La entrega de un país

Conforme el periodo ordinario de sesiones se acerca, a la República se le acumulan más fierros en la lumbre y es hora en que el Congreso de la Unión no muestra el nervio. Es mitad de agosto y no se sabe si asumirá con determinación su función constitucional de control político o si se internará –como ha sucedido en tantas ocasiones– por los territorios de la simulación. Está abierto el expediente del injerencismo estadounidense en México a través de los agentes de la CIA, DEA y personal del ejército de los Estados Unidos;  la pugna por la Presidencia en 2012 ya se aupó sobre los procesos legislativos, uno de ellos, crucial, en puerta: la discusión y autorización de los presupuestos de ingresos y egresos para el año siguiente. Y las leyes aquellas, de Seguridad Nacional y antilavado de dinero, que inmersas en la sospecha están, de que sólo responden a una estrategia que los Estados Unidos de América ha implantado aquí, en territorio nacional, con la complicidad del Presidente  Felipe Calderón, son los temas candentes con que comenzó la semana el país. La voz inobjetable de Cuauhtémoc Cárdenas retumbó como un trueno: Felipe Calderón Hinojosa subordinó los mandos mexicanos a los mandos estadounidenses, dijo. Y, remachó, deben ser expulsados de inmediato. Calderón respondió a Cuauhtémoc Cárdenas de dos maneras: él, personalmente,  ha reiterado que utilizará con mayor rigor la fuerzas militar y policial en la guerra que el Gobierno sostiene contra el narcotráfico; guerra en la que están metidos hasta las cachas los agentes de la CIA, DEA y soldados del Pentágono. A través del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, el Ejecutivo Federal ha afirmado que los agentes estadounidenses no violan ley mexicana alguna, y que su presencia responde a firmas de tratados internacionales. Ayer, el senador del PRD Carlos Sotelo García, declaró: “Nunca en la historia reciente de nuestro país, nuestros militares, nuestros marinos, nuestra policía, habían estado tan subordinados, tan entregados a un Gobierno extranjero. Sin invadir el territorio de nuestro país, el Gobierno de los Estados Unidos, desde este edificio (se refería al de avenida Paseo de la Reforma 265) desarrolla su guerra contra el narcotráfico, tan cuidada y tan privilegiada allá en su territorio, en los Estados Unidos”. Sotelo y un grupo de personas pertenecientes al Frente Nacional Patria para Todas y Todos, de filiación perredista, dijo lo anterior luego de que clausuró simbólicamente el edificio de Reforma 265, sede de la Oficina Binacional de Inteligencia del Plan Mérida. Reforma 265 está a 150 metros del Monumento a la Independencia, mejor conocido como El Ángel de la Independencia, en pleno corazón de la ciudad de México. En conferencia, Sotelo siguió: “Ante la incapacidad del gobierno de Felipe Calderón para contener las actividades de los cárteles de la droga, las agencias de inteligencia de Estados Unidos controlan todo lo que ocurre dentro del territorio nacional.  (Y) el Gobierno estadounidense tiene el control del espionaje mexicano de todo el sistema de información y comunicaciones bajo el pretexto de combatir el narcotráfico”. Es un hecho, insistió el senador, “que el modelo de lucha contra el narcotráfico que desarrolla el Gobierno de los Estados Unidos, al negarse rotundamente a combatir el ‘lavado’ de dinero del crimen organizado, y sólo enfrentar de manera territorial a los cárteles, genera una espiral de violencia y sangre que en los años precedentes ha cobrado la vida de más de 50 mil mexicanos y mexicanas, y llenado de luto y desolación a cientos de miles de familias a lo largo y ancho del territorio nacional”. Hacía unos minutos, en su discurso de la clausura simbólica, hubo dicho también: “Esta guerra es una impostura, esta guerra beneficia a los vendedores y traficantes de armas de los Estados Unidos a los mercaderes de la guerra que hoy lucran con los presupuestos monumentales asignados a las fuerzas militares y de seguridad en México”. Luego, acusó: “A los banqueros y empresarios de Estados Unidos y México que se llevan la parte del león en el jugoso negocio del ‘lavado’ de dinero del narcotráfico, los verdaderos barones de la droga, no están en la sierra de Sinaloa o Michoacán, sino en las mullidas oficinas de los centros bancarios de Miami y de Nueva York, en las  oficinas de la Bolsa de Valores situada a un costado de este edificio”. Esta guerra, agregó Sotelo, “está destinada a afianzar los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en México, su petróleo, nuestro petróleo, sus empresas, sus recursos naturales, considerados estratégicos para la seguridad nacional del país del norte”. Y remachaba: “En México, su Ejército, su marina, nuestra Policía, se han convertido por la gracia de Felipe Calderón, en un protectorado de los Estados Unidos y sus negocios de la muerte y de la droga. Hoy hacemos un llamado a las fuerzas patrióticas del país, a los militares leales a su patria, a denunciar esta política entreguista de la soberanía”. Era la voz de un legislador; pero no la del Congreso, que para mostrar posición requiere del posicionamiento conjunto, en el que estuvieran todos los partidos políticos.  A propósito del asunto, en la sesión del miércoles pasado de la Comisión Permanente, el Pleno camaral –es decir, todos los partidos políticos– sólo acordaron pedir información al Gobierno federal y a llamar a reunión de trabajo a Francisco Blake, pero alejándolo de las formalidades de una comparecencia, en la que la ley exige a los comparecientes a hablar bajo protesta de decir verdad. Ha sido evidente cómo los principales partidos políticos –PAN, PRI y PRD– han evadido enfrentar a los Estados Unidos. Tienen en puerta, sin embargo, un requerimiento: el sector perredista que se identifica con Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que solicitará este miércoles a la Comisión Permanente la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que se exhorte al Gobierno federal a que expulse de manera inmediata, de territorio nacional, a la CIA, DEA, FBI y a militares del Pentágono. Ya se verá quién traga más aceite.