Mientras en México no se castigue efectivamente la corrupción, ser un funcionario público seguirá siendo un buen negocio, y se gozará de inmunidad por la impunidad campante.No es un problema de leyes: cada vez hay más, y son más estrictas y más precisas, los legisladores han hecho bien esa tarea, pero todo el asunto se tuerce porque esas leyes no se cumplen, y mientras no veamos que los grandes sospechosos de haber cometido escandalosos actos de corrupción son castigados y purgan condenas en prisión, de nada sirven todas las leyes.En México no se cumple con el Estado de derecho, por más que se afirme lo contrario en los discursos oficiales.Y además, quienes se han hecho “maestros” en el tema de la corrupción, lo hacen con sistemas cada vez más sofisticados, que les permiten simular que se cumple ese Estado de derecho, cuando en realidad están sacando ventajas de él.Recientemente en Jalisco quedó en evidencia un sistema en el que hay tres actores: constructores, ayuntamientos y jueces, que de alguna forma se asocian para obtener ventajas irregulares de los preceptos legales.Pongamos un ejemplo: un constructor, a sabiendas que existe un ordenamiento urbano que prohíbe en determinada zona la construcción de edificios de más de tres pisos, solicita un permiso al ayuntamiento para construir uno de doce pisos. El ayuntamiento, con base en el ordenamiento urbano existente, niega el permiso, pero tramposamente lo hace con una negación que lejos de ser estricta deja abiertos algunos caminos para que el constructor pueda objetarla.El desarrollador entonces recurre a un Tribunal argumentando con base en esas omisiones del ayuntamiento. Un juez, que seguramente está coludido en el caso, dictamina que la negación no procede, precisamente por las omisiones del ayuntamiento, y concede el permiso para la construcción. Y el remate es que el ayuntamiento ya no objeta la decisión del juez.Conclusión: el constructor levanta el edificio de doce pisos con base en la orden judicial, y tanto el juez como el ayuntamiento argumentan que no hay argumentos para impedirlo: el ayuntamiento señalando que hay una orden otorgada por el juez, y el tribunal señalando que la negativa se da por las omisiones del ayuntamiento.Se violó el Estado de derecho y el ordenamiento urbano, y todos tranquilos porque tienen su justificación. Y al final seguramente el constructor que ha hecho un gran negocio, reparte como debe ser los beneficios con el ayuntamiento y con el tribunal.Uno pensaría que con el cambio de gobiernos que acaba de darse sería la oportunidad para hacer un poco de justicia, exhibir a los corruptos y castigarlos, pero cuando más se hará algo de ruido en los medios y después se apostará al olvido. Así ha ocurrido hasta ahora.Y el asunto se vuelve delicado para las nuevas legislaturas, que siguen pensando en proponer, discutir y promulgar más leyes. Y nadie parece caer en la cuenta de que de nada sirven esas leyes, mientras muchas otras que ya que existen no se cumplan. Es nuestra maldición.
