“Llamar a declarar” a una princesa —la noticia de estos días en España— no necesariamente significa ponerla en el banquillo de los acusados... pero sí implica la posibilidad de que, más avanzada la película, eso ocurra. Y aunque pudiera decirse que España forma parte de “otro mundo” y que los vientos que por aquellos pagos soplan no llegan hasta México, el asunto invita a hacer algunas reflexiones... -II- Las imputaciones judiciales del caso en cuestión se orientarían, de entrada, hacia el esposo de la infanta Cristina —segunda hija del rey Juan Carlos y séptima en el orden de sucesión al trono—, Iñaki Urdangarín. Éste, al parecer, al pasar de su modesta condición de chico clasemediero y deportista ejemplar (jugó en la selección nacional de balonmano) a la de marido de la princesa, se involucró en entidades (Noos y Aizoon) que manejaban asuntos relacionados con deportes, negocios y asistencia social, supuestamente sin fines lucrativos. Los importantes ingresos económicos que Urdangarín comenzó a recibir —y el fisco a detectar—, a cambio de casi nada, despertaron suspicacias y derivaron, hace ya tres años, en investigaciones. Como la infanta es accionista al 50% de los negocios de su marido, los jueces quieren saber hasta dónde ella era responsable de tráfico de influencias, evasión de impuestos o manejo indebido de fondos públicos; es decir, delitos fiscales. -III- Cuando el asunto empezaba a ventilarse, el rey habló expresamente de “la igualdad de los ciudadanos ante la ley”. Y aunque es obvio que el de su propia hija no sería el único caso de funcionarios públicos, en España, que se han beneficiado de manera ilícita de sus cargos públicos, no deja de llamar la atención, visto desde la perspectiva mexicana, el hecho de que un miembro de la casa real sea llamado a declarar —a probar su inocencia, se diría— por el juez, en condiciones similares a las otras 42 personas que, en ese proceso, han sido citadas a declarar... y de las cuales, por cierto, varias han sido imputadas de posibles delitos. Al margen del desenlace que tenga la historia de esta princesa puesta en jaque por un plebeyo —el juez—, el asunto es un ejemplo de la transparencia y la imputabilidad (antónimo de impunidad) que deberían ser exigencias ineludibles en todas las democracias, tanto monárquicas como republicanas. Subrayémoslo: ¡en todas...! (Incluida, por supuesto, esa en la que usted, lector amable, está pensando).
