Con la recientemente estrenada Ley de Transparencia, y ocupando México la copresidencia en la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP), una gran parte de los funcionarios gubernamentales desconoce a qué precisamente se le llama “dato abierto”. Es por ello que las dependencias del Gobierno federal (principales secretarías de Estado y otras instancias igualmente importantes) evidencian una enorme confusión para distinguir cuál información es confidencial y cuál se puede y debe dar al ciudadano que lo solicite. Y con esta ignorancia o desinterés de los funcionarios, la tan necesaria Ley de Transparencia no puede llevarse a cabo, dado que su aplicación se ve truncada y su objetivo final: la información abierta al ciudadano que la solicite y para los fines que le sean de su interés, no podrá cumplirse. Es así que, para comprobar cómo se está ejerciendo la Ley de Transparencia, el periódico El Universal solicitó a varias dependencias información de “datos abiertos”: En 30 de ellas se mostró contradicción o, por lo menos, confusión. Algunas, pocas, sí sabían con claridad qué son los “datos abiertos”, pero no qué tipo de información concreta deben dar, lo que habla del pantanoso terreno en el que se manejan y de la opacidad, otra vez, de los haceres que empañan los objetivos de una ley tan necesaria como la de Transparencia. Porque los “datos abiertos” son los datos digitales de carácter público administrados por el Gobierno y que no son reservados o confidenciales, sino accesibles al ciudadano o a la organización que los solicite. Es así que las dependencias están en la obligación de otorgar esta información en tiempo y forma, pero hasta hoy este procedimiento no puede ser llevado a cabo por la pobre capacitación de los funcionarios, pero mucho más por su pobre interés de servir al ciudadano. Así, el diario mencionado hace una lista de las entidades que no entienden, luego tampoco atienden puntualmente, las peticiones de “datos abiertos”: la Sedena, la PGR, Pemex, la Secretaría de Relaciones, la Sagarpa, El Colegio de la Frontera Sur y El Colegio de la Frontera Norte, Sae, la Comisión de Arbitraje Médico, la Secretaría de Salud, la de Hacienda, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Turismo. Todas a una, sitios donde la desinformación sucede y la falta de actualización en seguimiento a lo mandatado por el Primer Mandatario se contraviene. Si bien es una realidad en la que se ha tenido poco tiempo para estar al día, también lo es que esto no constituye una disculpa, por cuanto los funcionarios tienen la obligación de conducirse bajo los lineamientos estrictos de la ley, esta vez de la de Transparencia. Porque es con conocimiento, con claridad y con el estricto cumplimiento de la ley que se logrará acabar con la cultura del secretismo, ese silencio cómplice que ha sido tan usado por las autoridades mexicanas de administraciones sexenales, por demasiado tiempo. Porque para continuar en el camino de la democracia es indispensable la transparencia; es indispensable que el ciudadano tenga acceso a la información de lo realizado por su gobierno. El Presidente y las cámaras legislativas cumplieron; ahora toca a los funcionarios; de otra suerte, deberán estar sujetos a la sanción correspondiente para garantizar el derecho al libre acceso a la información. Porque otra cosa sería seguir lo iniciado en tiempos de la Colonia: “Promúlguese, pero no se cumpla”, en seguimiento doble a las disposiciones de Carlos V, una simulación que ha sido la divisa usada por las autoridades mexicanas por mucho tiempo y que ha hecho daño, mucho daño a este país.
