Tonalá es el único municipio de la tradicional Zona Metropolitana de Guadalajara que fue conservado por el Revolucionario Institucional (PRI) en las últimas elecciones. De hecho, el alcalde Sergio Chávez Dávalos, en una medida acorde a la costumbre priista, es el líder de los presidentes municipales del partido en el Estado de Jalisco.De su gestión se esperaba mucho más no sólo por ser, digamos, el alcalde tricolor con más blasones, sino por su cercanía real con el ex presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y por el apoyo auténtico —el que se expresa en millones de pesos— que ha recibido del Gobierno estatal encabezado por Jorge Aristóteles Sandoval.Quizá no es culpa de Chávez Dávalos, pero lo que ocurre en Tonalá es una desgracia con letras mayúsculas, tanto como su deuda multimillonaria que supera casi al presupuesto anual del municipio o tanto, también, como las fallas que la autoridad ha acumulado durante décadas para con los tonaltecas que pretende gobernar.El punto es que la administración pública en Tonalá, a un año de la gestión del único presidente priista en la zona metropolitana, puede tal vez pretender que estableció un poco de orden donde sólo había caos y abuso, pero está muy, muy lejos de cumplir lo que manda el famoso artículo 115 de la Constitución, en materia de servicios básicos: alumbrado, recolección de residuos, calles transitables, seguridad de primer contacto.A los tonaltecas les han tocado, para su infortunio, una serie de administraciones que han profundizado carencias y que hicieron del patrimonio municipal, de por sí escaso, un botín que se han repartido impunemente.Pero quedan algunos habitantes en el municipio que tienen conocimiento y determinación para enfrentar el abuso constante de administraciones anteriores y que además, están tomando nota de lo que hace y deja de hacer el actual presidente.Por lo pronto, presentaron dos solicitudes de juicio político contra los diputados Jorge Arana Arana (ex presidente de Tonalá en dos ocasiones) y Oswaldo Bañales Orozco (ex secretario general en la última gestión de Arana).Ambas solicitudes ya fueron ratificadas y ahora queda el trámite del análisis en el órgano técnico de la Comisión de Responsabilidades en el Congreso, comisión de la que es presidenta la diputada panista María del Pilar Pérez Chavira.El diputado Arana, por cierto, es miembro de la misma comisión en calidad de vocal. Tiene voz y voto, y aunque seguramente abogará por sí mismo, deberá abstenerse de participar en las deliberaciones sobre los dos juicios políticos que pretenden castigarlo y que fueron presentados por Rocío Chávez Márquez, una habitante de Tonalá que ha participado en movilizaciones sociales y que cuanta con el respaldo de muchos vecinos que esperan justicia por dos razones principales: la permuta de tierras del Cerro de la Reina, donde el ex alcalde Arana pretendió construir el centro cultural Yolkan, hoy proyecto abortado; y la basificación de nuevos empleados en el municipio, que se dejaron como “herencia” para el nuevo presidente Sergio Chávez. En ambos casos estuvo involucrado también Oswaldo Bañales.Es cierto que en el caso de proceder el juicio político, lo más grave que enfrentarían Arana y Bañales es la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante algunos años, pero en un municipio donde reina la impunidad, quizá varios ex alcaldes empezarían a preocuparse.
