todas, con momentos de movilizaciones sociales que abren crisis políticas. De ese modo se constata que las reformas, como los derechos sociales, son conquistas de las movilizaciones sociales, no dádivas del poder. Los cambios institucionales y formales en el sistema político electoral se promueven para quitar presión social al Estado por las exigencias de la sociedad o de sujetos en lucha. Pero a pesar de todos estos cambios, a pesar de todos los esfuerzos y energías sociales invertidas por el pueblo mexicano para hacer, primero, universal y secreto el derecho al voto, para tratar de evitar fraudes, para evitar que el partido en el poder controle el organismo electoral, y para tratar de tener una contienda por el poder público en igualdad de condiciones, los años recientes indican que las reformas no han alcanzado el objetivo de tener un sistema político democrático que garantice la participación cada vez más amplia y extendida de la población en los asuntos que le conciernen. No ha sido así. Además de quitar presión sobre el sistema político, las reformas electorales han aumentado las prerrogativas y prebendas para la clase política profesional y los gobiernos. La más reciente reforma, que abre paso a la reelección de legisladores, y a las candidaturas independientes, está diseñada con los mismos objetivos de quitar presión social, pero en el fondo no toca el núcleo del sistema, pues deja intacto un sistema político (de representación política) que hace tiempo es obsoleto.
