A unos días de que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz presente el primer informe de su administración, es importante detenerse en uno de los grandes pendientes que tienen los poderes formales para con los ciudadanos jaliscienses: la reforma en el sistema judicial. Sin necesidad de adivinar, se puede esperar que el informe del mandatario jalisciense hará hincapié en las escasas obras de infraestructura que se realizaron durante 2013, la aplicación de programas sociales —aquí está casi todo el músculo que alcanzó a exhibir el primer gobierno priista después de tres sexenios panistas— y las gestiones ante el Gobierno federal para atraer inversiones (multimillonarias) para el atribulado sistema de movilidad del Área Conurbada de Guadalajara. Naturalmente, Sandoval Díaz y su gabinete dedicarán mucho espacio a reiterar anuncios de lo que, esperan, se hará realidad en los próximos meses y años, como la reordenación de rutas de transporte público y la aplicación del nuevo modelo ruta-empresa, que sustituye al obsoleto modelo hombre-camión; el combate a los delitos de alto impacto con la Fuerza Única Jalisco; la atracción de inversiones privadas en sectores clave de la economía, como es el caso de la Ciudad Creativa Digital, entre otras cosas. Es sabido, no recientemente sino desde muchos años atrás, que Jalisco ha perdido empuje en materia de competitividad y crecimiento económico. A pesar de que aún se sostienen índices notables en el sector primario (producción de alimentos, carne y granos), es una realidad innegable que otras entidades federativas lograron crecer consistentemente en las últimas décadas; atrajeron inversión extranjera, crearon nichos atractivos para la instalación de grandes empresas y paulatinamente, incrementaron los ingresos que permiten elevar el nivel de vida de sus poblaciones. Jalisco, siempre en orgullosa competencia con la capital del país y la metrópoli de Monterrey, ha caído hasta permanecer en la medianía entre todos los estados de la República. En muchos renglones, entidades con menor población, territorio y recursos, se desarrollaron hasta rebasarlo. ¿Qué puede hacer el gobierno que encabeza Aristóteles Sandoval? Detener el deterioro, modificar las estrategias. Puede esta administración sentar las bases de un cambio sostenido que dé resultados después de una década o 15 años. Es una carrera de largo aliento. Pero no todo es asunto de trabajar más y buscar dinero. Hay un área de la vida estatal estancada desde hace décadas: la justicia. Es nulo el avance en seguridad jurídica, impartición de justicia, modernización de juzgados, sistema penitenciario, reinserción social, mecanismos de conciliación… en fin, todos los actos y facultades del Poder Judicial que deben permitirle al ciudadano percibir que ante la ley todos son iguales, sin importar su nivel socioeconómico, creencias religiosas o color de piel. La realidad es que, como dicen en las aulas donde se enseña el derecho, las cárceles están llenas de pobres, los espacios de renovación del Poder Judicial —desde el mismo Supremo Tribunal de Justicia— son propiedad de las cúpulas políticas y partidistas, y los menos interesados en hacer de la administración de la justicia un espacio transparente, legal y equitativo, son precisamente quienes han hecho su fortuna en la impunidad, el influyentismo y la reserva en la que se mueven todos los que debieran garantizar un Jalisco justo. ¿En qué posición está Jalisco en este aspecto? Muy por debajo de su acostumbrada medianía. Se califica al sistema judicial estatal en la posición 26 entre todos los estados del país. Ese tema, lamentablemente, no figura en el primer informe.
